Montero exige «formación» a los médicos para «erradicar» su «violencia contra las mujeres»

Tras culpar a los policías y jueces de ejercer «violencia institucional» contra la mujer, Irene Montero pone también su objetivo en los médicos, a quienes culpa de la llamada «violencia obstétrica». La ministra de Igualdad opina que los profesionales sanitarios se exceden en sus procedimientos utilizando prácticas «que están basadas en prejuicios y estereotipos machistas sobre la reproducción, la sexualidad, el embarazo y el parto», como ha revelado OKDIARIO. Por ello, entre las enmiendas en su Ley del aborto, actualmente en trámite parlamentario, ha introducido un nuevo artículo en el que exige «formación específica» a los profesionales de salud en el ámbito ginecológico y obstétrico «para la prevención y erradicación» de esta «violencia».

Enmiendas

Podemos ha registrado hasta seis enmiendas -que retocan varios artículos de la norma- en las que se ataca a los sanitarios por, supuestamente, ejercer «violencia contra las mujeres».

Para acusar a los médicos, Montero se basa en dos dictámenes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, que analizó dos casos en España: en uno, la mujer denunció haber sufrido «seis prácticas invasivas en su proceso de parto, si el necesario consentimiento informado». En otro, la mujer «fue sometida a una inducción prematura del parto y una cesárea sin su consentimiento».  Esos dos supuestos casos sirven a Montero de argumento para extender una sombra de sospecha sobre todos los profesionales sanitarios.

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos aseguran que esas acusaciones no se ajustan a la realidad asistencial y que criminalizan el trabajo de los profesionales que actúan bajo el rigor científico y la ética médica, además de crear alarma social y erosionar la «necesaria confianza entre médico y paciente». El Consejo recuerda, además, que los especialistas en ginecología tienen el compromiso de velar en todo momento por el bienestar de las mujeres, su salud y la de sus hijos y por la mejora de la práctica clínica basada en la evidencia.

Entre las modificaciones que Montero pretende introducir en su norma se insta a los servicios públicos a destinar «esfuerzos especiales» para «la eliminación de actos no apropiados o no consensuados», como cesáreas o intervenciones invasivas o dolorosas sin analgesia, o bien «la obligación de parir en una determinada posición, medicalización excesiva o innecesaria que pudiera generar complicaciones graves». También se reclama «la eliminación de la violencia psicológica y el maltrato verbal, a través del uso de lenguaje despectivo, la ausencia de información, insultos y el trato autoritario o humillante».

Además, se pide «la eliminación de las separaciones innecesarias de las personas recién nacidas de sus madres y otras personas con vínculo directo con estas» y de «decisiones que sustituyan la forma de alimentación elegida para los recién nacidos por sus madres sin consentimiento de estos».