Miedo entre los conserjes de colegios: piden amparo ante órdenes ilegales de la Generalitat

Los conserjes de los centros de enseñanza de Cataluña encabezan las solicitudes de información a los sindicatos sobre cómo actuar en caso de que reciban órdenes por parte de la Generalitat ante un eventual referéndum ilegal.

Desde que, el pasado viernes, el presidente catalán anunció la pregunta y fecha de esa hipotética consulta-el 1 de octubre- las peticiones de información se han multiplicado. Y aunque, por el momento, la Generalitat no ha emitido órdenes concretas, son muchos los funcionarios que en los últimos días se han interesado por el protocolo a seguir en caso de que éstas se produzcan.

Las peticiones han llegado de distintos departamentos, como justicia o la Agencia Tributaria, a la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). La mayoría son para pedir asesoramiento sobre cómo deberán actuar en caso de que reciban instrucciones. Aunque otras exigen que las asociaciones pongan ya en marcha un protocolo de actuación, antes de que esa situación se haga efectiva.

Este sindicato iniciará una campaña informativa dirigida específicamente a los funcionarios de Educación, como es el caso de los conserjes, a quienes correspondería abrir las puertas de los centros escolares para colocar las urnas.

Órdenes por escrito

Las amenazas a los funcionarios sobre las consecuencias de no acatar las órdenes de la Generalitat han llegado incluso desde diputados, como Lluís Llach quien, en varios vídeos publicados por El País, advertía con sanciones a aquellos que incumplan la llamada ‘ley de transitoriedad jurídica’, la conocida como ‘ley de desconexión’.

Este sindicato ha diseñado un protocolo de actuación en caso de que los funcionarios se vean obligados a responder ante una orden de dudosa legalidad por parte de sus superiores, en el que se les recomienda que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.

“En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales”, explican desde esta central sindical. Además, se pondrá a disposición de los funcionarios una línea de consulta y un servicio jurídico.  “Cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales”.

El Gobierno ha advertido de las consecuencias de colaborar con la celebración de un referéndum ilegal. «Si un funcionario, premeditadamente y a conciencia, infringe sus obligaciones como servidor público, deberá atenerse a las consecuencias», aseguró este sábado el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, quien avanzó que, en su caso, estos funcionarios podrían ser inhabilitados.