Anticorrupción pide investigar a Ábalos porque la trama «sería difícil de entender sin su participación»

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se solicite investigar en el Tribunal Supremo al que fuera número 3 del PSOE y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, porque «resulta difícil entender la operativa desarrollada por Koldo García [ayudante de Ábalos] y Víctor de Aldama [comisionista de la red] sin su participación». Así lo ha expresado el Ministerio Público en su informe remitido a Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional instructor del caso Koldo.

Anticorrupción envió un informe fechado en el pasado martes 15 de octubre al juzgado en el que instaba al magistrado de la Audiencia Nacional a que solicitara al Alto Tribunal la imputación de Ábalos. El texto se apoya en otro informe, el de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La Fiscalía afirma, de acuerdo con ese escrito, que existen indicios delictivos que argumentan la decisión de imputar al ahora diputado del grupo mixto.

Ahora se conoce el contenido del texto del Ministerio Público. Lo primero que hace es destacar que la relación entre Aldama y Koldo era por «el acceso que éste le proporcionaba a instancias superiores». Todo ello, con el objetivo de «asegurarse su participación, con beneficio propio y de terceros» en contratos con el Ministerio de Transportes, y «con los gobiernos autonómicos de Baleares, Canarias o La Rioja».

Anticorrupción destaca que al ser Koldo el ayudante de Ábalos, la posición del entonces ministro y ex número 3 del PSOE «le daba cierto ascendiente sobre aquellas administraciones autonómicas en las que el gobierno era de este partido político, como era el caso de Canarias, Baleares y La Rioja».

«Presunta organización criminal»

El informe habla de «presunta organización criminal» y se refiere al pistoletazo de salida de la misma a las mordidas que obtuvo la trama en la venta de mascarillas al ministerio, Puertos del Estado, ADIF y la secretaria de Estado durante los peores meses de la pandemia.

Señala que Aldama tenía «información privilegiada que provenía del ministerio» para ponerse a buscar empresas que suministrasen mascarillas y se le adjudicó el contrato sin que hubiera opción a que se presentasen otras. «La propuesta llegó desde la más alta instancia del ministerio», recuerda la Fiscalía que dijo uno de los investigados. Y asegura que esa indicación no podía provenir de un simple asesor de Ábalos.

«Resulta difícil entender la operativa desarrollada por Koldo García y Víctor de Aldama, sin la participación de José Luis Ábalos», subraya el informe de Anticorrupción. La Fiscalía destaca que Aldama se refería a Ábalos como «el jefe».

La Fiscalía también incide en la importancia para las «gestiones realizadas para conseguir la condición de operadora para la empresa Villafuel SL».  El Ministerio Fiscal pone en valor que «estas gestiones se prolongaron hasta finales de 2021, cuando Koldo García, junto con el propio Ábalos, ya había cesado en el ministerio». Desde entonces, el empresario Claudio Rivas, dueño de la sociedad distribuidora de carburantes, «pidió a Víctor de Aldama que cesará su intervención por resultar contraproducente para sus pretensiones».

Las evidencias aportadas por la Guardia Civil, según la Fiscalía, denotan que «era el propio Ábalos quien se encontraba al cargo del contrato con Soluciones», la empresa de la trama que vendía mascarillas a la administración. En definitiva, que toda la gestión de Koldo «estaba avalada por el ministro».

Sus servicios «fueron retribuidos»

El Ministerio Público también considera que «los servicios prestados por José Luis Ábalos a Víctor de Aldama fueron retribuidos por éste». Y menciona directamente la compra del chalet en Cádiz por parte de un empresario que, posteriormente, cederían al ex número 3 socialista para disfrutarlo en régimen de alquiler. La comunicación compartida entre los implicados en la trama «vincularía la participación de Ábalos en los
contratos investigados».

Por otro lado, también señalan otro indicio en relación con la «relación, que el informe policial es calificada de particular con una tercera persona». «Esta relación de Ábalos con Jessica llevó a que fuera contratada por un organismo dependiente del ministerio, Ineco», señala.

«El pago del alquiler del inmueble en que residía Jéssica, vinculada, como se dice en el informe policial, de manera muy personal a Ábalos, era responsabilidad de Víctor de Aldama», que lo haría a través de personas interpuestas y sociedades bajo su control, como señala el informe. Todos esos gastos, tal y como señala la Fiscalía, «hacen un total de 88.101,43 €, en transferencias realizadas entre el 15 de marzo de 2019 y el 21 de septiembre de 2021».