Una instrucción del Ministerio de Bolaños disparó las nacionalizaciones: de 351.266 solicitudes a 2,6 millones

Una instrucción del Ministerio de Justicia, de Félix Bolaños, dio mayores facilidades a los descendientes de emigrantes españoles para acceder a la nacionalidad, lo que -en apenas un año- disparó las solicitudes. La instrucción, firmada en noviembre de 2024 por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jérez, permitió a los descendientes solicitar cita en los consulados por medios telemáticos, sin necesidad de acudir de manera presencial —como se exigía hasta entonces—. Ello aumentó de manera extraordinaria las peticiones. Según datos del propio Gobierno, en noviembre de 2024, cuando se aprobó la instrucción, se habían recibido 351.266 solicitudes. Hoy -ya finalizado el plazo que se establecía en la Ley de Memoria Democrática- son 2.622.450. 

La instrucción de Justicia permitió a los descendientes de españoles disponer de una petición de cita con sólo acceder al registro web de los consulados.

«A través de herramientas telemáticas puestas a disposición para ello por las Oficinas Consulares, las personas interesadas podrán solicitar una cita presencial para ejercer su derecho de opción a la nacionalidad española (…) A las personas solicitantes se les facilitará un acuse de recibo que les permitirá acreditar que han solicitado cita dentro del plazo de vigencia» de la ley «con independencia de que obtengan su cita para presentar la documentación original de forma presencial en un momento posterior».

Hasta entonces, la conocida instrucción de Sofía Puente -anterior directora general de Seguridad Jurídica- establecía que los interesados debían presentar su solicitud de opción a la nacionalidad «personalmente en el registro civil».

La medida alivió el colapso en los consulados, saturados por las largas colas de solicitantes de la nacionalidad, y permitió optar a la medida a personas que no habrían entrado en plazo de tener que hacerlo de forma presencial. Actualmente, los consulados tramitan las citas presenciales para que los interesados aporten la documentación requerida.

Como reveló OKDIARIO, una anterior instrucción de Justicia ya había permitido ampliar extraordinariamente el número de beneficiarios, al incluir no sólo a los descendientes de los exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, sino a «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles». Dicho en otras palabras, a prácticamente cualquier descendiente de cualquier emigrante español, con independencia del motivo de su salida de España. Como consecuencia, este periódico ha desvelado también la concesión de la nacionalidad a «taratanietos» y descendientes de emigrantes españoles de 1882.

Interés electoralista

Todo ello ha conducido a las cifras actuales: de los 2,6 millones de solicitudes, se han aprobado ya 557.709 expedientes de nacionalidad.

La polémica por la Ley de Nietos se ha convertido en los últimos días en foco del debate político.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado la «ingeniería electoral» del Gobierno de Pedro Sánchez con el fin de «fabricar» nuevos votantes para que le salgan «las cuentas». En el PP son partidarios de una Ley de Nacionalidad «con garantías» y más limitada.

El interés electoralista de la Ley de Nietos es evidente. El PSOE fue la fuerza más votada en el voto emigrante en las cuatro últimas elecciones celebradas: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Desde 2022, cuando se aprobó la ley en el Congreso, el PSOE viene desarrollando una intensa campaña de movilización en los países que, en su día, fueron destino de la emigración española. La ahora secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, viajó en numerosas ocasiones a Buenos Aires —como responsable del PSOE Exterior— para instar a los descendientes a solicitar la nacionalidad y alentar la participación electoral. «Podéis votar gracias a este Gobierno», proclamó Cancela en un encuentro con la militancia socialista, días antes de las generales de 2023.

Su sucesor como responsable del PSOE Exterior, el senador César Mogo, es también un habitual en la región. El año pasado, en la televisión argentina, admitió que «todo» descendiente de emigrante español, fuese o no exiliado político, tenía «derecho» a ser español y presumió de que en Argentina habría más nacionalizados —con derecho a voto— que en «el 95%» de las ciudades españolas.