Belarra no sabe cuántas menores tuteladas han sido víctimas de abusos sexuales

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra, ha evitado facilitar el número de menores tuteladas que han sufrido abusos sexuales desde 2018 -cuando Pedro Sánchez llegó al poder- a la actualidad. El departamento admite, indirectamente, que no dispone de esa información al derivar la consulta a las comunidades autónomas y la Administración de Justicia.

Así resuelve una solicitud de este periódico, en la que se requería, en concreto, «el número de casos de abusos a menores tuteladas conocidos entre los años 2018 y 2022, así como los casos que se han puesto a disposición de la Justicia en dichos años, con desglose por comunidades autónomas».

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, sólo informa que «estos datos pueden estar recogidos bien por cada una de las administraciones autonómicas, en el marco de la gestión de la atención directa a estas personas menores de edad, o bien por la Administración de Justicia en el marco de la investigación y enjuiciamiento de esos abusos». Para ello, deriva la consulta a las consejerías correspondientes.

El Gobierno evita así facilitar datos concretos sobre los casos de abusos sexuales a menores bajo tutela de las administraciones. En mayo, el Ministerio de Derechos Sociales y el de Igualdad, junto a las comunidades autónomas, aprobaron un plan para luchar contra la explotación sexual de menores en el sistema de protección de infancia, con medidas como la formación de los profesionales que trabajan con menores, una guía de actuación para los casos que se detecten y programas de inserción sociolaboral.

«Proteger a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de la violencia sexual es una obligación del Estado», se jactó Irene Montero en sus redes sociales.

Polémicas

Entonces, el Defensor del Pueblo -el socialista Ángel Gabilondo- también se vio obligado a solicitar una por una a todas las comunidades autónomas información sobre los posibles casos de explotación sexual de los menores tutelados. Una circunstancia que evidencia la carencia de datos del Gobierno central.

PSOE y Podemos han intentado sistemáticamente bloquear la investigación de algunos de esos abusos, como los ocurridos en Baleares y la Comunidad Valenciana. Dos casos muy polémicos que afectan directamente a administraciones gobernadas por estos partidos y que investiga incluso la Unión Europea.

Baleares

En el caso de Baleares, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) admitió tener constancia de 16 casos de explotación sexual infantil entre los menores tutelados de los centros propios o concertados. Sin embargo, tanto desde el gobierno de Francina Armengol y el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han negado a investigar esos abusos -en el Parlamento balear como en el Congreso de los Diputados- y a asumir responsabilidades políticas.

El informe preliminar del Parlamento Europeo, elaborado tras una misión enviada a las islas, denuncia fallos en la protección de las menores tuteladas por el Consell de Mallorca y el Govern balear y denuncia que se han estado incumpliendo las medidas de seguridad en los centros de acogida y que ha existido falta de coordinación entre las instituciones y las autoridades policiales.

La misión europea e desplazó en abril a Baleares para investigar el escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas por el Consell de Mallorca y analizó la veintena de casos que se han ido conociendo desde la primera denuncia presentada en enero de 2020.

Oltra

Otro de los casos más polémicos afecta al gobierno de la Generalitat Valenciana. En junio, la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) dejó su cargo tras ser imputada por tres delitos -prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos-por la gestión del caso de abusos sexuales de su entonces marido a una menor tutelada. La menor presentó en 2017 una denuncia contra el educador del centro en el que residía, que resultó ser la pareja de Oltra, cuyo departamento era además responsable de los centros. Desde la Generalitat no se dio credibilidad a la víctima. En su declaración ante el juez, el pasado 19 de septiembre, Oltra negó ser conocedora de los abusos de su pareja y de la investigación llevada a cabo por el gobierno autonómico.

En la causa hay además 13 funcionarios y técnicos investigados. El juez instructor señaló a Oltra como la supuesta responsable de encargar un expediente que desacreditó a la víctima.