Histórico paro de jueces y fiscales contra la reforma de Sánchez que ataca «la salud democrática»

Jueces y fiscales de toda España se han concentrado este miércoles frente a juzgados y tribunales para denunciar que las reformas legales que pretende el Gobierno en la carrera judicial y fiscal atacan «la salud democrática». «Suponen una amenaza a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal y, en consecuencia, ponen en peligro el Estado de Derecho», sentencian, ya que el Gobierno quiere cambiar la ley para garantizarse más jueces y fiscales afines. Un peligro del que ya han alertado a Europa.

Se pronuncian así sobre el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMP), aprobados por el Consejo de Ministro el pasado 13 de mayo, de los que exigen su retirada. En caso de que el Gobierno no dé marcha atrás, no descartan la adopción de «medidas de conflicto más intensas, como la huelga».

Además, reclaman, como llevan haciendo «desde hace lustros», una masiva creación de plazas judiciales y fiscales para mejorar «la calidad y rapidez» del servicio que prestan a la sociedad.

La protesta, convocada por tres de las cuatro asociaciones judiciales y dos de las tres de fiscales -se han desmarcado las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)-, ha arrancado a las 12:00 y, como ha informado en exclusiva OKDIARIO, también han participado en ella guardias civiles y policías nacionales contra las maniobras del Gobierno para que la Fiscalía asuma la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que persigue atribuir al Ministerio Fiscal la investigación de las causas penales. 

Jueces y fiscales afines

En estos paros históricos, que han contado con un apoyo ciudadano masivo en los Juzgados de Plaza de Castilla, se ha leído un manifiesto conjunto de jueces y fiscales en el que han expuesto que «la Constitución de 1978 implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía», pero esta «independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea», está «bajo amenaza» por las recientes iniciativas legislativas.

La movilización principal se ha celebrado frente a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, donde han asistido los portavoces de las asociaciones convocantes, como son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Ha sido en ella en la que han participado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Jueces y fiscales han señalado que el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, «tramitado injustificadamente por vía de urgencia, es un proyecto que no responde a demanda social alguna». Además, destacan que ha recibido un informe técnico «muy crítico» por parte el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces.

Han criticado que «es una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».

Asimismo, «y entre otras medidas, como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces, se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país», según han expuesto.

«Pero, sobre todo, poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal», agregan.

Respecto al anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal denuncian que «se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».

Ataques del Gobierno al Poder Judicial

Como han subrayado APM, AJFV, FJI, AF y APIF, estas reformas se producen en un ambiente de «continuo ataque al Poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos».

«La existencia de un Poder Judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma», han subrayado, indicando que ambas exigencias son «imprescindibles» para preservar «la buena salud democrática de un país».

Un poder débil, maleable

El manifiesto ha concluido haciendo hincapié en que no quepa duda de que estas reformas, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en «un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente».

Los convocantes han agradecido a los jueces y fiscales asistentes que hayan secundado esta protesta, pero también a quienes, «dada la gravedad de lo pretendido», han decidido acompañarlos para mostrar su «apoyo en la defensa y protección del Estado de Derecho», como han sido guardias civiles, policías nacionales y abogados, además de otros operadores jurídicos.