La trama ‘fabricó’ la factura de 20 millones un día antes de que el Gobierno le adjudicara el contrato

Soluciones de Gestión, la empresa para la que intermediaba Koldo García -por entonces asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos- elaboró la factura por la venta de ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros justo el mismo día, 20 de marzo de 2020, en que Ábalos dictó la orden en la que instaba a la compra de este material sanitario.

Así se recoge en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario, al que ha tenido acceso OKDIARIO. En él se detalla cómo «un día antes de la adjudicación del contrato, el 20 de marzo de 2020, Soluciones de Gestión confecciona diversos documentos a fin de aportarlos a la Administración Pública», siendo uno de ellos una «factura proforma», la cual se describe «como una oferta realizada a la Administración cuya vigencia será de 24 horas». En esa factura se detalla que «en el plazo de 48 horas se suministrarán 8.000.000 de unidades de mascarillas tipo FFP2 a un precio unitario de 2,50 €, lo que hace un total de 20.000.000 euros». El contrato fue adjudicado apenas un día después, el 21 de marzo.

En la orden emitida por Ábalos ese 20 de marzo, día en que los socios de Koldo ya elaboraron la factura, se instaba a adquirir «un máximo de 8.000.000 de mascarillas protección FFP2 con objeto de su posterior distribución en el ámbito del sector del transporte, con motivo de la situación de emergencia de salud pública provocada por el Covid-19».

Los destinatarios de dicha adquisición serían el personal que prestaba sus servicios en el sector del transporte en áreas de riesgo, «distribuyéndose a los trabajadores relacionados con el servicio de transporte público de competencia estatal, autonómica y local, así como a los trabajadores del ámbito privado relacionados con el transporte de viajeros y de mercancías en todo el territorio nacional».

Las mascarillas serían adquiridas por Puertos del Estado, para su distribución posterior a otras entidades públicas, como Adif, Renfe, AENA, Correos o la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar).

Apenas un día después de esa orden, el contrato ya tenía proveedor. Y el mismo día de esa orden, los socios de Koldo García, mano derecha del ministro, ya habían elaborado la factura.

En esa misma factura, según consta en la documentación de la UCO, la empresa indicaba «como forma de pago» que se abonaría «por adelantado el 50% del valor de la oferta (contra emisión de aval bancario) y el 50% restante, una vez sea entregado el material en Madrid».

Irregularidades

El Tribunal de Cuentas cuestionó dos años después la contratación del ministerio de Ábalos. En su informe de fiscalización de los contratos de la pandemia señalaba, por ejemplo, que «de la capacidad y solvencia de la empresa seleccionada» no existía «antecedente alguno» y destacaba además que su «objeto social no amparaba tales suministros, pues contemplaba la prestación de servicios generales de constitución, financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones, así como la investigación, desarrollo, aplicación comercial e industrial, venta y distribución de sistemas», según se puede leer en el informe.

«Concierto previo»

La Fiscalía Anticorrupción ya denunció la existencia de un «concierto previo» en esa contratación, según se recoge en la querella del Ministerio Público, consultada por este periódico.

En esa querella se incluye un gráfico que refleja que el plazo de tiempo entre la publicación de la orden de contratación de Ábalos y la adjudicación a la empresa para la que intermediaba Koldo fue «prácticamente inexistente».

De hecho, la orden no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), hasta el 21 de marzo, es decir, el mismo día en que se producía la adjudicación a Soluciones de Gestión SL de un contrato para cubrir esa necesidad.

«Este extremo parece evidenciar un concierto previo entre los responsables de la toma de decisiones en Soluciones de Gestión SL y la Administración Pública», indicaba el fiscal en un escrito firmado el pasado 6 de septiembre.

Esta presunta connivencia entre la empresa principal de la trama y el Gobierno «también se ha reflejado en los contratos que esta compañía firmó con otras sociedades en ese momento temporal con el fin de cubrir la entrega de los equipos de protección individual», es decir, de mascarillas a un precio muy superior al del mercado.