Los guardias civiles se unen hoy a los jueces en contra de que la Fiscalía se quede con la UCO

Los guardias civiles se rebelan contra las maniobras del Gobierno para que la Fiscalía asuma la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita. Las asociaciones ponen pie en pared y anuncian una batería de medidas contra esta felonía, contra la que rompen su silencio en OKDIARIO. La primera, movilizarse este miércoles junto a jueces y fiscales contra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que pretende atribuir al Ministerio Fiscal la investigación de las causas penales. 

Muestran su rechazo feroz a que la UCO quede en manos de la Fiscalía porque el Gobierno, que «tiene abandonados a los guardias civiles, ahora quiere tenerlos sumisos», según denuncia a este diario la decana, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). «La policía judicial debe estar al servicio de la Justicia y no del poder político y sus aledaños», sostiene el secretario general de la AUGC, Juan Fernández Hernández. 

La AUGC avanza a OKDIARIO que desplegará «todas las medidas» a su alcance. Este mediodía se concentrará junto ante los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, «acompañando a jueces y fiscales, para apoyar a la UCO». «Vamos a acudir al GRECO, a la Comisión de Justicia y Seguridad, y al Parlamento Europeo en su conjunto,  donde nos reuniremos con los grupos parlamentarios», explica Juan Fernández. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también participará en la protesta de este miércoles en Plaza de Castilla.

Y no descarta ninguna iniciativa jurídica «porque esto es un atropello». De consumarse, se está planteando «una gran concentración de protesta contra este Gobierno».

Para la AUGC, «la UCO, como cualquier otra unidad de investigación que ejerza funciones de policía judicial, ha de depender de los jueces, que están dotados por ley y amparados con la propia Constitución, de independencia e inamovilidad». 

En riesgo las investigaciones

«Cualquier otra configuración de su adscripción podría poner en riesgo sus investigaciones y su capacidad de defender el Estado de Derecho», sostiene Fernández, subrayando que la AUGC se opondrá «a esta deriva que sólo puede presagiar pérdida de calidad democrática».

Además, destaca que «resulta sorprendente que estas propuesta de modificación de la adscripción de la UCO surja precisamente ahora que esta unidad de investigación está contribuyendo a esclarecer delitos vinculados al Gobierno». «Sólo esta cuestión sería bastante para rechazar las alteraciones del estatus legal de la policía judicial», concluye.

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), que es la mayoritaria, nacida de la plataforma Jusapol, también tilda esta iniciativa de «atropello». Considera que si la UCO pasa a depender directamente de la Fiscalía, «la imparcialidad que tiene actualmente con un mandato judicial, la perderá y se vería muy perjudicada en las labores de investigación que hace».

Y piensa esto porque «el Poder Judicial es imparcial, los jueces son completamente autónomos, mientras que la Fiscalía actúa de parte del Gobierno», según declara a este diario Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, alzando la voz en defensa de sus compañeros. «¿Por qué hay que cambiar algo que funciona perfectamente?», se pregunta, sentenciando que «este cambio no tiene cabida».

Desde Jucil no entienden «el silencio cómplice del ministro ni de la directora» ni contra esta reforma ni tampoco contra los ataques que está sufriendo la UCO a manos del poder político.

Vilariño informa que entre los guardias civiles «existe preocupación, y sobre todo  indignación, por estos ataques que está recibiendo la UCO, y porque los máximos responsables de la institución no salgan en defensa de ellos». «Provoca mucha indignación, mucha desazón y desconcierto recibir  estos ataques de manera gratuita y nadie nos defienda», concluye. 

Ni los fiscales avalan la reforma

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal, también se opone a que se atribuya a la Fiscalía la investigación de las causas penales «en la situación actual», cuando «es prácticamente imposible esperar la existencia de pactos de Estado para ordenar la Justicia y para diseñar la Justicia del futuro». 

«No es sólo que estemos en una situación de polarización entre partidos políticos, es que los casos actuales de corrupción, tan llamativos, y la propia investigación penal al fiscal general del Estado recomiendan especialmente cautela y cuidado, para no hacer reformas que nos generan desconfianza sobre la bondad de sus pretensiones», declara a OKDIARIO Cristina Dexeus, presidenta de la AF.

«Éstas parece que tienen como finalidad ejercer el control sobre el poder judicial y la Fiscalía por parte del Poder Ejecutivo», denuncia Dexeus. Señala que casos de corrupción política de los partidos, «desgraciadamente siempre ha habido», y que «lo que resulta de ello es que hay que afianzar al máximo las instituciones».   

Sin embargo, estamos asistiendo a ataques a nuestros agentes y jueces por parte de miembros del Gobierno. Un contexto de presión política cada vez más evidente, con declaraciones públicas desacreditando a jueces que instruyen procedimientos sensibles relacionados con el entorno del presidente del Gobierno. Se han cuestionado sus méritos, su capacidad y su imparcialidad con el objetivo de socavar su autoridad y condicionar su actuación.        

Así las cosas, la AF urge a «volver a los principios constitucionales de respeto a las instituciones democráticas, a la separación de poderes, a la independencia judicial, a la seguridad jurídica, a la igualdad de los españoles, y al respeto a la Corona», pues nos encontramos «en una situación de alarmante retroceso tras los pactos de gobernabilidad entre Junts y el PSOE».              

Paro frente a las sedes judiciales

Jueces y fiscales de toda España van a realizar este miércoles, a las 12:00 horas, un «paro simbólico» ante las sedes judiciales de cada partido. La convocatoria ha sido realizada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Se concentrarán en protesta a las reformas legislativas emprendidas por el Gobierno supuestamente «para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal», como son el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMP), porque «suponen una amenaza a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal», como ya han denunciado ante Europa.

Y porque el Ejecutivo tampoco ha cumplido hasta la fecha los acuerdos alcanzados el 23 de mayo de 2023 por los que las asociaciones desconvocaron la huelga anunciada.

En las distintas movilizaciones se leerá un manifiesto conjunto de las asociaciones convocantes en el que explicarán al detalle las razones de esta protesta. «La defensa de los principios básicos de nuestro sistema, de nuestro Estado de Derecho y las condiciones profesionales de jueces y fiscales» son los motivos que inspiran esta convocatoria, «algo que es patrimonio y garantía de toda la ciudadanía», han explicado en un comunicado.

La situación que han provocado dichas reformas es de «descontento generalizado» entre jueces y fiscales. Solicitan la retirada de dicho proyecto «por recoger medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho».

Respecto al anteproyecto de ley de reforma del EOMF, con la idea de preparar la futura atribución a los fiscales de la instrucción de los delitos, estas asociaciones de jueces y fiscales advierten que «supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora».

Por ello, también reclaman la retirada de este anteproyecto para «comenzar a construir un Estatuto que dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la Carrera Fiscal».

Para lograr su objetivo, también han remitido sus informes sobre ambas reformas al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, para «activar los canales europeos, especialmente GRECO y la Comisión de Venecia», y se reunirán con todos los grupos parlamentarios, con la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores, la Asociación de Abogados del Estado, entre otras instituciones, para explicarles «los peligros y las consecuencias de ambos proyectos para el Estado de Derecho y la degradación de la calidad de la Justicia que pueden suponer».

En caso de seguir adelante el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos tal y como está proyectado, estas cinco asociaciones impugnarán judicialmente dicho proceso. No renuncian a medidas de conflicto colectivo que fuesen necesarias para conseguir sus objetivos.

El Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), al que pertenece la APM, se pronunció sobre las citadas reformas en su asamblea anual, celebrada en Quito (Ecuador), del 25 al 28 de mayo, alertando del peligro que suponen y mostrando su «preocupación ante el rumbo que está adoptando España». «La combinación de reforma legislativa regresiva y presión política directa configura un escenario de intromisión institucional que afecta a los pilares del Estado de Derecho», sentenció su presidente, el magistrado Walter Barone.

El Ministerio, inamovible

Estas asociaciones judiciales y fiscales abordaron estas reformas legales el pasado 4 de junio con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, que les hizo saber que en lo esencial, la postura del Ministerio es inamovible.

Desde el Departamento de Félix Bolaños «no hay voluntad de retirar el proyecto, pero tampoco la hay de consenso y diálogo real, solo la de sacar lo que ya está en trámite», por lo que la reunión no fue productiva, como informaron entonces APM, AJFV, FJI y APIF. En cualquier caso, las asociaciones se comprometieron a acudir a todas las convocatorias del Ministerio que tengan por objeto «avanzar en un verdadero estatuto profesional de jueces y fiscales, que mejore las condiciones de acceso y garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad en el ingreso a las carreras judicial y fiscal».

«Somos conscientes de lo que nos jugamos y que, por ello, y dado que no nos dejan elección, seguiremos impulsando todas aquellas actuaciones que consideremos necesarias desde nuestra legitimación asociativa para defender la independencia del Poder Judicial, sin descartar ninguna medida en este sentido», avisan.