El Gobierno subirá por Decreto Ley las pensiones y los salarios públicos ante el “bloqueo” de Sánchez

El Gobierno en funciones prepara la actualización de las pensiones y salarios de los funcionarios, para superar las consecuencias de la falta de Presupuestos para el próximo año.

Según ha podido saber OKDIARIO,  Sáenz de Santamaría ha solicitado ya una lista de partidas que se verían bloqueadas por la falta de Presupuestos y ha dado orden de estudiar “fórmulas jurídicas” que permitan superar los más urgentes, entre los que se encuentran los pagos a pensionistas y los sueldos públicos. La fórmula para que esa revalorización se lleve a efecto sería la aprobación vía decreto ley. En concreto, el Ejecutivo ha previsto una subida de las pensiones del 0,25% para 2017, el mínimo legal, y un incremento del sueldo de los empleados públicos del 1%.

La congelación de los pagos a pensionistas y salarios públicos es una de las cuestiones más sensibles ante la imposibilidad de aprobar las cuentas públicas por la falta de Gobierno.

La negativa de Pedro Sánchez a la investidura de Rajoy ha impedido que el Gobierno pueda diseñar los Presupuestos y presentar a Bruselas un esbozo realista de las cuentas para el próximo año. Debido a la situación de interinidad, el Ejecutivo tampoco ha podido aprobar el techo de gasto ni llevar al Congreso el reparto entre administraciones públicas de los nuevos objetivos de déficit impuestos por Bruselas, un requisito para que las autonomías elaboren sus presupuestos para el 2017. Varios barones socialistas, como el extremeño Guillermo Fernández Vara, han alertado incluso en los últimos días de los riesgos que ese escenario conlleva para sus respectivos gobiernos autonómicos.

Al mantenerse la situación de interinidad del Gobierno, la Ley de Presupuestos de 2016 quedará automáticamente prorrogada para el próximo año. Eso significa que determinadas partidas, como los salarios públicos o pensiones, no puedan ser actualizadas de forma ‘natural’.

Razones de «urgencia» e «interés general»

En público, el Gobierno ha mantenido que un Ejecutivo en funciones no está habilitado para llevar a cabo esa actualización. Para argumentarlo se apoya en el artículo 21 de la Ley 50/1997, que prohíbe a un Ejecutivo en funciones aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados. Según este artículo, el Gobierno en funciones “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos”, absteniéndose de adoptar cualquier otra medida “salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, cuya acreditación expresa así lo justifique”.

La ambigüedad de lo que es “urgencia” e “interés general” hace que, en la práctica, esa interpretación quede sujeta a la voluntad política.

Este martes, Rajoy ya dejó abierta la puerta a una actualización, al admitir que desde el Gobierno se estaban estudiando “fórmulas jurídicas” para minimizar los daños ante la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos.

En una reunión en el Congreso con su grupo parlamentario, Rajoy alertó de las consecuencias económicas que puede tener la falta de un gobierno en plenas funciones, dando por hecho la prórroga de las cuentas para 2017. «Me preocupa que esto empiece a afectar a la economía», destacó ante sus diputados. El líder del PP responsabilizó de nuevo a Pedro Sánchez de “someter a la nación” a una “obstrucción” que genera dudas en la economía y los inversores.

14 millones de personas

En su intervención, Rajoy explicó que 14 millones de personas reciben directamente alguna prestación de los presupuestos del Estado y que la ausencia de los mismos afectará a aspectos como la oferta de empleo público, las inversiones o la financiación de entes territoriales.

Hace unos días, la vicepresidenta en funciones reconoció también que se estudiaría “muy concienzudamente” si ambas cuestiones podrían ser abordadas bajo el argumento de la urgencia y el interés general, pese a mantenerse la situación de interinidad.

El PP mantiene que un Ejecutivo en funciones ni puede aprobar un proyecto de Presupuestos del Estado para el año siguiente, porque lo prohíbe la ley del Gobierno, ni puede aprobar un decreto de prórroga presupuestario amplio porque, entre otras cuestiones, podría ser derogado por un nuevo Gabinete al cabo de pocas semanas con los perjuicios que ello ocasionaría en el funcionamiento del Estado. «Trataremos de no perjudicar a nadie. Se estudiará muy concienzudamente”, sugirió  la vicepresidenta.

El Gobierno estudia también cómo resolver la situación de las becas Erasmus, las ayudas a las ONG’s, las tasas aeroportuarias o el plan de Vivienda. Todos estos asuntos serán también aprobados, previsiblemente, por la misma vía del decreto ley.

Al tratarse de una situación política inédita, no existen precedentes de una revalorización de este tipo. El escenario más parecido, y con todas las distancias, se produjo en 2011, cuando Rajoy estaba recién llegado al Gobierno y aprobó por real decreto ley subir un 1% las pensiones. Entonces, no obstante, se trataba de un Ejecutivo ‘de pleno derecho’.

El decreto tendría que ser validado por el Congreso en un plazo no superior a 30 días y el PP necesitará los votos de otros partidos, aunque no se esperan problemas ya que el PSOE se ha mostrado a favor. El principal escollo vendría de la cifra de esa actualización. Los socialistas reclaman que la subida de las pensiones sea mayor que el 0,25% que prevé el Gobierno.