Los consulados nacionalizan a descendientes de ‘exiliados’ que emigraron 48 años antes de la Guerra Civil: aquí está la prueba

La autodenominada Ley de Memoria Democrática, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 de octubre de 2022, sólo otorgaba el derecho de nacionalidad a los «hijos y nietos» de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. Fue una instrucción aprobada unos días después, y firmada por Sofía Puente —hermana del ministro y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia—, la que amplió por la puerta de atrás este derecho, arrogándose la «voluntad» de las Cortes. OKDIARIO reveló en exclusiva, con un caso real, que esa instrucción de Puente facilitó la nacionalidad a descendientes de falsos exiliados, es decir, de emigrantes que salieron de España por otras causas y no por la persecución de la dictadura. Esto ha provocado que hayan accedido a la nacionalidad española descendientes de emigrantes que llegaron a América incluso en el siglo XIX.

Así lo ha podido constatar este periódico consultando los propios consulados, como el de Caracas. Allí se celebran actos masivos de jura —el último trámite preceptivo para acceder a la nacionalidad— que incluso superan el millar de asistentes. Entre las pruebas que aportan los nacionalizados para demostrar la españolidad de sus antepasados figura, por ejemplo, un histórico escrito sobre la llegada a Venezuela «de 305 inmigrados por el bergantín goleta español Juanito, procedente de las Islas Canarias, el 11 de marzo de 1882». Otros documentos también revelan que las nacionalizaciones se amplían más allá del exilio, como este pasaporte expedido en 1929.

Este periódico ha documentado otros casos similares. Recientemente, el Gobierno editó un libro de testimonios sobre la también llamada Ley de Nietos, en los que figuran hasta tataranietos que se han beneficiado de la medida pese a que sus antepasados salieron de España en 1905 y descendientes que aspiran a conseguir dicha nacionalización con documentos que se remontan a 1898. OKDIARIO también reveló la historia de los descendientes de una familia que dejó Asturias para instalarse en Chile «el 1 de enero de 1936», es decir, casi medio año antes de la sublevación militar contra la Segunda República.

La «voluntad» de las Cortes

Todo ello es posible gracias a la instrucción que Sofía Puente firmó sólo unos días después de que la Ley de Memoria Democrática saliese aprobada de las Cortes.

El textual de la norma que permitía la adquisición de la nacionalidad española era el siguiente: «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española».

Sin embargo, la directora general de Seguridad Jurídica hizo una interpretación libre y, mediante una instrucción -es decir, con rango inferior- amplió el acceso a la nacionalidad a los descendientes de emigrantes que hubieran salido de España por cualquier causa o en un periodo distinto a la Guerra Civil y la dictadura. Es decir, sin razones políticas.

Más aún, Sofía Puente se arrogó la «voluntad» de las Cortes, argumentando que era «posible encontrar una interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley», suponiendo así que su criterio de ampliar la ley sería acorde con lo decidido en el Congreso y el Senado. Así, la instrucción permitió que «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles» hayan podido solicitar la nacionalidad.

Muestra de la chapuza es que cuatro meses después de publicarse esta instrucción, el Ministerio de Justicia tuvo que corregir uno de los anexos que los solicitantes deben rellenar para acceder a la nacionalidad y que se mantenía fiel al espíritu de la ley. Es decir, que sólo permitía nacionalizarse a descendientes de exiliados.

De hecho, ésa es la lectura pública que ha mantenido el Gobierno, que la Ley de Memoria Democrática se articuló como un instrumento de «reconocimiento, reparación y dignificación» con «las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista», aunque desde el PSOE se admita ya que «todo» descendiente tiene derecho a ser español.

«Esta Ley de Memoria Democrática toma como referencia las luchas individuales y colectivas de los hombres y las mujeres de España por la conquista de los derechos, las libertades y la democracia», ensalzó el Ejecutivo al aprobar la ley.

Prueba de que su intención se limitaba a reconocer a los descendientes de exiliados es que, en el mismo preámbulo, el acceso a la nacionalidad española se presenta como una «medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio».

Según los últimos datos actualizados, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad y ya se han resuelto favorablemente 557.709 expedientes.

Desde el Partido Popular y Vox se alerta de su evidente impacto en el censo electoral. Cabe recordar que en las cuatro últimas elecciones celebradas -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía- el PSOE fue la fuerza más votada en el exterior, aunque el PP arrasó en el resultado final.

Por este motivo, Feijóo advirtió este lunes de que Sánchez busca conseguir nuevos votantes «mediante una ingeniería electoral que consiste, en un espacio muy corto de tiempo» incrementar «en dos millones y medio el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español». El líder del PP ha prometido una reforma de la ley de nacionalidad para endurecer los requisitos para ser español.