Los funcionarios avisan a Marlaska: o afronta el problema de prisiones o habrá huelga en las cárceles

Los funcionarios de prisiones dicen basta y esta misma mañana del jueves han presentado la declaración de conflicto colectivo ante el Ministerio del Interior. Los sindicatos convocantes son los mayoritarios en prisiones, ACAIP y CSIF, así que sus acciones tienen mucho peso en el colectivo. Y avisan, o Marlaska pone soluciones o irán a la huelga general.

Los funcionarios de prisiones se quejan de que en su relación con la Administración sufren «ninguneo, olvido, dejadez y falta de compromisos o peor aún, compromisos incumplidos por parte de los cargos que asumen responsabilidades en la administración penitenciaria».

Los firmantes de la declaración de conflicto recuerdan la huelga general de octubre y noviembre de 2018 donde la actitud de la Administración fue «de absoluta indiferencia, pasotismo e incluso vulneración del derecho fundamental de huelga». Los funcionarios siguen pidiendo lo mismo desde entonces, una oferta real de empleo público, la readecuación de los puestos de trabajo, que se les reubique en el Ministerio de Justicia y no en Interior, mejoras salariales y el reconocimiento como agente de la autoridad para los funcionarios.

Las reivindicaciones por ser justas contribuyeron a que ACAIP recogiese más de 16.000 firmas que presentó en el Senado en junio de 2018. Incluso durante una reunión en septiembre de 2018 consiguieron que la Administración Penitenciaria les reconociese el reparto de 122 millones de euros y la futura negociación de otros problemas. Pero poco después el Gobierno se echó atrás en su propia propuesta sin dar explicaciones.

En noviembre de 2019 la Administración regresó a la mesa de negociación y se habló de concurso de traslados, pero ante la falta de acuerdo Instituciones Penitenciarias impuso su criterio y por tanto los sindicatos de prisiones acudieron a los juzgados.

Se negoció también un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo. La Administración dijo que el protocolo se había hecho con «participación» de los sindicatos. Pero estos sostienen que «los trabajos quedaron inconclusos y sorpresivamente nos encontramos que la Administración publicó una instrucción que recoge un procedimiento informal para el acoso sexual y por razón de sexo».

ACAIP y CSIF también argumentan que sobre los procesos de estabilización «la Administración no ha convocado a los representantes de los trabajadores a estos efectos». Algo similar ocurre con la comisión de seguimiento del protocolo de agresiones en prisiones (PEAFA): «Se constata claramente su incumplimiento. No se ha abordado en cuatro años los objetivos que se planteaban en la reducción de la violencia en los Centros Penitenciarios», uno de los mayores problemas que los funcionarios tienen en el día a día.

Sobre el punto de prevención de riesgos laborales el principal problema es que «la gestión de la pandemia adolece de una importante falta de atención a los trabajadores». Los funcionarios de prisiones denuncian también que la Administración Penitenciaria «ha tenido desde el principio de la pandemia una gran falta de sensibilidad con los trabajadores vulnerables». Tanto Acaip como Csif se quejan también del vestuario, la falta de formación, la «indigencia tecnológica de la Administración» en materia de teletrabajo, jornadas y horarios. Se denuncian incluso la falta de permisos para acudir a votar en los pasados comicios electorales de Madrid el 4 de mayo.

Tanto Jorge Vilas, responsable de prisiones de CSIF, como José Ramón López, presidente de ACAIP, han explicado que «no descartamos medidas futuras como movilizarnos en una huelga general».