Podemos lanza una cacería contra una propietaria cuyos inquilinos llevan un año sin pagar lo que pide

La última campaña anti-desahucios de Podemos coloca en la diana, con nombre y apellidos, a una propietaria cuyos inquilinos llevan un año sin pagarle el alquiler que les reclama.

La campaña ha sido duramente criticada en las redes al identificar directamente a la dueña de la vivienda, reclamándole que acceda a negociar el precio del alquiler. Los inquilinos -Livia y Juan- que debían abandonar el piso este miércoles por una orden de desahucio, han decidido dejar de pagar el alquiler, según ha informado en las redes el ‘Sindicat de Llogateres’ (Sindicato de Inquilinos).

‼Desnonament aturat!! #LiviaYJuanSeQuedan porten 12 mesos fora de contracte pagant 1000€ amb la voluntat de negociar una renovació de lloguer. Però s’ha acabat. Davant la negativa de la propietat, deixen de pagar!

Passem la vaga parcial de lloguers a la vaga total! ✊ pic.twitter.com/qjsZ5GGRr0

— Sindicat de Llogateres #EnsQuedem (@SindicatLloguer) October 23, 2019

«Éste es un mensaje para Esther Argerich, la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus tres hijos». «Resulta que llevan 12 años pagando un alquiler de 1.000 euros, ahora se les impone una subida abusiva de ese alquiler, de 300 euros, que no pueden pagar y, por tanto, pueden que sean desahuciados», dice Irene Montero en un vídeo, que forma parte de la campaña. Otros dirigentes de Podemos, como Ione Belarra o Rafael Mayoral, han difundido también el caso en sus perfiles en redes sociales.

Un año sin contrato

El contrato de Livia y Juan finalizó en octubre del pasado año. La propietaria de la vivienda, en el barrio barcelonés de Gràcia, les informó con meses de antelación -en junio- de una subida del 30% sobre los 1.000 euros que entonces pagaban. Los inquilinos llevaban entonces 11 años residiendo en la vivienda, lo que supone un incremento inferior al 3% anual.

Desde entonces, los inquilinos están fuera de contrato, al negarse a pagar el alquiler que se les reclama. La propietaria interpuso una denuncia y el pasado abril, según informó entonces el ‘Sindicato de Inquilinos’, se presentó una primera orden de desahucio.

En el portal web del sindicato, los inquilinos advertían a la propietaria de que no se irían del piso. «No podían creer que la persona a la que habían proporcionado una renta de más de 130.000 euros, pagando cada mes el alquiler, cuidando de su piso durante 11 anos, no aceptara sentarse en una mesa con ellos, para entender su posición, «o al menos decirme en la cara por qué ya no me quería en su piso”», se narraba en dicha publicación.

«Para Livia, entregar las llaves significaría abandonar el barrio donde el menor de sus hijos nació y creció, donde tienen a sus amigos, compañeros y donde han formado una vida durante los últimos 16 años», añadían.

“Yo no quería salir de mi casa, pensaba que si salía de casa, alguien iba a entrar y cambiar la cerradura, y yo y mis hijos nos quedaríamos sin nuestra casa”, argumentaba Livia.

Los inquilinos rechazaron pagar el alquiler solicitado y quedarse en la vivienda, apoyados por organizaciones sindicales del alquiler.

Este miércoles, debía ejecutarse la orden de desahucio, que ha quedado paralizada. Desde el ‘Sindicato de Inquilinos’ argumentan que Livia y Juan «no son okupas, sino que se encuentran en precario. Significa que el contrato ha acabado, hay un desencuentro y no hay un acuerdo. Desde el punto de vista legal, okupa es alguien que entra en una casa sin título habilitante», añaden.