El Gobierno de Navarra da 460.000 € a una asociación que dice que «en las cárceles se tortura»

O el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, no sabe a quién destina sus subvenciones o, peor aún, lo sabe de sobra y no tiene rubor en repetirlas año tras año: una de las asociaciones destinatarias de las ayudas acusa al sistema penal español de ser una máquina de tortura.

Ése es el caso de la asociación Salhaketa Nafarroa que desde el año 2014 viene recibiendo subvenciones por parte del Gobierno foral, tal y como consta en sus propias cuentas, a las que ha tenido acceso OKDIARIO.

Lo curioso de estas subvenciones es que están beneficiando a una asociación que, sin ningún tipo de rubor, acusa a instituciones públicas como las cárceles españolas y sus trabajadores de cometer actos delictivos contra otras personas sin respetar la presunción de inocencia y, por supuesto, sin aportar ni una sola prueba. Basta asomarse a su perfil en redes sociales para poder leer en negrita y a buen tamaño la frase: “En las cárceles se tortura”.

La radicalidad con la que se expresa esta organización no entiende de matices ni siquiera en época de pandemia. En la actualidad defiende que la supresión de comunicaciones en las cárceles españolas como medida preventiva para evitar contagios masivos de Covid ha sido en realidad un atropello a los derechos de los presos.

El desarrollo de su argumento es simplemente disparatado: “¿Qué riesgo real de contagio suponen las comunicaciones mediante cristales en los que en ningún momento hay un contacto directo entre las personas que van a visitar y las personas presas? ¿Qué riesgo real de contagio suponen las comunicaciones vis a vis en las que se permita un contacto directo entre las personas que van a visitar y las personas presas si se toman las mismas medidas preventivas que se han impuesto en la calle?”, aseguran en uno de sus escritos. Según ellos, es otra forma de tortura.

Esta asociación obvia por completo que, para comunicarse a través de locutorios, los visitantes de las cárceles deben identificarse, pasar arcos de seguridad y deambular por la prisión.

Lo de los vis a vis es peor todavía, porque si hay un peligro de contagio no puede ser mayor precisamente que en un encuentro íntimo entre un recluso y una persona de la calle.

Las cifras de contagios de Covid en las cárceles sólo pudieron frenarse cuando la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió cerrarlas a cal y canto, lo que incluía no sólo a los familiares de los presos, sino también a todo el personal externo que no fuera fundamental para el funcionamiento de las prisiones.

«Violencia institucional»

Pues con este ideario la asociación Salhaketa se han embolsado 460.000 euros en subvenciones desde el año 2014 a razón de 50.000 euros ese año, 80.000 los siguientes y 90.ooo en el último ejercicio. Es curioso que precisamente en 2014 la asociación anunciara que, de no recibir subvenciones públicas, estaba abocada a desaparecer. Aquella inyección económica lo evitó. Ya en aquel año se hacían eco de informes en los que, basándose en denuncias y no en sentencias firmes, hablaban de «violencia institucional sobre personas bajo custodia de los funcionarios de seguridad pública (en comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.)».

Pero su acción va más allá de sus aspiraciones a que las cárceles desaparezcan, porque a eso aspiran, además de acusar a sus trabajadores de practicar la tortura, a la extinción del sistema de prisiones tal y como lo conocemos.

También apoyan otros movimientos e iniciativas. Como hicieron el pasado 22 de marzo, día en el que rebotaron un tuit de la cuenta del ‘Movimiento Antirrepresivo de Madrid’ en el que se criticaba el dispositivo policial preparado para evitar actos violentos por parte de los participantes en una manifestación contra el encarcelamiento de Pablo Hasél.

El tuit decía sobre una foto de policías: “El Estado español prohíbe el derecho de manifestación y reprime a quienes tratamos de ejercerlo libremente. Pretenden cortar con sus mercenarios uniformados nuestra lucha por unas mínimas libertades democráticas. Pero solamente nos dan motivos para seguir”.

Pero además de apoyar otras causas, a la asociación subvencionada por el Gobierno de Chivite no le tiembla el pulso a la hora de escribir. El 9 de marzo publicaron esto: “Joven de 19 años que “no se adapta” a la vida en prisión aparece muerto en su celda tres días después de agredir a un carcelero. No son muertes, son asesinatos”. Los autores de este tipo de afirmaciones tienen desde 2020 90.000 euros provenientes de fondos públicos para continuar con su labor a la espera de cobrar más en 2021.