El Gobierno desprecia a la Sanidad privada y ataca a las residencias en su plan para reconstruir España

El plan que servirá de base para que la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados elabore sus conclusiones -firmado por PSOE y Podemos- no contempla a la Sanidad privada y ataca sin tapujos a las residencias, el foco más vulnerable y azotado por la pandemia.

Las propuestas de las formaciones que integran el Gobierno socialcomunista se han acabado imponiendo a los borradores registrados por el resto de grupos. Los partidos formularán ahora sus enmiendas y se volverán a reunir el miércoles para su debate. Las conclusiones se elevarán el viernes al plenario de la Comisión de Reconstrucción, para su votación.

En el documento relativo a la Sanidad sí se incluyen propuestas para la colaboración público-privada en investigación farmacéutica o biotecnología, pero ninguna alusión a las propuestas de mejora o de cooperación con la Sanidad privada, pese a que su asistencia durante la crisis del coronavirus fue fundamental desde que, en abril -durante los momentos más críticos de la pandemia- el Gobierno le ordenase poner todos sus medios a disposición de las comunidades autónomas, como centros, servicios y establecimientos de diagnóstico clínico.

Según los datos actualizados de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), 124 hospitales privados han atendido al 16% de los pacientes diagnosticados o con sospecha de Covid-19 y han asumido el 14% de los ingresos en cuidados intensivos (1.536 personas). Las inversiones en este tiempo ascendieron a más de 13,5 millones de euros.

La Sanidad privada atraviesa ahora momentos de incertidumbre y, según los cálculos del sector, unos 2.400 centros no hospitalarios están abocados al cierre.

Ataque a las residencias

Por otro lado, el documento pactado entre PSOE y Podemos arremete contra las residencias y elude cualquier responsabilidad en la muerte de miles de ancianos por una actuación tardía.

Así, los socialistas avalan el ataque habitual de sus socios de Podemos -Pablo Iglesias acusó a las residencias privadas de estar en manos de «fondos buitre» y de «corruptos»- y aseguran en el texto que «antes de la pandemia eran ya muy frecuentes las denuncias por deficiencias en la atención a los residentes, por falta de supervisión y control, junto con malas condiciones laborales, bajos salarios, alta rotación y baja cualificación del personal».

«Además, existían notables deficiencias en los sistemas de inspección y control de las residencias privadas y públicas por parte de las administraciones responsables», señalan también.

Según los datos aportados por el Ejecutivo -que toma como referencia los del Centro Superior de Investigaciones Científicas, en abril de 2017-372.872 personas mayores de 65 años vivían en las 5.417 residencias registradas. De ellas el 71% son privadas y el 29% públicas de las cuales el 75% han externalizado su gestión.

El Gobierno evita su responsabilidad en las residencias y llega a culpar a los cuidadores por el «contacto» con los ancianos

«Son las Comunidades Autónomas las responsables de la autorización, supervisión directa, vigilancia y control», destaca el documento. Sin embargo, cabe recordar que durante el estado de alarma, el vicepresidente social Pablo Iglesias asumió la coordinación -mando único- de los servicios sociales.

El documento de PSOE y Podemos señala que la pandemia «ha golpeado de manera especialmente intensa las residencias sociales, en especial las residencias de mayores».

Y explica que «en ellas el coronavirus ha encontrado condiciones óptimas para su desarrollo». En cambio, no hay alusión a la responsabilidad del Gobierno en la gestión de la crisis en estos centros. De hecho, se atribuye el gran impacto en que los «residentes son especialmente vulnerables», en los «condicionantes institucionales» (como el «espacio físico limitado» o el «contacto estrecho» en las actividades desarrolladas por los centros) y en «la dificultad de manejar la enfermedad». Incluso se responsabiliza a los cuidadores por «el contacto frecuente» con los ancianos, así como de los familiares que les visitaban en la residencia, «la transmisión asintomática» o «el no haber anticipado a tiempo que el elemento fundamental de protección era impedir la entrada del virus a las residencias».

Pese a que el coronavirus impactó con fuerza en las residencias desde el primer momento, Sanidad no empezó a tomar medidas hasta el 5 de marzo, cuando emitió un protocolo muy básico en el que recomendaba aislar a los ancianos con síntomas en sus habitaciones. Por entonces, las residencias llevaban tiempo solicitando sin éxito ayuda al Gobierno y desde la patronal CEAPs habían tomado la iniciativa de informar a los centros de las medidas para hacer frente a la pandemia.