Cuatro ministerios sabían ya en 2022 que la UCO investigaba la trama de las mascarillas

La irrupción de la trama Koldo no ha cogido inadvertido al Gobierno ya que cuatro ministerios -Transportes, Hacienda, Interior y Sanidad- conocían ya desde 2022 que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil seguían la pista de las irregularidades de los contratos concedidos a Soluciones de Gestión S.L., empresa para la que intermediaba Koldo García. Ya ese año, la UCO requirió documentación a distintos departamentos del Ejecutivo de Pedro Sánchez al advertir la posibilidad de que, tras los contratos para la compra de mascarillas concedidos durante la pandemia, existiese una trama corrupta.

Así lo revela la documentación incluida en el sumario sobre el caso Koldo, aportada por los distintos ministerios ya desde 2022. El Ministerio de Transportes, que a través de Puertos del Estado concedió el mayor contrato a la trama -20 millones de euros por ocho millones de mascarillas-ya fue requerido por la UCO en mayo de 2022 para aportar toda la documentación disponible. La solicitud fue atendida por Álvaro Rodríguez Dapena, presidente de la entidad, y la documentación reveló, por ejemplo, que Soluciones de Gestión había prefabricado la factura un día antes de resultar adjudicataria del contrato de 20 millones.

El segundo contrato de mayor cuantía, 12,5 millones, fue concedido por Adif, también dependiente de Transportes. En mayo de 2022, ese organismo fue requerido por los investigadores para que aportarse documentación relacionada con esa adquisición de mascarillas. La solicitud fue atendida por tres cargos: el director adjunto al presidente, el director general de gestión de personas y el secretario general. Los tres, según consta en el sumario, «aportaron un archivo digital con la información obrante en su poder».

En enero de ese año, 2022, Adif ya había facilitado a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) un documento en el que negaba haber tenido relación con los cabecillas de la trama investigada, entre ellos Víctor de Aldama. En ese informe facilitado a Hacienda se aseguraba también que «la elección de Soluciones», una empresa que no tenía experiencia en este tipo de operaciones, se hizo «en base a que en esos momentos era proveedor de Puertos del Estado».

También en mayo de 2022, el Ministerio del Interior fue requerido por la UCO para informar sobre el contrato de mascarillas con Soluciones, en este caso de 3,5 millones. Desde el departamento de Grande-Markaska, subrayan los investigadores, se llegó a suministrar material «en un formato ilegible», que no pudo ser «analizado». También a Interior se había dirigido Hacienda en enero, para preguntar sobre su conocimiento acerca de los líderes de la trama. La respuesta de Interior fue totalmente hueca: «No se tiene constancia». El ministerio que dirige Grande-Marlaska reconoció que, en ese momento, «tenía problemas para la compra de mascarillas» y que «contactó con el Ministerio de Fomento para abastecerse de material sanitario, ya que eran conocedores de que éstos habían logrado acceder a una línea de compra».

Por su parte, el Ministerio de Sanidad respondió en julio de 2022 a un requerimiento de la UCO, que fue atendido por la directora del Instituto de Gestión Sanitaria. Este organismo incluyó a Soluciones de Gestión como adjudicatario de su megacontrato de 2.500 millones para dotar a las comunidades autónomas de material sanitario.

«Usted lo sabía»

Desde el Partido Popular insisten en pedir responsabilidades a Pedro Sánchez, afirmando que era conocedor de la trama investigada. «Usted lo sabía y lo tapó», espetó Núñez Feijóo al presidente del Gobierno en la última sesión de control en el Congreso. Los contratos de Puertos del Estado y Adif fueron validados en el Consejo de Ministros, como informó este periódico.

En cualquier caso, lo que sí revela la investigación es que la Guardia Civil ya había iniciado sus actuaciones en 2022, un año antes de las elecciones generales de julio de 2023. De hecho, en junio de 2023 la UCO entregó a la Fiscalía Anticorrupción el informe clave sobre el caso, en el que se vinculaba al empresario Juan Carlos Cueto con Koldo García. Es decir, ese informe de la investigación policial se cursó apenas un mes antes de esos comicios, en los que Pedro Sánchez hizo bandera de la lucha contra la corrupción.

Ese mismo mes, junio de 2023, Anticorrupción elevó a la Fiscalía Europea documentación sobre los contratos suscritos con la trama Koldo por los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares. Se lo notificó por una razón de calibre, por «afectar a fondos de la Unión Europea». Como reveló este periódico, tanto el actual ministro Ángel Víctor Torres como la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, modificaron los contratos para endosar a la UE el pago de mascarillas defectuosas.