Transportes se inventó un reparto de mascarillas a taxistas y camioneros para pagar 6 millones más a Aldama

En marzo de 2020, justo cuando España cumplía su primera semana de confinamiento, el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos se inventó in extremis un reparto de mascarillas a conductores de taxis, VTC y camioneros para poder justificar la decisión de elevar de 4 a 8 millones de mascarillas el primer pedido a la trama liderada por Víctor de Aldama. En apenas media hora, el ministerio modificó la orden de compra, permitiendo así a Aldama y a sus socios engordar su primer pelotazo en 10 millones de euros. Días más tarde, el Gobierno regularía el uso de esas mascarillas entre los profesionales del transporte fruto de esa modificación improvisada.

El 3 de abril de 2020, sólo unos días más tarde de que Pedro Sánchez decretase el confinamiento total para toda la población excepto a los «trabajadores esenciales», el Ministerio de Transportes instaba a los profesionales a realizar su trabajo «con la debida protección de la salud», para lo cual hacía «necesario el uso de mascarillas». Era el propio ministerio el que iba a repartirlas, en base a una partida propia de cuatro millones de unidades. 

De esta forma, el Gobierno introducía en el sector una serie de instrucciones que servirían de base para la posterior obligatoriedad de las mascarillas. Pero el origen de aquella primera disposición se localiza 15 días antes. El día del primer pelotazo de la trama Koldo.

El 20 de marzo de 2020, la trama liderada por Víctor Aldama presentó su primera oferta de mascarillas a Puertos del Estado. Lo hizo incluso un día antes de que el BOE publicase la Orden Ministerial TMA/263/2020 que regulaba esa primera compra de protecciones por parte del departamento de Ábalos.

La influencia de la trama en este concurso fue tal que, tal y como acredita la Unidad Central Operativa (UCO) y figura en la auditoría realizada en Transportes, fueron capaces de modificar en tiempo récord los requisitos planteados en esa compra pública de material. En sólo 38 minutos, a las 8.00 de ese 20  de marzo, Transportes pasó de necesitar cuatro millones de mascarillas a necesitar ocho millones. El contrato se elevó de 10 a 20 millones de euros automáticamente.

Aquella modificación fue una exigencia directa de Soluciones de Gestión S.L., la firma de Víctor Aldama: los ocho millones de unidades eran el mínimo que le exigía su proveedor chino, por ello la oferta a Transportes se presentó por esa cantidad. «Ocho millones o nada», la trasmitió aquel día Koldo García al ex ministro, tal y como figura registrado en las intervenciones telefónicas realizadas a los dispositivos de los implicados.

La solución fue simple: a los cuatro millones de mascarillas previstos para cubrir las necesidades de las empresas públicas vinculadas a Transportes se le añadió de la nada y a última hora un segundo apartado. Así, quedó establecido en la orden ministerial que se repartieran otros cuatro millones «a trabajadores que prestan servicios en el ámbito del transporte terrestre de viajeros y de mercancías, no incluidos en la letra anterior, así como personal del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana».

«No se justifica»

El propio informe de auditoría en Transportes apunta la irregularidad: «De este modo, pudiera parecer que la estimación final del alcance de la emergencia, duplicada en tan solo 38 minutos, estaría más relacionada con la oferta existente que con las necesidades detectadas en relación con un tiempo determinado, 15 días naturales». «No parece justificarse que, habiéndose estimado una necesidad de 4 millones de mascarillas para 15 días naturales (duración del estado de alarma), en sólo 38 minutos se duplique tal estimación», indicen los auditores.

Así, el Ministerio de Transportes se inventó en apenas media hora un reparto de mascarillas a taxistas, camioneros y otros profesionales del sector que, en realidad, nunca llegó. Se pagaron 300.000 euros a una empresa para que las repartiese por asociaciones y patronales del transporte, pero nunca hubo constancia de ese reparto. Ni actas de recepción del material.

Finalmente, se optó por repartirlas a través de Correos, obligando a cada trabajador que quisiese las mascarillas a desplazarse hasta una oficina para recoger dos unidades. De esas mascarillas, sin embargo, no hubo nunca constancia que fuesen las que la trama Koldo endosó a Transportes.

Imputar a Ábalos

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que investigue al que fuera secretario de organización del PSOE y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por su «papel principal» en el caso Koldo.

El magistrado considera que existen «indicios fundados y serios» de su participación en la organización criminal que supuestamente se lucró con las mordidas en la venta de mascarillas a la administración pública durante los peores meses de la pandemia a través de un entramado creado por el empresario Víctor de Aldama.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Dos ha considerado que los indicios que existen permiten atribuir a Ábalos una «imputación clara y concreta» en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

La Audiencia Nacional no puede juzgar al ahora diputado del Grupo Mixto porque se encuentra aforado como representante en la cámara baja. Ismael Moreno considera que no puede seguir sus diligencias de investigación al afectar directamente a Ábalos. Por eso, argumenta en una exposición razonada que la investigación la debería continuar en la Sala Segunda del Supremo. Ahora será el Alto Tribunal el que decida si asume toda la investigación o sólo lo que se refiere al ex ministro de Fomento.