Armengol cambió el contrato con el socio de Koldo 5 meses después de firmarlo para pagarlo con fondos UE

El Gobierno de Baleares, presidido por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, rectificó el anuncio del contrato de mascarillas por 3,7 millones con la empresa del caso Koldo, para cargarlo a los fondos de la Unión Europea. Lo hizo apenas cinco meses después de firmarlo. De esta forma, se matizó que el contrato sería financiado con el dinero europeo, en concreto, con las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El 12 de mayo de 2020, el Servicio de Salud de Baleares publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el contrato con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la empresa ahora investigada en la trama de presuntas mordidas que implica al ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García. En dicho contrato se explicitaba el «suministro de material Covid-19: mascarillas FFP2» por el importe total de 3.701.500 euros. Se trató de un procedimiento negociado sin publicidad por su «tramitación de emergencia», como consta en la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

El 19 de octubre de ese año, se rectificó el anuncio para añadir nueva información, como que el contrato contaba con «financiación con fondos de la UE», en concreto, «con cargo» al programa Feder 2014-2020 de las Islas Baleares. Así quedó recogido días después en el suplemento oficial de adjudicaciones de la Unión Europea, con fecha 23 de octubre de 2020.

Bruselas en alerta

La financiación con fondos UE de los contratos ahora investigados es un asunto nuclear y con importantes derivadas para el Gobierno español. Bruselas ya está en alerta sobre el caso, como ha publicado este periódico. Fuentes de la Comisión Europea han confirmado a OKDIARIO que se «tomarán todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea» y advierten de la «política de tolerancia cero con el fraude».

«Los fondos de cohesión deben utilizarse de acuerdo con los requisitos regulatorios y los objetivos de la Política de Cohesión», advierten desde la institución comunitaria. Recuerdan, asimismo, que los países «son los responsables de la gestión sólida de aproximadamente tres cuartos del presupuesto europeo, así como los beneficiarios de los fondos». Y remarcan que la Comisión «cooperará con la Agencia Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, y con la Oficina del Fiscal Europeo en caso de sospechas de fraude, para recuperar los fondos que se hayan podido malversar».

15,3 millones

En junio del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción ya remitió a la Fiscalía Europea varios de los contratos firmados por los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, entonces en manos del PSOE -por un importe total de 15,3 millones de euros-, al entender que «podrían afectar a fondos de la Unión Europea» por estar financiados con dinero comunitario. El PP ha iniciado una ofensiva en Bruselas para conocer la implicación de estos contratos con los fondos UE.

En concreto, Anticorrupción apunta al Gobierno canario -dirigido por el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres- por cuatro los contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión entre abril y mayo de 2020 para el suministro de mascarillas por un importe de 2.095.018 euros, 447.061 euros, 4,7 millones de euros y 5 millones, respectivamente.

En el caso de la administración de Armengol, consta el contrato antes reseñado con la empresa angular de la trama Koldo, adjudicado en mayo de 2020, por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.

La Audiencia Nacional y la propia Fiscalía Anticorrupción investigan además distintos contratos adjudicados por los ministerios de Transportes -Puertos del Estado y Adif- y de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a la presunta trama en la que habría participado el ex asesor de José Luis Ábalos. La cuantía total de los contratos asciende a 53 millones de euros. 

Pese a las informaciones que se van revelando sobre el caso Koldo, Armengol ha afirmado este martes que volvería a comprar «una y mil veces» los 1,5 millones de mascarillas a la empresa investigada.

Esas mascarillas eran de peor calidad que lo acordado y, de hecho, nunca se utilizaron y permanecen aún almacenadas en un depósito. El Gobierno de Armengol reclamó 2,6 millones a Soluciones de Gestión por esta compra, justo antes de la llegada de la popular Marga Prohens a la Presidencia balear.

Una fiscalización de la Oficina Anticorrupción de Baleares, en 2020, deja constancia de ese contrato. Según las alegaciones del Ejecutivo de Armengol, «fue la empresa quien contactó» con el Servicio de Salud, ofreciéndose a encargarse del transporte hasta Palma.