Los funcionarios temen presiones de la Generalitat tras el anuncio de la ley del referéndum ilegal

Los funcionarios catalanes temen presiones de la Generalitat para que colaboren en la celebración del referéndum ilegal, previsto para el 1 de octubre, después de que este martes los independentistas hayan anunciado la futura Ley del Referéndum de Autodeterminación.

Esa ley establece «un régimen jurídico excepcional» para celebrar el referéndum ilegal y se ampara en la legislación internacional, especialmente en sentencias del Tribunal Internacional de La Haya y de la Corte Suprema de Canadá que consideran aplicables en ese caso.

Pero además, los independentistas consideran que su ley «prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto», en clara alusión a la legalidad española y constitucional y advierten de que dará amparo «a todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente» en la preparación y celebración del referéndum ilegal.

Los sindicatos de funcionarios creen que la ley les convierte en víctimas de futuras presiones al situarles en un «limbo jurídico» de difícil encaje y «permitir» que la Generalitat se ampare en ella para obligarles a ir en contra de la propia Constitución.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, considera que el contenido de esta ley arroja «más dudas» para los funcionarios, al pretender invalidar cualquier ley que contradiga la del referéndum ilegal. «La intranquilidad que puedan tener está bien justificada», subrayó.

Falta de voluntarios

Existe además otro motivo de preocupación para el funcionariado: que la Generalitat recurra a ellos una vez constate el fracaso en la inscripción de voluntarios para el referéndum.

Hasta ahora, desde el Gobierno de Carles Puigdemont se había dado prioridad a esos voluntarios, con el propósito, según fuentes de la Generalitat, de mantener a los funcionarios al margen de cualquier irresponsabilidad.

No obstante, las cifras hacen esa vía «prácticamente inasumible», consideran en fuentes sindicales: el Gobierno catalán necesitará unas 80.000 personas, 4.500 agentes electorales y hasta 76.500 personas para garantizar las mesas de votación, según cálculos del Ejecutivo catalán.

En ese caso, consideran que el Govern acabará recurriendo a ellos, a fin de evitar un estrepitoso fracaso de organización.

Aumento de consultas

Los sindicatos llevan ya tiempo asesorando a los funcionarios en las medidas a tomar en caso de que reciban presiones. Esas consultas se han incrementado de forma exponencial en las últimas semanas, y sobre todo, después de que Puigdemont anunciase la fecha del referéndum ilegal.

Según estas fuentes, el colectivo que encabeza las solicitudes es el de los conserjes, los encargados de abrir los colegios para la colocación de las urnas. Aunque la preocupación se extiende por distintos departamentos, como Justicia o Agencia Tributaria. La mayoría son para pedir asesoramiento sobre cómo deberán actuar en caso de que reciban instrucciones, aunque otras exigen a las asociaciones pongan ya en marcha un protocolo de actuación, antes de que esa situación se haga efectiva.

La principal recomendación, insisten desde las centrales sindicales, es que cualquier orden se exija por escrito, la manera más eficaz para denunciar después las posibles coacciones.

Cartas a los ayuntamientos

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, acusó este lunes al presidente catalán y su Ejecutivo de presionar a medios, alcaldes y funcionarios para la celebración del referéndum y aseguró que el Ejecutivo no permitirá que este colectivo sea «presionado».

El Gobierno mantiene contactos frecuentes con los sindicatos para articular medidas conjuntas en caso de que se sientan amenazados. Además, en Moncloa admiten tener previstas «todas las opciones» de cara al 1 de octubre, lo que incluye soluciones tanto «preventivas» como «reactivas».

Entre las primeras figuran las cartas que el Gobierno está enviando a secretarios e interventores de los ayuntamientos catalanes para recordarles su obligación de cumplir la legalidad constitucional y estatutaria, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

Esas medidas no descartan ya, como publicó OKDIARIO, la aplicación del artículo 155 en caso de que los independentistas insistan en tirar adelante con el referéndum ilegal.