Transparencia ordena a Illa dar los nombres del comité de expertos y el Gobierno sólo dice que lo valorará

El comité de expertos sigue dando que hablar. Y sigue dando quebraderos de cabeza al Gobierno de Sánchez. Este mismo lunes el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus. El Consejo considera que dar a conocer dichos nombres no se vulnera el derecho a la protección de datos y, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en «decisiones relevantes», según la resolución a la que tuvo acceso Europa Press.

El comité de expertos de Fernando Simón ha sido uno de los caballos de batalla de la oposición, que ha pedido en innumerables ocasiones desde que se anunció su existencia saber quién lo integra.

Con la resolución conocida Transparencia se posiciona a favor de un abogado que el pasado 6 de mayo, cuando Fernando Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos pidió al Ministerio de Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos.

Transparencia ha dado un plazo de diez días al ministerio de Salvador Illa para que remita al abogado la documentación requerida, una decisión que pone fin a la vía administrativa, pero que se puede recurrir durante los dos meses siguientes ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.

El Comité de Transparencia ha rechazado el argumento esgrimido por la Dirección General de Salud Pública para retener dicha información, al afirmar que el hecho de que se hagan públicos los nombres, apellidos y el número de los expertos que han realizado funciones en el marco de la gestión de la pandemia no atenta contra el derecho a la protección de datos personales.

«No sólamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salid pública, máxime en situaciones extraordinarias, como la producida por la pandemia de Covid-19», asegura el Consejo de Transparencia en su resolución.

La Dirección General de Salud Pública, en un escrito del 29 de septiembre, denegó esta información al abogado «por motivos de protección de datos» alegando que los miembros del comité de expertos son «personal público que no tiene la consideración de alto cargo ni personal directivo».

Una explicación parecida dio en rueda de prensa el propio Fernando Simón, que añadió que poco más o menos no daba los nombres para que tuvieran problemas en redes sociales.

Fue tras la respuesta de la Dirección General de Salud Pública cuando el letrado acudió a Trasparencia para  que obligara al Ministerio de Sanidad a entregarle esta información. «Lo cierto es que, si no se me facilita a mí o al Consejo de Transparencia el listado de expertos, nunca sabremos si lo que se me indica por la entidad reclamada es cierto», indicó.

El abogado reseñó que «es ciertamente surrealista mantener a ultranza que los miembros de un comité de expertos no son formalmente altos cargos o directivos (…), pues en buena lógica y a nivel práctico y real se trata de personas que ocupan una posición destacada, de consulta y decisión, en una pandemia cuya información tiene relevancia pública».

Derecho a la información

Transparencia ha contestado que no considera aplicable «el límite de la protección de datos invocado por la administración» porque al ser «datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano requerido», el Ministerio de Sanidad, «prevalece el derecho de acceso a la información pública».

También ha criticado Transparencia que el Ministerio de Sanidad se retrasara respecto a los plazos legalmente establecidos para contestar al abogado, ya que la respuesta no llegó hasta el 29 de septiembre y la petición se hizo el 6 de mayo, y que no hiciera alegaciones ante el Consejo de Transparencia.

Tras la orden de Transparencia ha sido la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la encargada  de dar una primera respuesta, una respuesta ciertamente lacónica porque se ha limitado a decir que el Ejecutivo va a «valorar» y «estudiar» la resolución de Transparencia.

«Vamos a valorar la resolución. Vamos a estudiarla. La valoraremos y cuando tengamos una decisión tomada la conocerá públicamente todo el mundo», ha respondido Calvo en declaraciones a los medios antes de la clausura del homenaje a Manuel Azaña en el 80 aniversario de su muerte que se ha celebrado en el Ateneo de Madrid.