El Gobierno no es partidario de detener a Puigdemont en Copenhague: teme que lo envíen sólo por desobediencia

Al Gobierno de Rajoy no le entusiasma la idea de reactivar la euroorden para que el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea detenido este lunes si pisa Dinamarca, donde ha sido invitado a impartir una conferencia en la Universidad de Copenhague para hablar de Cataluña.

La Fiscalía General del Estado ya ha anunciado –como adelantó en exclusiva OKDIARIO– que pedirá al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que active «inmediatamente» la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra Puigdemont, en caso de que finalmente viaje a Dinamarca.

El juez Llarena decidió retirar el pasado 5 de diciembre la euroorden que pesaban contra Puigdemont y los cuatro ex consellers que le acompañan en Bruselas, ante la posibilidad de que la Justicia belga sólo acepte extraditarlos para ser juzgados por el delito de malversación.

Esto impediría que los responsables del golpe de Estado huidos a Bruselas sean juzgados en España por los delitos más graves de los que se les acusan, la rebelión y sedición, que pueden acarrear penas de hasta 30 años de cárcel (en el caso de la rebelión).

Es el CNI el encargado de coordinar las vigilancias, controles y seguimientos en el extranjero y por tanto quien ha de conocer el paradero del ex president en todo momento y dar cuenta a las autoridades.

Boye le aconsejó huir de la Justicia

Puigdemont eligió precisamente Bélgica para huir de España, porque su Código Penal no prevé ambos delitos. Y contrató en Bruselas como abogado a Paul Bekaert, que ejerciendo la defensa de terroristas de ETA se ha especializado en manejar todos los resquicios legales para paralizar durante años las órdenes de extradición.

El chileno Gonzalo Boye, que fue condenado a 14 años de cárcel por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, ha presumido de que fue él quien aconsejó a Puigdemont que huyera a Bruselas y le puso en contacto con el abogado de etarras por este motivo.

Ahora se abre la posibilidad de detener a Puigdemont en Dinamarca, pero el Gobierno de Rajoy no lo tiene muy claro: teme que el abogado del ex presidente de la Generalitat recurra a las mismas triquiñuelas legales para lograr que sea extraditado a España para ser juzgado sólo por delitos menores, como el de desobediencia (que según el artículo 556.1 del Código Penal le supondría, como mucho, una condena de un año de cárcel).

En cualquier caso, poco tiene que decir el Gobierno de Rajoy en todo este asunto. Tanto el nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, como el juez Pablo Llarena han mostrado durante las últimas semanas una completa autonomía y, con frecuencia, han sido mucho más contundentes de lo que el Gobierno hubiera deseado según sus propios criterios de oportunidad política.

La apuesta de Oriol Junqueras

De hecho, el Gobierno de Rajoy era partidario de que el ex vicepresidente Oriol Junqueras quedara en libertad: está convencido de que su repentina conversión al constitucionalismo le convertía en un candidato alternativo a la Presidencia de la Generalitat que, llegado el momento, evitaría el choque de trenes.

Sin embargo, el juez Llarena ha decidido mantener la prisión preventiva de Oriol Junqueras y el ex conseller de Interior Joaquim Forn, pues la investigación judicial acumula ya incontables indicios de su responsabilidad en el golpe de Estado independentista. En el caso de Joaquim Forn, presumió públicamente de que los Mossos d’Esquadra incumplirían las órdenes del TSJC de impedir la celebración del referéndum ilegal (tal como luego ocurrió) porque, argumentó, sólo se debían a la voluntad del Parlament.

Por otro lado, todo indica que el sistema judicial de Dinamarca no opondrá los mismos obstáculos que el belga para que Puigdemont sea extraditado a España. El Código Penal danés sí prevé el delito de rebelión y sedición, y lo castiga con penas de hasta cadena perpetua.

Cadena perpetua para los secesionistas

El artículo 98 del Código Penal danés prevé esta pena para cualquier persona que «con ayuda extranjera, mediante el uso de la fuerza, o la amenaza de utilizarla, cometa actos dirigidos a someter a Dinamarca o una parte de su territorio a una potencia extranjera», o bien pretenda llevar a cabo la secesión de una parte del país.

Y establece idéntica pena para quienes «organicen actos de sabotaje, suspensión de la producción o del tráfico con el mismo propósito». Todo ello encaja perfectamente con los hechos delictivos que han cometido el ex presidente Carles Puigdemont y sus consellers.