El Gobierno avaló a los socios de Koldo pese a que ya había detectado mascarillas «con defectos»

El Gobierno, a través de Puertos del Estado y Adif, organismos dependientes del Ministerio de Transportes, emitió sendos certificados el 13 de agosto de 2020 en los que se acreditaba que las mascarillas que habían adquirido a la trama de Koldo García -8 millones de unidades por 20 millones de euros y otros 5 por 12,5 millones de euros, respectivamente- se ajustaban a las «condiciones establecidas». Ello, pese a que por entonces el Ministerio de Transportes ya había detectado una partida de mascarillas defectuosas que podían suponer un riesgo «para la seguridad», las había retirado y había reclamado a la empresa.

Los documentos, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, están firmados por el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y por el director general de gestión de personas de Adif, Michaux Miranda.

En el primero consta que el contrato con Soluciones de Gestión SL -la empresa para la que intermediaba Koldo García- había ejecutado «la totalidad del contrato con arreglo a las condiciones establecidas», detallando que el pedido había consistido en «mascarillas médicas antivirus a prueba de polvo K112 respirador FFP2», por un importe total de 20 millones.

«La empresa adjudicataria ejecutó la totalidad del contrato con arreglo a las condiciones establecidas (…) Y para que así conste a petición del interesado, expido el presente certificado en Madrid a 13 de agosto de 2020», se recoge expresamente.

Por su parte, en el otro certificado, también de 13 de agosto, Adif avala igualmente que la empresa ahora investigada «inició el servicio indicado desde marzo hasta mayo de 2020 ejecutándolo con arreglo a condiciones y satisfacción del que suscribe», es decir, el director general de gestión de personas.

Informe de la UCO

Sin embargo, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el contrato de Puertos del Estado con Soluciones de Gestión desvela que «con fecha 12 de agosto de 2020», es decir, un día antes de que se expidiesen los certificados de solvencia, la empresa emitió «una factura rectificativa en la cual se reseña que se trata de la devolución de 19.000 euros debido a la importación de material defectuoso». En concreto, la devolución se correspondía con 7.600 mascarillas que no cumplían las condiciones, y que formaban parte de un suministro del mes de abril.

Es decir, cuando desde el Gobierno se emiten los certificados de solvencia ya se había detectado con suficiente antelación que una parte de las mascarillas suministradas por la empresa para la que intermediaba Koldo García eran defectuosas, se había reclamado y ésta había emitido una devolución. El 14 de agosto, Soluciones de Gestión emite una nueva factura «donde se reseña en la descripción que se trata de la reposición de una partida defectuosa de material sanitario», recogen los investigadores.

Meses después, ya en diciembre de ese año, la empresa emitió otras dos facturas para solventar el envío de más mascarillas defectuosas, correspondientes también al pedido de abril. En concreto, de 42.600 unidades, por un importe de 106.500 euros.

Mascarillas defectuosas

Parte del material retirado correspondía a dos envíos de mascarillas que habían sido distribuidos por Puertos del Estado y Adif a la entidad de Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), según desvelaron estas entidades a través de sendas respuestas posteriores en el Portal de Transparencia.

En enero de 2021, el Gobierno, a través de una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, explicó que «los defectos se detectaron a bordo durante la realización de trabajos de mantenimiento» y que «el problema consistía en que en algunas mascarillas los pequeños orificios que disponen las mismas, que deberían estar recubiertos de una película filtrante, no disponían de dicha película». «Una vez notificado el defecto se dio orden inmediata de retirada», destaca el Ejecutivo. Según esta respuesta, «no todas las mascarillas presentaban defectos, pero por seguridad se dio orden de retirada a la partida completa. La partida completa fue sustituida por otras mascarillas de similares características y sin defectos. No se ha notificado o detectado ningún incidente más, ni ningún trabajador ha reportado ningún efecto adverso tras la utilización de las mascarillas», aclaraba el Gobierno.

El certificado de solvencia por parte de los entes del Gobierno resultaba de gran importancia para los socios de Koldo García, pues constituía una recomendación de cara a nuevos contratos. Aunque los defectos -al contrario que en Baleares- afectaron a una pequeña parte de las mascarillas enviadas, la incidencia no aparece reseñada en ningún caso.

Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas cuestionó, en uno de los informes de fiscalización de los contratos de la pandemia, la contratación millonaria por parte de Puertos del Estado y Adif con Soluciones de Gestión SL, dudando de su solvencia. En concreto, advirtió que «de la capacidad y solvencia» de la empresa no existía «antecedente alguno» y que su objeto social «no amparaba tales suministros [mascarillas] pues contemplaba servicios generales de administración de empresas».