Sólo un funcionario para vigilar al narco más buscado y otros 30 presos en la cárcel de Algeciras

Los funcionarios de la prisión de Algeciras, en la que se encuentra ingresado desde el miércoles el cabecilla del clan de los Castaña, Francisco Tejón, han denunciado la negativa del ministro Fernande Grande-Marlaska a mejorar las condiciones de trabajo de este colectivo, pese a las situaciones de riesgo que viven a diario.

Tras permanecer en búsqueda y captura durante dos años, el narcotraficante se entregó el miércoles en una Comisaría de La Línea de la Concepción (Cádiz), después de que la Policía le identificara en las imágenes de un videoclip de reguetón del cantante cubano Clase A.

El clan de los Castaña, que dirige junto a su hermano Antonio (que fue detenido en junio) controla buena parte del tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar, donde la Guardia Civil se ha visto obligada a desplegar varios equipos de los Grupos de Acción Rápida (GAR) para luchar contra el narcotráfico.

Desde el miércoles, el cabecilla de los narcos Francisco Tejón permanece en el módulo de ingresos de la cárcel de Botafuegos (Algeciras).  Por la noche, un sólo funcionario de prisiones se encarga de la vigilancia de este módulo, en el que hay una treintena de presos. Lo mismo ocurre en el resto de la prisión: cada uno de los 15 módulos tiene asignados sólo tres funcionarios para vigilar a los presos (uno de los cuales permanece en la cabina para controlar los monitores y la apertura de las puertas). Y esta plantilla se reduce drásticamente durante el horario nocturno.

Un preso le arrancó la oreja

«Durante los últimos años, se han multiplicado las agresiones a los funcionarios de los centros penitenciarios», explica a OKDIARIO uno de los empleados de la prisión de Botafuegos, «hace una semana, un preso le partió la mandíbula a un funcionario en una cárcel de Galicia. Este mismo fin de semana se ha producido otra agresión en Villena (Alicante). Hace un mes, a otro compañero le arrancaron la oreja en la prisión de Aranjuez».

«Aquí en Algeciras», añade, «hace cuatro años los presos le pegaron fuego a dos celdas. Tuvimos que entrar a rescatarles y nos estaban esperando con pinchos. Otro compañero sufrió un accidente biológico: sufrió varias heridas cuando le agredió un preso que tenía hepatitis y VIH. Tuvo que pasarse un mes tomando retrovirales».

Buena parte de la población penitenciaria española es portadora de una de estas dos enfermedades, debido al consumo de drogas por vía intravenosa. «No recibimos ningún tipo de preparación para enfrentarnos a estas situaciones, como por ejemplo cursos de defensa personal, ni equipamiento adecuado», señala el mismo empleado de la cárcel de Algeciras, «muchos compañeros optan por comprarse de su bolsillo unos guantes de jardinero, o unos guantes táctiles que cuestan 60 euros, para evitar ese tipo de accidentes biológicos».

«Hace pocas semanas», indica, «Grande-Marlaska ordenó gastar 350.000 euros para acondicionar la piscina de la cárcel de Algeciras. Para eso sí hay dinero, pero no para dotarnos de material adecuado». Los funcionarios de prisiones han convocado seis jornadas de huelga (que se iniciarán los días 24 y 26 de octubre) para exigir al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que mejore sus condiciones laborales y retributivas.

Presos de ETA y yihadistas

«Cuando estaba en la oposición», explica a OKDIARIO otro miembro de este colectivo, «el PSOE exigía que se incluya a los funcionarios de prisiones en la negociación de la equiparación salarial. Ahora ya no. A los guardias civiles les van a subir el sueldo una media de 700 euros, a los policías nacionales 500. A nosotros nos ofrecieron una subida de 350 euros en dos años, pero ahora el Ministerio ha retirado esa oferta».

Los funcionarios de prisiones sufren también otro tipo de discriminación, ya que no tienen la condición de «autoridad» que la Ley concede a policías y guardias civiles, profesores y personal sanitario. Esto significa que, si alguien agrede a un policía o un médico, puede ser condenado a más de dos años de cárcel por un delito de «atentado a la autoridad». Pero la Ley no protege así a quienes se enfrentar a agresiones similares en el interior de las cáceles.

Por la prisión de Algeciras han pasado presos como el etarra Iñaki de Juana Chaos. En la actualidad, cumplen pena en esta prisión nueve terroristas de ETA, el miembro del GRAPO Israel Clemente (que asesinó a un joyero y su mujer) y varios yihadistas. «Tampoco hemos recibido ningún tipo de formación para detectar la radicalización de este tipo de presos», señala uno de los funcionarios. Más crítica aún es la situación de la cárcel Puerto 3 de Cádiz, que alberga a casi el 70% de los presos considerados como «extremadamente peligrosos».

Lo más probable es que, en las próximas horas, Francisco Tejón sea trasladado a otra cárcel, para evitar el contacto con los miembros de su clan de narcotraficantes. Así ocurrió con su hermano Antonio, que tras ser detenido el pasado mes de junio ingresó inicialmente en la cárcel de Algeciras y luego fue trasladado a Córdoba.

El narco que huyó del hospital

También estuvo ingresado en Botafuegos el narco Samuel Crespo, quien escapó durante un permiso, sufrió un accidente de moto cuando le perseguía la Guardia Civil y logró huir del hospital de la Linea, ayudado por 20 miembros encapuchados del clan de los Castaña. Finalmente fue detenido de nuevo el pasado mes de junio en la población de Jimena de la Frontera.

Este clan, que dirigen los hermanos Antonio y Francisco Tejón, ha extendido su red por todo el Campo de Gibraltar. Hasta el punto de que los funcionarios de la prisión de Botafuegos tienen que utilizar, en su vida diaria, vehículos con matrícula doblada facilitada por el Ministerio de Interior, para evitar que sean identificados por los narcos.

Con frecuencia, los familiares de estos presos intentan introducir la droga en la cárcel aprovechando los intercambios vis a vis. Las pasadas Navidades, un interno de Botafuegos murió debido a una sobredosis de la droga que había recibido por esta vía. Una escena que se repite con demasiada frecuencia. Sin embargo, los funcionarios sólo pueden ordenar realizar una radiografía a un interno, del que sospechan que puede ocultar droga en su organismo, si previamente lo autoriza el juez de vigilancia penitenciaria.