El Gobierno ha llegado 77 veces a los tribunales para desobedecer a Transparencia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a pleitear en los tribunales hasta en 77 ocasiones para no atender a las resoluciones del Consejo de Transparencia. En estos casos, ministerios y organismos públicos interpusieron recursos para tratar de esquivar los requerimientos de información.

El Ejecutivo ha logrado por esa vía, por ejemplo, blindar la entrega de la correspondencia con el Vaticano en relación con la exhumación de los restos de Franco, un asunto que el Gobierno ha tratado de preservar en el máximo oscurantismo. El Ministerio de Carmen Calvo no dio información al entender que podría poner en riesgo las relaciones con la Santa Sede. Sin embargo, el Consejo de Transparencia rechazó la argumentación, afirmando que no existía confidencialidad de la documentación solicitada, ya que había sido hecha pública con anterioridad por el propio Gobierno en sus declaraciones, y que dicha documentación, además, tenía un «indudable interés público».

El Gobierno también ha recurrido a la Justicia para evitar facilitar datos sobre el personal nombrado ‘a dedo’, así como sus retribuciones anuales. El Consejo estimó que «efectuada la ponderación a que obliga la ley de transparencia entre el derecho a la protección de datos y el derecho de acceso a la información, debe prevalecer este último en aquellos supuestos de datos de trabajadores que ocupen puestos directivos o de responsabilidad en la toma de decisiones». La Justicia rechazó los argumentos del Ejecutivo y le instó a facilitar la información.

Los asuntos recurridos son de lo más variopinto. Desde contratos en RTVE -como el del programa ‘A partir de hoy’, el magazín que presentó Màxim Huerta en La 1- hasta expedientes de licitaciones en Renfe, indultos o fallecimientos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El desenlace es desigual.

Viajes en Falcon

Recientemente, Sánchez sufrió uno de los principales varapalos judiciales en materia de transparencia cuando la Audiencia Nacional desestimó el recurso de la Abogacía del Estado contra la resolución que le obligaba a facilitar información sobre sus viajes privados realizados en medios de transporte oficiales, entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2019.

El Gobierno recurrió el dictamen de Transparencia con dos excusas: que no existían registros sobre los medios de transporte utilizados por Sánchez en cada uno de sus desplazamientos y motivos de seguridad.

Sin embargo, la Audiencia rechazó esos argumentos, destacando que se trata de una solicitud de información de la que la Presidencia del Gobierno «debería disponer, que a lo sumo habrá de ordenar para facilitársela a la interesada, consultando las fuentes en que consten los desplazamientos del Presidente del Gobierno, en los medios aéreos y periodo indicados, discriminando entre los de naturaleza oficial y privada». Si no se hubieran producido desplazamientos privados del presidente, se deberá indicar de forma expresa, añadía el texto.

Además, según el Juzgado, «cuesta entender que Presidencia del Gobierno carezca de información sobre los desplazamientos privados del Presidente del Gobierno en medios aéreos oficiales, cuya existencia no niega, y que desconozca cuál sea la Administración que disponga de ella». El tribunal incidió, además, en que no se estaba solicitando un listado completo de todos los desplazamientos, sino «sólo de los que reúnan las características indicadas en la petición, destacadamente que se realicen por motivos privados».

En cuanto a las razones de seguridad, respondía la Audiencia que no se ha solicitado información sobre los datos de desarrollo de un dispositivo de seguridad en concreto.

«La información no puede implicar ningún perjuicio a la seguridad del Estado o a la integridad de la autoridad que se desplaza, teniendo en cuenta que se trata de hechos ya acaecidos, que no se trata de una información clasificada y, finalmente, que los desplazamientos son de conocimiento público en la mayoría de las ocasiones, dada su cobertura mediática», concluía el tribunal.

Expertos

Esta semana, el Consejo de Transparencia dio un plazo de diez días al Gobierno para facilitar los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia.

Según la resolución, no se vulnera el derecho a la protección de datos y, al contrario, se favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en «decisiones relevantes».

Desde el Ejecutivo, la portavoz María Jesús Montero se limitó a señalar, este martes, que se tramitará el expediente del Consejo de Transparencia, si bien insistió en el argumento que siempre ha defendido el Gobierno para ocultar esas identidades: que las decisiones de las autoridades sanitarias atienden a las recomendaciones de los expertos, que son funcionarios.