Interior admite que no lleva el control de los presos que piden cambiar de sexo con la Ley Trans

El Ministerio del Interior reconoce que no dispone de un «registro específico» sobre los presos que están solicitando el cambio de sexo en las prisiones españolas tras la aprobación de la Ley Trans.

Así lo admite el departamento de Fernando Grande-Marlaska en una resolución después de que este periódico se interesase por el dato. Interior se escuda en que «los centros penitenciarios no son el órgano competente al que una persona privada de libertad ha de dirigirse para un cambio de sexo», y añade que «la población reclusa puede mantener comunicaciones formales con otras administraciones para el trámite que considere oportuno sin que haya un registro específico del contenido de las mismas».

Según la Ley Trans, los interesados en modificar su sexo registral deberán iniciar su solicitud en el Registro Civil correspondiente, manifestando únicamente su voluntad de cambiar de sexo. Como ha informado OKDIARIO, los registros se han quejado de que desde Igualdad y Justicia no les han facilitado instrucciones ni formularios para atender a estas solicitudes, por lo que los propios funcionarios han tenido que improvisar sus propios medios para dar una respuesta a las numerosas peticiones recibidas tras la aprobación de la norma. En la mayoría de los casos, como también desveló este periódico, se trata de hombres que quieren cambiar su sexo registral al de mujer, manteniendo su nombre de varón.

Sin requisitos

La Ley Trans permite el cambio de sexo sin necesidad de avales médicos ni tratamientos de hormonación, como se exigía hasta ahora. En otras palabras, basta la mera decisión del interesado de cambiar de sexo para instar esa modificación. Este cambio repercute directamente en las cárceles, donde se sigue a la espera de directrices. Hasta ahora, rige una instrucción de 2006 que determina que «con los preceptivos informes de valoración médica y psicológica y el reconocimiento de la identidad psicosocial de género, a efectos penitenciarios, las personas transexuales sin identidad oficial del sexo acorde con ésta, podrán acceder a módulos y condiciones de internamiento adecuados a su condición». Es decir, se exigen los informes y la valoración médica que, precisamente, rechaza la Ley Trans.

Esta instrucción reconocía ya que los presos puedan solicitar un trato específico, «a los efectos de la separación interna», atendiendo a su «identidad psicosocial de género». Pero para ello se exige contar con la valoración de los servicios médicos de la cárcel que, en un plazo máximo de 30 días, deberán emitir un informe «en relación con la trayectoria vital y social de la persona y su situación psicológica, médica y fisiológica». Tras ello, la dirección del centro tiene 15 días para aceptar o denegar la solicitud y, en su caso, proceder al correspondiente traslado. En la actualidad, según Instituciones Penitenciarias, hay 79 personas trans en cárceles españolas, excluyendo Cataluña y el País Vasco.

Según algunas informaciones, hasta seis presos han solicitado el cambio de sexo en la cárcel asturiana de Villabona para acceder a un módulo de mujeres. Un dato que Interior desmiente. No obstante, en respuesta a OKDIARIO, el departamento reconoce que no sabe cuántos presos han solicitado esta modificación porque es un trámite que pueden realizar en el Registro, sin conocimiento de la cárcel. Ello, pese a las evidentes repercusiones para el tratamiento penitenciario.

La Ley Trans, impulsada por Irene Montero pero que cuenta con el aval de Pedro Sánchez, simplifica extraordinariamente los requisitos para el cambio de sexo. Los mayores de 16 años podrán solicitarlo libremente, entre los 14 y los 16 deberán estar asistidos por los progenitores y entre los 12 y los 14 tendrán que contar con autorización judicial. No obstante, se impone un «defensor judicial» en el caso de que existan desacuerdos entre el menor y sus padres.

Colectivos feministas advirtieron sin éxito a Montero sobre sus riesgos, reclamando, por ejemplo, que los condenados por violencia de género o sexual cumpliesen condena en una cárcel «correspondiente al sexo biológico, a fin de garantizar la seguridad y la integridad físicas de las mujeres presas». Cabe recordar que la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, se vio obligada a dimitir por el polémico traslado de un condenado trans a una cárcel de mujeres.