El Gobierno asegura por escrito a los separatistas que los colegios decidirán sobre las clases en español

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue decidido a mantenerse de perfil ante la polémica por el ataque al español en Cataluña. El Ejecutivo, que evitó tomar medidas en el linchamiento a la familia de un niño en Canet de Mar (Barcelona) por reclamar el 25% de las clases en castellano, delega en la Generalitat y los colegios las decisiones sobre la enseñanza en catalán y en la lengua de todos los españoles.

Así resuelve el Gobierno una batería de preguntas por escrito en el Congreso, en las que los diputados de Junts per Catalunya Josep Pagès y Miriam Nogueras se quejan de las recientes sentencias -entre ellas, del Tribunal Supremo- que avalan la enseñanza en español en Cataluña. Según los separatistas, «el catalán está siendo de facto residualizado en los centros de enseñanza catalanes».

En este contexto, recuerdan cómo la ley de Educación del Gobierno, también conocida como Ley Celaá, «elimina la referencia a las lenguas vehiculares» y preguntan al Gobierno si «los consensos en materia educativa y en relación con la escuela en catalán» se «han roto definitivamente con la reciente jurisprudencia que impone el bilingüismo en la enseñanza en Cataluña».

En su respuesta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ejecutivo destaca que «cualquier régimen de cooficialidad lingüística debe garantizar que todo el alumnado deberá alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente». No obstante, a continuación afirma que serán «las administraciones y los centros, cada uno en su ámbito de actuación» quienes deban «asegurar que el alumnado adquiera altos niveles de competencia en las lenguas oficiales, según donde resida».

En este contexto, según el Gobierno, «las actuaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional siempre han sido proporcionadas y respetuosas con la distribución de competencias establecidas para el sistema educativo». Una posición que ha sido muy discutida en tanto se ha inhibido de tomar medidas contra los ataques al español.

Igualmente, defiende su ley educativa que elimina la referencia al castellano como lengua vehicular -en virtud del pacto con ERC- y que delega en las comunidades autónomas la potestad para asegurar el derecho de los estudiantes a recibir enseñanzas tanto en español como en lenguas cooficiales. Una ley que, considera, garantiza «el beneficio de los escolares de manera que se preparen para vivir en sociedad».

Así, si bien admite que «el Gobierno tiene que velar por que se cumpla, no sólo el derecho sino la obligación de que el alumnado adquiera altas competencias en castellano y en la lengua oficial de su comunidad autónoma, cuando sea el caso», en la práctica reconoce que quienes deben asegurarlo son los tribunales de Justicia, las comunidades autónomas y los propios centros. OKDIARIO ya publicó la reacción de varios directores de colegios catalanes ante quienes solicitan que se cumplan las sentencias sobre el castellano: «Payasos, a cagar».

«Valoración flexible»

El Ejecutivo ha admitido, en distintas ocasiones, su inacción ante la discriminación del español en Cataluña.

Como publicó OKDIARIO, como ahora, en varias respuestas parlamentarias el Gobierno se escuda en que son los tribunales los competentes para hacer seguimientos de las sentencias y exigir su cumplimiento. También se remiten a que la Alta Inspección del Estado no tiene competencias para ello, por lo que deriva esa atribución a la comunidad autónoma gobernada por el independentismo.

En otras respuestas, el Gobierno alega incluso que «si bien el Tribunal Supremo estableció en un 25 % el porcentaje razonable de horas lectivas que debían impartirse en castellano, dicho porcentaje se fija como cumplimiento de sentencia».

«En dichas resoluciones se aclara que los jueces imponen este porcentaje para garantizar los derechos de las familias, pero el canon constitucional del bilingüismo castellano y lengua cooficial en la enseñanza no responde a un porcentaje cuantitativo determinado que deba ser atribuido como mínimo a cada lengua», alega el Ejecutivo.

Así, según el Gobierno, la «constitucionalidad del régimen lingüístico en los territorios con lengua cooficial» debe estar basada en una «valoración flexible que determine que ambas lenguas, el castellano y la lengua cooficial, tienen presencia, no sólo como materias sino también como lenguas para enseñar y que con ello el alumnado alcance el dominio pleno y equivalente en ambas lenguas».