La Audiencia no logra localizar al hermano de Sánchez para citarle a su juicio por delitos de corrupción

La Audiencia Provincial de Badajoz ha requerido a la defensa de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, que aporte su domicilio particular en el plazo de una audiencia para poder citarle personalmente al juicio oral.

La resolución, firmada por la letrada de la administración de Justicia y consultada por OKDIAIRO, revela que el domicilio que obraba en las actuaciones era el del despacho de su abogado, lo que impide la citación directa que exige la ley. El juicio, señalado entre el 28 de mayo y el 4 de junio, juzgará a once personas por prevaricación y tráfico de influencias en la contratación de Sánchez en la Diputación de Badajoz.

La diligencia de ordenación es taxativa: «De conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando el objeto de la citación sea la comparecencia del investigado ante el Tribunal, como es el caso que nos ocupa, esta debe hacerse personalmente». El tribunal ofrece además una segunda vía: que la defensa comparezca directamente en secretaría para que el acusado sea citado allí en persona.

David Sánchez no es el único encausado con problemas de localización. La misma resolución constata que «han resultado negativas las citaciones al juicio oral» del diputado provincial socialista Francisco Martos Ortiz y Luis María Carrero Pérez –el asesor que trabajaba para el hermano de Sánchez desde Moncloa–, enviadas a la Diputación Provincial de Badajoz. El tribunal requiere también a sus representaciones que aporten «su domicilio particular» en idéntico plazo.

Juicio oral

El calendario del juicio, establecido por el magistrado ponente Emilio Serrano, prevé que el 28 y 29 de mayo declaren los once acusados, entre ellos Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación y ex líder del PSOE de Extremadura.

El 1 y 2 de junio están reservados para la declaración de hasta treinta testigos, entre ellos los directores de los conservatorios provinciales de música de Badajoz en el momento de la contratación. El 3 de junio concluirá la prueba testifical con cuatro testigos más y nueve agentes de la Guardia Civil. Todas las sesiones comenzarán a las 10.00 horas.

La acusación es inusitadamente amplia: ejercen la acción penal el Partido Popular, Vox, el sindicato Manos Limpias, la Fundación Abogados Cristianos, HazteOír.org, Liberum e Iustitia Europa.

La resolución del 24 de febrero une a los autos los escritos de Vox y del PP y confirma que ambas formaciones tienen acceso al sistema informático Horus, «habida cuenta que por la Letrada de esta Sección se ha hecho lo necesario para que todos los intervinientes tengan acceso a todas las actuaciones».

Antecedentes del caso

El origen de la causa hay que buscarlo en abril de 2023, cuando la Diputación Provincial de Badajoz nombró a David Sánchez jefe de la Oficina de Artes Escénicas —denominada también coordinador del Área de Coordinación Cultural— con un salario superior a los 55.000 euros anuales.

La oposición y varias asociaciones denunciaron que el puesto había sido creado a medida, sin funciones claras ni presencia efectiva en la institución. El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, liderado por la juez Beatriz Biedma, instruyó las diligencias previas, que concluyeron con la apertura de juicio oral.

El proceso ha superado ya varios escollos procesales. El 8 de enero de 2026, la Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestimó por unanimidad la recusación planteada por varios acusados contra los tres magistrados de la Sección Primera. El auto concluyó que «no concurren motivos para considerar que se ha producido una pérdida de imparcialidad objetiva» por haber dictado resoluciones previas en el mismo procedimiento.

En ese contexto, Gallardo anunció el 14 de enero su renuncia al acta de diputado en la Asamblea de Extremadura, decisión que presentó como prioritaria para «afrontar con todas las garantías el proceso judicial abierto». «Mi única petición es clara y legítima: celeridad judicial», escribió, añadiendo que confía en que el caso se juzgue «sin dilación». En su escrito también rechazó los rumores sobre un aforamiento buscado: «Jamás he pretendido influir en dónde o cómo debe juzgarse esta causa».

El caso llega a la vista oral con toda su carga política intacta, once acusados que aún no han sido debidamente localizados en su totalidad y un calendario de sesiones que se extenderá durante una semana. La justicia, al menos, ya tiene fecha.