El Gobierno incluye su plan para marginar la educación especial entre las reformas enviadas a Bruselas

El Gobierno persiste en su polémico plan sobre la educación especial, recogido en la Ley Celaá y que ha sido criticado abiertamente por padres de alumnos. Desde parte de estos colectivos se considera que el Ejecutivo pretende un desmantelamiento de los centros actualmente dedicados a menores con necesidades especiales y discapacidad.

Pese a las dudas y temores de los padres, el Gobierno ha insistido en llevar adelante su objetivo. La nueva Ley de Educación -aprobada el pasado noviembre- recoge que el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, «desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».

Desde el Ejecutivo se ha rechazado que la intención sea eliminar los actuales centros de educación especial, sino incorporar de manera progresiva a los alumnos en centros ordinarios, dotándolos de los suficientes recursos. De esta forma, los centros actuales -siempre según el Ministerio- quedarían para una atención muy especializada. La ministra Celaá llegó a calificar de «fake news» que los actuales centros se vayan a cerrar.

Temor de los padres

El plan, no obstante, genera muchas incertidumbres. Algunas asociaciones de padres consideran que no se ofrecen las suficientes garantías para la prestación de una educación tan específica y, al mismo tiempo, se aboca a los centros de educación especial a su marginación, en favor de los ordinarios.

Consideran que la atención especializada que se presta actualmente requiere de una notable inversión para las escuelas, y que la Ley no asegura que se cumpla con la suficiente eficacia. Asimismo, lamentan que derivar alumnos a estos centros supondrá un retroceso en su desarrollo. Los actuales centros de educación especial, observan, podrían no recibir los recursos suficientes para su funcionamiento.

Ante Bruselas

El Gobierno, no obstante, desoye todas las críticas y reafirma su plan en el documento enviado a Bruselas.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que será examinado por Bruselas para que España pueda recibir los 140.000 millones de fondos europeos incluye una observación específica sobre el alumnado con necesidades educativas especiales:

«La educación inclusiva de todo el alumnado y, por tanto, también del alumnado con necesidades educativas especiales es un principio recogido en la nueva Ley de Educación. En la Ley se establecen diversas disposiciones que afectan a la inclusión educativa de este alumnado y que son de aplicación directa o a largo del periodo de implantación de la Ley. Respecto a las medidas que afectan a los recursos adicionales que se pondrán en marcha para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, se informa que la Disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica de Educación establece que desarrollará, en colaboración con las Administraciones educativas, un plan en el plazo de diez años».

Polémica en el Congreso

La política del Gobierno con respecto a la educación especial provocó una sonora polémica en el Congreso a raíz de una intervención del diputado del PP Juan José Matarí, padre de una hija con síndrome de Down.

Matarí preguntó a Celaá «por qué el Gobierno legisla al margen de la Constitución», acusándola de intentar la desaparición del modelo educativo. El parlamentario ‘popular’, incluso, contó la experiencia de su hija Andrea, de 25 años, y que ha podido estudiar una carrera, dijo, gracias a una «formación adaptada a sus capacidades». «Ha podido desarrollar todo su potencial tras recibir su educación en un centro especial», explicó.

La ministra defendió que la Ley Celaá está «exquisitamente anclada en la Constitución» y se mostró muy crítica con el diputado: «Señor Matarí: ¿de dónde viene usted? Usted no tiene ningún contacto ni con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores… Usted no sé de qué habla», le espetó.

La respuesta provocó el rechazo rotundo de la oposición, además del sector educativo. Celaá aseguró después a través de las redes sociales que su intención «jamás fue faltarle al respeto, ni a él ni a su familia».