El policía del ‘caso Nicolay’ pide a la juez el rastreo del móvil del jefe Antiterrorista

El inspector Rubén López, durante años el número dos de Martín Blas en Asuntos Internos y considerado uno de los litigantes más activos en la ya conocida como ‘guerra policial’, solicitó a la jueza del ‘caso Nicolay’ el rastreo de las llamadas telefónicas efectuadas y recibidas en el móvil profesional del comisario José Luis Olivera, jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

El policía justificaba tal medida para determinar si Olivera había facilitado al también comisario José Villarejo datos secretos de la investigación sobre el Pequeño Nicolás, cuando se practicó su detención en octubre de 2014. Tal indagatoria se sustentaba en el hecho de que Villarejo había llamado en esas fechas desde su teléfono varias veces al responsable del CITCO, de quien toda la Policía conoce su estrecha relación de amistad y la colaboración entre ambos en asuntos antiterroristas.

El agente López con su solicitud no sólo desvelaba el número reservado del máximo responsable de la lucha antiterrorista de la Policía sino que además ponía en riesgo asuntos relacionados con la Seguridad del Estado. El agente propiciaba que se pudiera recoger en un documento público los movimientos telefónicos del comisario antiterrorista de los meses de octubre y noviembre de 2014 y enero de 2015, en una causa en la que están personadas Podemos y otras asociaciones.

Se da además la circunstancia de que el CITCO, como organismo autónomo de inteligencia antiterrorista, fue creado por la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior el 15 de octubre de 2014, un día después de la detención del Pequeño Nicolás.

La iniciativa policial de Rubén López, responsable de la comisión judicial del ‘caso Nicolay’, carecía de un objetivo práctico, ya que sólo podía servir para desvelar los número de teléfonos de contactos y fuentes del comisario antiterrorista relacionadas con operaciones de gran calado. Sobre todo, porque por el teléfono móvil del jefe del CITCO, el responsable de calificar el nivel de la alerta terrorista en España, pasa toda la información en materia de seguridad con otros servicios policiales de países aliados.

La diligencia solicitada por el inspector Rubén Pérez, considerado junto a Martín Blas uno de los enlaces del CNI en la Policía, era tan descabellada e inservible que recibía en tan solo unas horas -en un tiempo récord- el rechazo de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid. La jueza señalaba en su auto judicial que la “conexión entre la filtración que se pretende investigar y los hechos objeto de la instrucción judicial no se presenta con la debida nitidez”. Además, calificaba la solicitud de pruebas de irrelevante e “inútil a los efectos del procedimiento”.

Con respecto a las comunicaciones telefónicas del comisario Olivera la jueza tachaba tal medida como «carente de base objetiva suficiente para implicar en la comisión del delito a los concernidos». Y efectuaba un tirón de orejas a los autores del informe policial porque pretendían iniciar tales diligencias «más de dos años y medio después de la presunta comisión de los hechos».

La mano que mece la cuna

Nadie, por tanto, obviaba que aquel escrito policial, que de antemano vislumbraba el rechazo de la juez, respondía a otras motivaciones. Fuentes policiales, conocedoras de la trastienda de la guerra policial, declararon a OKDIARIO que, entre el 12 y 14 de julio, el CNI activó su maquinaria desde las sombras para reactivar el ‘caso Nicolay’, “con la obsesión enfermiza de destruir a Villarejo y a Olivera”.

El oficial que controla el área de Interior del CNI, identificado con las siglas J.P, solicitó a la comisión policial del ‘caso Nicolay’ que desenterrara de la causa la pieza sobre la finca La Alamedilla. El mismo viernes 14, el policía Rubén insistió en el Juzgado sobre la idoneidad de su informe policial. El trabajo policial, con el título «Informe de la finca ‘La Alamedilla’ y sus vinculaciones con los casos Banesto, Nicolay y Grabación Ilegal», tenía fecha de 11 de julio y había sido registrado un día después en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid.

La magistrado, cuando leyó el informe y se percató de que se refería al asunto de la finca La Alamedilla y el Pequeño Nicolás, le contestó que ese tema estaba acabado. El criterio de la juez Pilar Martínez Gamo, secundada por la Fiscalía, era tan consistente que el mismo día 14 firmó dos autos judiciales en los que rechazaba las nuevas pruebas solicitadas por Rubén y ordenaba la disolución de la Comisión Judicial del ‘caso Nicolay’. El grupo de agentes había sido dirigido por Martín Blas hasta su jubilación hace un año y sustituido por su ayudante, el inspector Rubén.

Ese mismo viernes, mientras la magistrado redactaba los autos, un periodista de El País ya tenía todos los datos encima de su mesa. Javier Ayuso elaboraba una información que publicaba al día siguiente, el sábado 15. El ex jefe de Comunicación de la Casa del Rey y del BBVA, en la actualidad director adjunto de El País, se ponía el mono de reportero y, una vez más, redactaba un texto periodístico a favor de los intereses del clan Martín Blas.

Ayuso aseguraba que los agentes policiales “a lo largo de 300 páginas y varias cajas de documentos” habían descubierto la causa por la que Villarejo había intervenido en el ‘caso Nicolay’ para ayudar a uno de los investigados. Se refería al asunto de la finca La Alamedilla y al empresario Adrián de la Joya.