Los funcionarios que dan trato de favor a Junqueras cobran 600 € más que los del resto de España

Los empleados de la Generalitat que han transformado la cárcel de Lledoners en un hotel de lujo para el ex presidente Oriol Junqueras cobran entre 600 y 700 euros más al mes que los funcionarios de prisiones del resto de España.

Puesto que la Generalitat tiene transferidas las competencias de instituciones penitenciarias, vació la cárcel de Lledoners de presos conflictivos, que trasladó a otros centros de la región, para que Junqueras y el resto de golpistas que cumplen prisión preventiva puedan sentirse como en casa.

A continuación, el Ejecutivo autonómico ha vulnerado su propio régimen penitenciario, al conceder el estatus de autoridad pública a todos los personajes que acuden a visitar a Junqueras, para que puedan entrar y salir de la cárcel a cualquier hora del día. Como hizo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el pasado día 19 para negociar los Presupuestos Generales del Estado con el golpista.

Así es muy difícil mantener el relato del «pueblo oprimido». Más aún cuando existe un auténtico abismo (más de 600 euros al mes) entre lo que cobran los funcionarios de prisiones de la Generalitat, y los que realizan exactamente la misma función en cualquier otra cárcel de España.

La segunda jornada de huelga

Los funcionarios de prisiones del resto de Comunidades autónomas celebran este viernes su segunda jornada de huelga, para exigir que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, mejore sus condiciones laborales e incremente sus nóminas en unos 560 euros al mes.

Se trata de la misma subida que el Ministerio de Interior ha prometido a los agentes de la Policía Nacional, para equiparar su sueldo al de los Mossos d’Esquadra. En el caso de los guardias civiles, el incremento rondará los 720 euros.

La primera jornada de huelga tuvo lugar el miércoles, con un importante seguimiento y sin apenas incidentes. En la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) los presos comenzaron a aporrear las puertas de las celdas, porque el paro y la presencia de piquetes retrasó el recuento matinal y la apertura de las celdas. En la cárcel de Botafuegos (Algeciras), cuatro presos tuvieron que ser trasladados al módulo de aislamiento, porque se enzarzaron en una pelea.

El Ministerio de Interior estableció unos servicios mínimos (cancelando días de permiso) que implican reforzar incluso la plantilla habitual de los centros penitenciarios. Si en la cárcel de Algeciras (donde cumplen condena 1.500 presos) en una noche normal sólo hay 14 funcionarios encargados de la vigilancia interior, en la primera jornada de huelga esta cifra se incrementó hasta los 22 funcionarios. Algo parecido ha ocurrido en otras prisiones.

La cárcel de los corruptos de Marbella

Entre otras reivindicaciones, los funcionarios piden al Ministerio que mejore sus condiciones de seguridad, para hacer frente  las agresiones que se producen cada vez con más frecuencias. «Hace un mes y medio», relata un funcionario de la cárcel de Málaga, «un preso se hizo fuerte en la celda. Logró romper un cristal y con las manos ensangrentadas nos amenazó con apuñalarnos con él, cuando entramos para intentar reducirle».

«El Ministerio nos ha facilitado a cada centro penitenciario 12 trajes de protección, con casco y escudo. Pero no hemos recibido ningún tipo de curso de formación para hacer frente a este tipo de situaciones», añade. El equipo de Grande-Marlaska también ha impartido instrucciones para reducir al máximo el uso de fijaciones estáticas (como las esposas) en el interior de las cárceles, lo que incrementa los riesgos para los funcionarios en la convivencia diaria con los reclusos.

Por la prisión de Alhaurín de la Torre han pasado durante las últimas décadas las principales figuras de la corrupción del Ayuntamiento de Marbella: desde el fallecido Jesús Gil a Juan Antonio Roca o los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe.

De estos casos de corrupción hoy sólo continúan en la cárcel el ex futbolista Tomás Reñones (que fue concejal del Ayuntamiento de Marbella con Marisol Yagüe) o el ex edil Javier Lendínez, que fue detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid en octubre de 2014 tras permanecer huido de la Justicia durante cuatro años.

Mafias del Este: secuestro y coacciones

La prisión de Málaga acoge, eso sí, un elevado número de miembros de las mafias del Este que han buscado refugio en la costa española. En muchos casos, se trata de antiguos militares rusos, alvano-kosovares o rumanos, que han sido condenados por secuestro, coacciones o por robo con fuerza en chalés de lujo.

Miembros del colectivo de funcionarios viajaron el martes a Madrid para pedir al PP, Podemos y Ciudadanos que respalden sus reivindicaciones.  El diputado y portavoz de Justicia de Podemos, Eduardo Santos Itoiz, se mostró sensible a mejorar las condiciones salariales de los funcionarios de prisiones, pero recalcó que su partido no apoya la idea de concederles la condición de autoridad pública.

Los empleados de las cárceles piden esta medida para gozar de la misma protección ante la Ley que los policías nacionales, guardias civiles, médicos o profesores. Una agresión contra cualquiera de estos agentes de la autoridad puede suponer una pena de más de dos años de cárcel, algo que no ocurre en el caso de los funcionarios de prisiones.