Juan Carlos I pide volver a España “3 ó 4 días” para recoger sus enseres y Moncloa y Zarzuela le dicen que “no”

Ni Moncloa ni Zarzuela creen que sea el momento para que Juan Carlos I vuelva a España de urgencia. Ni siquiera en visita relámpago. Y menos aún en plena segunda regularización fiscal del Rey emérito. D. Juan Carlos, pese a ello, lo ha pedido: quiere volver a España “tres o cuatro días” con el propósito de poder recoger sus enseres. Y la respuesta de Moncloa y Zarzuela ha sido inmediato y rotunda: “No”.

Juan Carlos I quiere regresar en un viaje de muy corta duración a España. Una visita de “tres o cuatro días” con el propósito de organizarse para una larga estancia en el extranjero. Para recoger enseres y poco más. Los planes del emérito no descartan, de hecho, que Emiratos Árabes siga siendo su lugar de referencia durante aún un periodo de tiempo considerable. Pero el rechazo de Moncloa y Zarzuela a que el Rey emérito pueda ser detectado en España en plena polémica es tan absoluto que ni siquiera ese tipo de estancia de urgencia ha sido autorizada. Todo lo contrario, la pregunta de D. Juan Carlos ha recibido un sonoro “no”. Porque lo cierto es que, hoy por hoy, lo imposible es que resida de manera estable y permanente en nuestro país. Y hasta que se le permita visitar España y ser visto.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dejó constancia de las prioridades de Pedro Sánchez frente a la situación del Rey emérito hace ya más de medio año: “Mientras gobernemos nosotros, Don Juan Carlos no volverá a España”. La frase fue lanzada por la mano derecha de Sánchez en el PSOE a finales de julio y ante la atónita mirada del jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Jaime Alfonsín.

La afirmación, de hecho, dejó en evidencia la estrategia de Moncloa. Una estrategia mantenida a lo largo de casi cinco meses de presión a Zarzuela para que Juan Carlos I saliera de España y no volviera. Un plan, previo a la primera regularización fiscal, que pasaba por apartar por completo la figura del emérito del protagonismo y los medios españoles. El verdadero propósito del Gobierno era y es la salida de Juan Carlos I a largo plazo con el fin de evitar tensiones extra para el PSOE.

La frase de la vicepresidenta del Gobierno no surgió de la nada. Desde el mes de febrero y hasta el día 3 de agosto en el que Juan Carlos aceptó definitivamente abandonar España, fueron varios los encuentros entre Calvo y Alfonsín, y numerosas las presiones para que el emérito saliera de escena.

Presiones

Esas presiones no se desinflan por el momento, ni mucho menos. Y tanto Moncloa como Zarzuela coinciden en que el actual momento no es el adecuado para viajes de urgencia para recoger enseres. Porque el riesgo de que se dispare la polémica -y las exigencias de actuación a la Fiscalía- son enormes.

De hecho, tal y como ya ha publicado este diario, Podemos no ha tardado en enseñar esa patita por la puerta de Moncloa: tras la nueva regularización fiscal de 4,4 millones de euros de Don Juan Carlos, y pese a que Pedro Sánchez ha limitado su crítica al Rey emérito a hablar de conducta “incívica” e “irregularidad”, Podemos quiere ir más allá. De hecho, mucho más allá: las presiones internas en el seno del Gobierno han vuelto a surgir porque el partido de Pablo Iglesias quiere que la regularización tributaria no mate la vía penal y que la Fiscalía investigue el caso como delito fiscal.

El contexto de esta situación no puede ser más tenso. El Rey emérito ha realizado una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros en concepto de pagos en especie. Por todo ello, Don Juan Carlos pagará más de cuatro millones a la Agencia Tributaria.

Juan Carlos I ya presentó una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal el pasado mes de diciembre, cuatro meses después de su salida de España, en relación al uso de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos I y sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

En concreto, el Rey emérito, que salió de España con destino a Emiratos Árabes Unidos en agosto del año pasado, ha presentado una declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria por ocho millones de euros en concepto de vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans.

Los pagos se habrían realizado hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado. El disfrute de estos vuelos se considera un pago en especie obligado a tributar como IRPF a Hacienda.