El calvario de la propietaria señalada por Montero: el acoso le provoca dos bajas por ansiedad

Hace unos meses, Irene Montero puso nombre y apellidos a una propietaria privada: Esther Argerich. La número dos de Podemos colocaba así a Argerich en el foco público, al hacerla culpable de la situación de Livia y Juan, sus dos inquilinos, a punto de ser desahuciados por, según su versión, imponerles una «subida abusiva» del alquiler, de 300 euros. La pareja, que residía en la vivienda desde hacía 11 años, se negó a aceptar las nuevas condiciones y a pagar a la propietaria el dinero que, legalmente, les reclamaba. Se negaron a abandonar el domicilio.

Desde entonces, Argerich ha sufrido las consecuencias de una campaña de acoso y derribo. Funcionaria en la Diputación de Barcelona, ha recibido amenazas, la han acosado en su trabajo mediante llamadas y han difundido sus datos personales, lo que ha provocado insultos de todo tipo y una inseguridad constante al quedar al descubierto su intimidad. Tras el señalamiento, esta mujer ha tenido que coger dos bajas por ansiedad. La persecución le ha provocado también problemas en el trabajo.

Las coacciones llegaron la pasada semana a juicio. Los inquilinos, además del portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera y un responsable de la Oficina de Vivienda Popular de Gràcia, fueron llamadas a declarar como investigados. En las próximas semanas, según confirman fuentes jurídicas a OKDIARIO, habrá citaciones de testigos.

En su declaración, Palomera negó haber coaccionado a la propietaria para que rebajase el precio del alquiler, algo que también defendieron los arrendatarios de la vivienda y el activista. Reclamó el archivo de la causa al considerar que no existía delito y que no se habían producido tampoco situaciones de «intimidación ni violencia». El portavoz del Sindicato de Inquilinos defendió el «legítimo ejercicio de la libertad de expresión» y que su objetivo era «exigir una negociación entre la propietaria y los inquilinos».

La acusación, por su parte, relató la «campaña de escraches» contra la propietaria, a la que han hecho la «vida imposible». Sostiene que puede existir un delito contra la intimidad y de revelación de secretos.

Este martes, los inquilinos tenían una nueva orden de desahucio que fue paralizada por la presión del Sindicato. Otro primer intento, hace unos meses, también quedó en suspenso por el mismo motivo. La vivienda se localiza en una de las mejores zonas de Barcelona, Travessera de Gràcia, en el barrio de Gràcia de Barcelona.

La ‘cacería’ de Montero

«Éste es un mensaje para Esther Argerich, la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus tres hijos». «Resulta que llevan 12 años pagando un alquiler de 1.000 euros, ahora se les impone una subida abusiva de ese alquiler, de 300 euros, que no pueden pagar y, por tanto, pueden que sean desahuciados», decía Irene Montero en el vídeo difundido en las redes sociales de Podemos. A la campaña contra la propietaria se unieron otros dirigentes podemitas, como Ione Belarra o Rafael Mayoral.

Livia, Juan y sus tres hijos pueden ser desahuciados por no poder afrontar la subida abusiva de su alquiler. Pedimos a la propietaria de la casa, Esther Argerich, que negocie una solución para que puedan seguir en el barrio en el que llevan viviendo 12 años. #LiviaYJuanSeQuedan pic.twitter.com/nDI57QrGgg

— Irene Montero (@Irene_Montero_) October 22, 2019

El contrato de Livia y Juan finalizó en octubre del pasado año. La propietaria de la vivienda les informó con meses de antelación -en junio- de una subida del 30% sobre los 1.000 euros que entonces pagaban. Los inquilinos llevaban entonces 11 años residiendo en la vivienda, lo que supone un incremento inferior al 3% anual. Desde entonces, los inquilinos están fuera de contrato, al negarse a pagar el alquiler que se les reclama.

En el portal web del Sindicato de Inquilinos, estos advertían a la propietaria de que no se irían del piso.

«Para Livia, entregar las llaves significaría abandonar el barrio donde el menor de sus hijos nació y creció, donde tienen a sus amigos, compañeros y donde han formado una vida durante los últimos 16 años», se narraba en la publicación.

Desde el Sindicato consideran que Livia y Juan «no son okupas, sino que se encuentran en precario. Significa que el contrato ha acabado, hay un desencuentro y no hay un acuerdo. Desde el punto de vista legal, okupa es alguien que entra en una casa sin título habilitante», añaden.