El Poder Judicial reprocha la «falta de lealtad institucional» del Gobierno por atacar al juez de Tsunami

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de todos los jueces españoles, se ha alzado ante la injerencia del Gobierno en la Justicia. En otro pronunciamiento sin precedentes, el CGPJ –órgano de rango constitucional– ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez su «falta de lealtad institucional», por atacar al titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami, que investiga la violencia desplegada por el independentismo catalán, actos en los que el juez ha visto indicios de delitos de terrorismo. Esta causa judicial incomoda sobremanera al Gobierno de Sánchez, al suponerle un escollo en los pactos que ha trabajado con los secesionistas para imponer una amnistía a los condenados y encausados por el procés y por actividades conexas a la revuelta independentista.

La Comisión Permanente del CGPJ ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en respuesta a las manifestaciones realizadas por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en las que, acusa a Manuel García-Castellón de tener «una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles».

La declaración institucional del órgano de Gobierno de los jueces expone lo siguiente: «La Comisión Permanente entiende que estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho».

Así, la Comisión Permanente del CGPJ estima que los ataques a García-Castellón «merman la confianza de los conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional». Además, consideran que «merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos». Es importante reseñar que Manuel García-Castellón tiene causas abiertas como Tsunami a la que previsiblemente afectará la Ley de Amnistía pactada por Sánchez y sus socios.

El órgano de gobierno de los jueces tiene entre sus funciones principales la de defender la carrera judicial por lo que han decidido condenar los ataques a García-Castellón: «Como el Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho a lo largo del presente mandato con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, esta Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces».

Jueces apoyan a García-Castellón

Los jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) muestran su apoyo a García-Castellón. «Desde la Asociación Profesional de la Magistratura siempre hemos defendido el derecho a la libertad de expresión y a la crítica a las resoluciones judiciales, sin embargo, lo que no resulta de recibo en un Estado de Derecho es que un miembro del Ejecutivo -en este caso la vicepresidenta tercera del Gobierno- acuse veladamente a un juez de  prevaricar. Nos causa una enorme tristeza, aunque ya nada nos sorprende, que desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de lawfare y de  judicialización de la política», lamentan los jueces en su comunicado en el que inciden en que «en una democracia plena las decisiones de los jueces se acatan y se cumplen y, cuando no se está de acuerdo con su contenido, se recurren cumpliendo los trámites legales».

En este sentido, la APM considera que es «inaceptable» el ataque permanente a la independencia judicial por parte de quienes ostentan las más altas responsabilidades políticas. «Se trata de socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y, en definitiva, los pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de derecho, la única garantía de la convivencia pacífica en  nuestro país», zanjan en el comunicado.

Siguen la misma línea los jueces de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) que han lanzado una valoración urgente condenando los ataques a García-Castellón. El miembro del Comité Nacional de la AJFV, Luis Ortiz Vigil, explica que «señalar a jueces sólo genera desconfianza en la ciudadanía». Además, Ortiz condena que se equiparen los tiempos de la Justicia con los de la política.

«Los pronunciamientos judiciales, en un caso como este obedecen a una petición de las partes: se da respuesta a un recurso. Si el juez no diera respuesta estaría cometiendo un delito. Resulta inexplicable a estas alturas que un miembro del Gobierno parezca desconocer cómo funciona la Justicia. España es un Estado de Derecho. Exigimos respeto al Poder Ejecutivo, porque con comentarios como este sólo se está perjudicando al país», zanja Ortiz.