El Gobierno pagó 47 millones de más por la compra de batas EPI en China un 4.636% más caras que en España

El Gobierno de Pedro Sánchez con Salvador Illa de ministro de Sanidad pagó 47 millones de más por la compra de batas EPI en China, en concreto las adquirió un 8.174% más caras que en España. Entre el 20 y el 23 de marzo Sanidad gastó aproximadamente 256.864 euros en 688.000 «batas EPI» adquiridas a dos empresas españolas. Tres días más tarde el Gobierno adquirió 3 millones de batas por un precio de 49.994.976 euros a dos empresas chinas. El sobrecoste asciente a 47 millones de euros. El encargado de formalizar esos contratos, Alfonso María Jiménez Palacios, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), es uno de los tres cargos del Gobierno socialista investigado ahora por la Fiscalía Anticorrupción.

Estos contratos fueron algunos de los primeros que firmó el Gobierno socialista durante el estado de alarma, provocado por la pandemia del Covid-19 a través de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) encargado a través de su director, Alfonso María Jiménez Palacios, de realizar estas compras. El problema es que entre el 20 y el 23 de marzo los equipos de protección que costaron entre 0,27 y 1,86 euros a dos empresas españolas subieron el 26 y 27 de marzo a 15,58 y 22,07 euros, el precio que pusieron otras dos empresas chinas.. La diferencia, de haber adquirido ese equipamiento en España, supuso unos 47 millones de euros.

Estos son sólo dos de los contratos que investiga la Fiscalía Anticorrupción y donde son investigados, además del director general de Ingesa, Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia, y Paloma Rosado, directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Nadie puso en tela de juicio entonces que el Gobierno contratase por un 4.363% de media más caro en China que en España, hasta que el partido político Vox presentó una querella en la Fiscalía Anticorrupción que es la que se investiga ahora.

El 14 de marzo de 2020 el presidente Sánchez anunciaba el estado de alarma en todo el país. Miles de españoles morían diariamente y España comenzaba demasiado tarde una carrera contrarreloj y contra el resto del mundo por comprar material sanitario. Como el Gobierno de Sánchez no proporcionaba este material a los Ayuntamientos, el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida gastaba 10,8 millones de euros en adquirir protección, EPIS, mascarillas y geles, para los 40.000 trabajadores municipales que se jugaban la vida en las calles de Madrid.

Sin embargo, el ministerio de Salvador Illa compraba el 20 de marzo de 2020 42.030 «batas impermeables» o «batas EPI» (equipos de protección individual) a 0,3263 euros cada una por un total de 13.717,40 euros a la empresa española Medline International Iberia S.L. Tres días después el ministerio firmó con otra empresa española, Suministros Hospitalarios, uno de los proveedores habituales de Sanidad, otros dos contratos. El primero para 606.200 EPIS desechables a 0,2783 euros cada uno por un total de 168.705,46 euros. El segundo, para adquirir 39.950 de estos trajes pero impermeables al precio de 1,8634 euros por un total de 74.442,83 euros. En total, a 1 euro de media cada EPI.

A 15,5 euros la unidad

Justo tres días después, el 26 de marzo, el Gobierno español adquirió 2,5 millones de «batas protectoras desechables» a un precio de 15,584 euros la unidad por 38.960.007,39 euros a la empresa China National Instruments Import & Export Group Corporation. Un día más tarde, en concreto el 27 de marzo, el Ingesa volvió a comprar más «batas EPI», ahora fueron 500.000 a 22,07 euros cada una, en total 11.034.969,49 euros aunque en esta ocasión la empresa agraciada fue Weihai Textile Group Import & Sport Co. Ltd., también domiciliada en China. En total, se gastaron 49.994.969 euros, casi 50 millones de euros en 3 millones de equipos protectores a algo más de 16 euros cada unidad.

De esa manera, si los 3 millones de EPI´s se hubiesen comprado en España al precio medio de 1 euro Sanidad habría gastado 3 millones de euros en estas batas y no los 50 millones que se gastaron, una diferencia de 47 millones de euros.

Es decir, hubo un evidente sobrecoste de los contratos chinos, dinero perdido en intermediarios, respecto a los españoles en la compra de equipos de protección para los sanitarios, en concreto, según una querella de un particular presentada el 5 de mayo de 2020 ante la Fiscalía Anticorrupción que en junio de 2020 se unió a otra presentada en el mismo sentido por un abogado sevillano. El 20 de julio de 2020 el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas decretó «la paralización inmediata de cualquier iniciativa de investigación que pudiera adoptarse (…)». Sin embargo, esos 41 contratos fueron aportados a la nueva causa denunciada también en 2020 por el grupo político de Vox.