La Generalitat dice que «es una mala noticia» que el TSJM tumbe las medidas para cerrar Madrid

Cataluña Madrid
El jefe de microbiología del Vall d'Hebron, T. Pumarola (i); el subdirector catalán de salud, J.M. Argimón, y el jefe de pediatría del Hospital, C. Rodrigo, en rueda de prensa por el retrovirus A71. (Efe)

La Generalitat ha entrado a valorar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de tumbar las medidas impuestas por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para cerrar 10 municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital.

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha lamentado este jueves que el  haya denegado la ratificación de las medidas acordadas en una orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la que se imponía el cierre en Madrid capital y otras ciudades madrileñas por la pandemia de Covid-19: «Es una mala noticia».

Lo ha explicado este jueves en rueda de prensa junta al coordinador de la unidad de seguimiento del Covid-19 en Cataluña, Jacobo Mendioroz, y la coordinadora de los laboratorios del Institut Català de la Salut (ICS), Maria Antònia Llopis.

Los magistrados precisan en su resolución que “nos encontramos ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis, coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre, ya que, como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita en esta ocasión es la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-COV-2”.

Esta Orden del ministro de Sanidad –recoge el auto- «se dicta al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Conforme a ello, el ministro de Sanidad aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, obligando con ello a las Comunidades autónomas destinatarias”.

Argimon ha añadido que, a su juicio, la medida era acertada pese a chocar con libertades fundamentales: «Tenemos que entender en que situación nos encontramos».

«Al final esta pandemia la acabarán conduciendo, dirigiendo y gestionando los jueces. Muchas de estas decisiones se traspasan a la ciudadanía», ha zanjado Argimon.

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