El Gobierno ampara que los alcaldes marginen el español

El Gobierno avala las iniciativas municipales que supongan una discriminación del español porque las considera amparadas en la «autonomía municipal» recogida en la Constitución.

El Ejecutivo, en una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, da así luz verde a algunas medidas polémicas, como las que aprobó el Ayuntamiento de San Sebastián -gobernado por PNV y PSE- para promover el euskera en tiendas y negocios, marginando el español.

Esas subvenciones municipales van claramente orientadas a promocionar la lengua co-oficial, en detrimento del idioma común en toda España. Así, por ejemplo, las ayudas para rótulos en euskera podrán ser de hasta 300 euros.  También se apoya que la imagen corporativa o la página web estén en lengua autonómica, y se promueve su aprendizaje, ya que el Ayuntamiento asume hasta el 85% de la matrícula de cursos de formación para responsables y empleados de los establecimientos.

En la pregunta planteada por Vox en la Cámara baja se recordaba «la oficialidad del castellano en todas las regiones españolas, con independencia de que en algunas de ellas exista, además, una lengua co-oficial».

Hasta 2.800 euros

«Aquellos que rotulen sus locales exclusivamente en este idioma pueden llegar a obtener hasta 2.800 euros», «pero si se opta por hacerlo tanto en vasco como en español, la ayuda se reduce a la mitad», destaca la formación de Abascal. Además, «quienes lo hagan sólo en español, no obtendrán ayuda alguna». «También se pretende dar un impulso entre los más jóvenes para que usen exclusivamente el idioma vasco, haciendo que todas las actividades extraescolares cuenten con monitores que sólo utilicen el vascuence», destacaba Vox.

«Gente de toda España visita diariamente la ciudad, cuya mayoría procede de la Comunidad de Madrid. Sus pernoctas superan el triple de las de quienes proceden de la propia comunidad autónoma vasca», reprochaba el partido en su pregunta, en la que se interesaban por «las medidas que va a adoptar el Gobierno, con competencia constitucionalmente reconocida, para evitar la quiebra del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, del principio de libertad para utilizar el idioma común y oficial del Estado español, consagrados ambos en nuestra Carta Magna».

En su contestación, el Gobierno alega su «compromiso» con las «distintas modalidades lingüísticas en España», y destaca que, de acuerdo al Estatuto vasco, «la lengua vasca o euskera es lengua cooficial en dicho territorio», constituyendo «por ende, una obligación de los poderes públicos en garantizar» el ejercicio del derecho a utilizarla.

«El reconocimiento de la existencia de lenguas cooficiales en España no es un impedimento ni un obstáculo a la igualdad», opina el Ejecutivo. Y añade que: «La actividad de fomento a través de subvenciones que incentiven el uso de la lengua propia es ejercida en virtud de una competencia autonómica plenamente constitucional».

La Comisión de Educación del Congreso dio luz verde esta semana al polémico dictamen de la conocida como ‘Ley Celaá’ que incorpora la enmienda pactada entre PSOE, Podemos y ERC para que el español deje de ser lengua vehicular.

El texto final salió adelante con los votos de los partidos socios de Gobierno, además de ERC, PNV y Más País. PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra y avanzaron que pedirán al Tribunal Constitucional que decrete su ilegalidad por el estatus del español y la educación concertada. El PP, que reclamó la dimisión de Celaá, aseguró incluso que tumbará la ley en cuanto cambie la actual correlación de fuerzas en el Parlamento.