Montero gasta 100.000 € en saber cuántas niñas se prostituyen tras despreciar a las tuteladas de Baleares

El Ministerio de Igualdad de Irene Montero llevaba un año intentando encontrar una empresa que fuese capaz de elaborar un estudio sobre el fenómeno de la prostitución en España. En un anterior intento, en 2022, el concurso quedó desierto y el informe no llegó a realizarse. Pero Igualdad acaba de adjudicarlo finalmente, por unos 100.000 euros, a una empresa especializada en recolección de datos. Irene Montero quiere saber el número exacto de las «mujeres y niñas» que se prostituyen en España, pese a haber pasado la legislatura dando la espalda desde su departamento a las menores tuteladas que fueron obligadas a prostituirse en Baleares. Un caso por el que el Parlamento Europeo señaló a la ex presidenta balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El ministerio que dirige Irene Montero está en el tiempo de descuento. No volverá a ser ministra -ni siquiera diputada, tras ser apartada por Yolanda Díaz-, pero eso no le ha impedido que la maquinaria de contratación de Igualdad siga a pleno rendimiento. Una de las últimas adjudicaciones que ha acometido el departamento se firmó en pleno mes de agosto, y su objeto es la contratación de un «servicio correspondiente a la realización del estudio Estimación del número de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, explotación sexual y en situación de prostitución en España».

Igualdad ha contratado una empresa especialista en big data y tratamiento de datos para «conocer el número estimado de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, explotación sexual y en situación de prostitución en España, así como su distribución geográfica».

El primer paso de esta iniciativa, que ya se ha puesto en marcha, es la creación de un grupo de «personas expertas en la materia» que asesoren en el diseño metodológico del estudio, que tendrá un coste para las arcas públicas de alrededor de 100.000 euros con impuestos ya incluidos.

Silencio en Baleares

Sin embargo, pese a intentar conocer el número en bruto de mujeres y menores que se prostituyen en España, Igualdad dice desconocer el número de niñas bajo tutela del Estado que han sido prostituidas o víctimas de abusos sexuales en esta legislatura.

También el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra, ha evitado facilitar el número de menores tuteladas que han sufrido abusos sexuales desde 2018 -cuando Pedro Sánchez llegó al poder- a la actualidad. El departamento admite, indirectamente, que no dispone de esa información al derivar la consulta a las comunidades autónomas y la Administración de Justicia. Así resolvía una solicitud de este periódico a través de Transparencia, en la que se requería, en concreto, «el número de casos de abusos a menores tuteladas conocidos entre los años 2018 y 2022, así como los casos que se han puesto a disposición de la Justicia en dichos años, con desglose por comunidades autónomas».

En total se conocen una veintena de casos de menores tuteladas que fueron prostituidas y abusadas sexualmente cuando estaban bajo la protección del Consell de Mallorca y del Govern balear, dos instituciones que presidía el PSOE. Y hay más casos en otras comunidades.

Reabierto

El escándalo de las menores tuteladas en Baleares que han sido prostituidas y abusadas sexualmente durante los años del pacto de izquierdas no ha caído en el olvido a pesar del cambio de Govern. La Justicia balear ha reabierto la causa contra el PSOE de Armengol a raíz de la denuncia presentada por la formación Vox en enero de 2022. Desde entonces la instrucción ha estado paralizada por diversos motivos pero ahora la Justicia ha acordado no sólo seguir adelante con la tramitación de la querella sino que ha incorporado a la misma la denuncia presentada por la Asociación Justicia Poética.

En su denuncia Vox señalaba como responsables indirectos de los abusos a las menores tuteladas a la que era presidenta del Consell de Mallorca, la socialista Cati Cladera; al presiente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, también socialista; y a la entonces consellera autonómica de Asuntos Sociales, Fina Santiago, de la formación independentista Més per Mallorca. Por extensión Vox también señalaba a Francina Armengol como presidenta del Govern y líder del pacto de izquierdas que gobernaba en Baleares y en el Consell de Mallorca.

Vox presentó la querella ante la Justicia después de haber acudido previamente a la Fiscalía sin obtener ninguna respuesta. En realidad, dos circunstancias motivaron la decisión de Vox Baleares, que entonces presidía el hoy diputado electo en el Congreso Jorge Campos, de presentar la querella criminal y fueron la inacción de la Fiscalía y la información desvelada por OKDIARIO sobre las presiones a las que fue sometida una menor por técnicos del IMAS (el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) para que abortara -como finalmente sucedió- cuando supuestamente estaba desaparecida.