El Gobierno endosó a la UE 1,49 millones del pelotazo de Aldama cuando ya conocía la investigación

Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, utilizó 1.491.274 euros de fondos europeos para financiar la compra de mascarillas a la trama Koldo. Así se recoge en la auditoría impulsada por el actual titular de este departamento, Óscar Puente, que revela las numerosas irregularidades en los contratos del Gobierno con la empresa Soluciones de Gestión, para la que intermediaba el comisionista Víctor de Aldama. La cifra revela que el Gobierno recurrió a fondos comunitarios para financiar las compras, ahora investigadas. Esta nueva vía se une a las pesquisas de la Fiscalía Europea, que ya indaga en las adjudicaciones de los gobiernos socialistas de Francina Armengol en Baleares y Ángel Víctor Torres, en Canarias.

En concreto, el documento -de 89 páginas- desvela que «en el contrato E/019/20, para suministro de mascarillas profilácticas que Puertos del Estado adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión, por un importe de adjudicación de 20.000.000 de euros sin IVA, Puertos del Estado utilizó 1.491.274 euros de fondos europeos».

Cabe destacar que Puertos del Estado adquirió ocho millones de mascarillas a la empresa recomendada por Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. Los requisitos de este contrato se modificaron en tiempo récord, ya que -en sólo 38 minutos- Transportes modificó la orden de compra, duplicando la adquisición y la cuantía, por exigencia de la propia empresa.

El dato es relevante, dado que las autoridades comunitarias ya han expresado su profunda preocupación por la utilización de fondos europeos en el caso Koldo. Bruselas ha advertido en este tiempo sobre la «tolerancia cero» frente al «fraude y la corrupción con los fondos de la UE» y apunta que «los Estados miembros son los principales responsables de prevenir, detectar y corregir las irregularidades, tanto fraudulentas como no fraudulentas, y de dotar a los sistemas de gestión y control de todos sus programas de medidas antifraude eficaces y proporcionadas». Un aviso directo al Gobierno de España, a Armengol -ahora presidenta del Congreso- y a Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Es el único pago con fondos europeos que detecta la auditoría, señalando que, en el segundo de los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión, por un importe de 12,5 millones «Adif no utiliza fondos europeos».

Así, resuelve que «se constata que únicamente el organismo Puertos del Estado utilizó cofinanciación procedente del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE)».

La auditoría revela que la financiación fue supervisada por la Subdirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Hacienda y «auditado por la Autoridad de Auditoría (Intervención General de la Administración del Estado)». Ambos informes fueron aportados a la auditoría por Puertos del Estado.

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea «está destinado a permitir a la hoy UE a responder de manera rápida, eficaz y flexible a situaciones de urgencia (…) principalmente cuando en el territorio de un Estado miembro sobrevenga una catástrofe grave de carácter natural que repercuta gravemente en las condiciones de vida de los ciudadanos, el medio natural o la economía de una o varias regiones». En respuesta a la pandemia se amplió el ámbito de aplicación, con el fin de dar cobertura a las emergencias graves de salud pública. La División de Control de Fondos Europeos está adscrita a la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) de la IGAE, en el Ministerio de Hacienda.

Puertos del Estado explicó durante la realización de la auditoría que «la posibilidad de financiación con fondos de la Unión Europea se puso de manifiesto con fecha muy posterior (2023) a la adjudicación de los contratos Por lo tanto, resultaba imposible hacer constar la cofinanciación europea en la publicación de la adjudicación de los contratos».

En el escrito, la entidad presume incluso de disponer de «un plan de medidas anti-fraude a reducir el riesgo residual de fraude» en el contexto del llamado Plan de «recuperación, transformación y resiliencia».

Investigación en 2022

El Gobierno conocía ya la investigación a la trama Koldo en 2022. Como reveló OKDIARIO, el Ministerio de Hacienda ya requirió documentación sobre los contratos en enero de dicho año. Hasta cuatro ministerios -Transportes, Hacienda, Interior y Sanidad- conocían se año que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil seguían la pista de las irregularidades de los contratos concedidos a Soluciones de Gestión S.L., empresa para la que intermediaba Koldo García.

Ese año, la UCO requirió documentación a distintos departamentos del Ejecutivo de Pedro Sánchez al advertir la posibilidad de que, tras los contratos para la compra de mascarillas concedidos durante la pandemia, existiese una trama corrupta.

El Ministerio de Transportes, que a través de Puertos del Estado concedió el mayor contrato a la trama, fue requerido por la UCO en mayo de 2022 para aportar toda la documentación disponible.