Armengol avaló a los socios de Koldo el día que la trama optaba al contrato de 2.500 millones de Sanidad

El Gobierno de Baleares presidido por la actual presidenta del Congreso Francina Armengol firmó el 12 de agosto de 2020 un certificado en el que afirmaba que la empresa investigada en la trama Koldo, Soluciones de Gestión, había suministrado «de manera satisfactoria» un encargo de mascarillas por 3,7 millones «sin ninguna incidencia». Por entonces, el Ejecutivo balear ya sabía que las mascarillas eran defectuosas y que no podrían ser utilizadas en los hospitales, como era el objetivo.

Ese mismo día, 12 de agosto, Soluciones de Gestión presentaba su solicitud para optar a uno de los lotes del gran contrato del Ministerio de Sanidad para suministrar material sanitario a las comunidades autónomas. En concreto, los socios de Koldo García -ex asesor de José Luis Ábalos en Transportes- se postulaban para el suministro de mascarillas de tipo FFP2 y FFP3. Finalmente, la empresa fue una de las 72 adjudicatarias elegidas entre 155 candidatas.

En aquel momento, sin embargo, tanto el Gobierno de Armengol como el propio Ministerio de Transportes conocían los defectos del material suministrado por la empresa para la que Koldo ejercía de intermediario. Incluso se había ordenado la retirada de varios lotes defectuosos.

En el caso balear, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) revisó la mercancía y el 8 de junio de 2020, el Servicio de Salud de Baleares recibió la conclusión de que «ninguna de las referencias» analizadas cumplía «con los requisitos de una mascarilla FFP2», como figuraba en el contrato. Pese a ello, el Gobierno balear pagó a la empresa e incluso endosó el gasto a la Unión Europea. El 12 de agosto, es decir, dos meses después de recibir el informe sobre el material defectuoso, Armengol acreditó a la empresa con un certificado en el que se aseguraba que había realizado «suministros de manera satisfactoria durante el año 2020», sin «ninguna incidencia».

Desde el PSOE balear se defiende que era un certificado «tipo» para que «quedase constancia de que se había producido una transacción económica», si bien el documento destaca que esa operación no ha conllevado «incidencias» y facilitaba a la empresa seguir contratando con la administración pública.

Más avales

Lo cierto es que Soluciones de Gestión se valió de ese documento para acceder al contrato de Sanidad. Pero también de otros que, como reveló OKDIARIO, se firmaron pese a conocerse ya la baja calidad del material. Como Armengol, también el Ministerio de Transportes -a través de Adif y Puertos del Estado- y de Interior emitieron sus certificados de solvencia a favor de los socios de Koldo, en ese caso, un día después, el 13 de agosto.

En uno de ellos, el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares acredita que Soluciones había ejecutado «la totalidad del contrato con arreglo a las condiciones establecidas», detallando que el pedido había consistido en «mascarillas médicas antivirus a prueba de polvo K112 respirador FFP2», por un importe total de 20 millones.

Por su parte, también de 13 de agosto, Adif avala igualmente que la empresa ahora investigada «inició el servicio indicado desde marzo hasta mayo de 2020, ejecutándolo con arreglo a condiciones y satisfacción del que suscribe», es decir, el director general de gestión de personas.

Sin embargo, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el contrato de Puertos del Estado con Soluciones de Gestión desvela que «con fecha 12 de agosto de 2020», es decir, el mismo día en que optaba al contrato de Sanidad, la empresa emitió «una factura rectificativa en la cual se reseña que se trata de la devolución de 19.000 euros debido a la importación de material defectuoso». En concreto, la devolución se correspondía con 7.600 mascarillas que no cumplían las condiciones, y que formaban parte de un suministro del mes de abril. En diciembre, la empresa emitió una nueva factura para rectificar el envío de material defectuoso. Como admitió después el Ejecutivo en una respuesta escrita en el Congreso de los Diputados, en «algunas mascarillas los pequeños orificios que disponen las mismas, que deberían estar recubiertos de una película filtrante, no disponían de dicha película».

Pese a ello, y gracias a esos avales, Soluciones de Gestión se convirtió en una de las adjudicatarias del gran contrato de Sanidad. En concreto, accedió a dos de los lotes ofertados para el suministro de mascarillas FFP2 y FFP3, las de más alta protección y seguridad. 

La empresa «logra certificados de garantía de empresas e instituciones a los que ya ha suministrado material sanitario, logrando así postularse como proveedor de mascarillas en este acuerdo marco, lo que entre otros aspectos, quedaría justificada su elección por las entidades participantes», se recoge expresamente en uno de los informes elaborados por la Guardia Civil y que forman parte del sumario.

El súper contrato del Ministerio de Sanidad de Illa tenía como objetivo que las comunidades autónomas pudiesen abastecerse de material sanitario -mascarillas, test, batas o guantes- de forma más ágil. Pese a la adjudicación, en los informes de la Guardia Civil se destaca que «no se tiene conocimiento» de que, finalmente, hubiera «suministrado material sanitario y/o equipos de protección».