INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Marlaska no toma medidas contra la dirección de la cárcel que permite el trapicheo con fármacos

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Alfonso Egea
  • Alfonso Egea
  • Jefe de Investigación en OKDIARIO. Anteriormente fui responsable de la sección de Actualidad y Sucesos en Espejo Público, en Atresmedia. He publicado cuatro libros y actualmente colaboro en programas de televisión en Mediaset y en Telemadrid. Agradecido por tener el reconocimiento de la Policía Nacional de Madrid y la medalla al mérito de la Guardia Civil.

El día 8 de agosto, algunos presos de la cárcel lucense de Monterroso comenzaron a divulgar unos vídeos grabados por ellos mismos en los que se les podía ver consumiendo en grupo los fármacos prescritos dentro de la cárcel y tatuarse con máquinas artesanales fabricadas por ellos mismos. Veinticuatro horas más tarde, OKDIARIO obtenía copia de estos vídeos y un día después, los hacía públicos. En ese lapso de tiempo, Instituciones Penitenciarias asegura haber abierto una investigación para detectar las graves brechas de seguridad reflejadas en las escenas. Este diario ha sabido cuáles han sido las consecuencias para los reclusos, las sospechas, una vez más, sobre la diligencia de los funcionarios de la prisión y, lo más grave, la falta de medidas cautelares o definitivas contra la dirección del centro en el que se ha producido estas escenas a plena luz del día y en salas de uso común y acceso libre para los internos.

“Lo que se ve en estos vídeos pasa todos los días en todas las cárceles españolas”. Este es el comentario más repetido desde que OKDIARIO hiciera públicas las sorprendentes imágenes de dos vídeos grabados en la cárcel de Monterroso en Lugo con fármacos y tatuajes como protagonistas. Entonces, si esto pasa a diario, ¿por qué en apenas 48 horas la dirección general de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del Interior ha intervenido? Porque, aunque pase a diario, lo que preocupa es que se haya grabado y difundido. De hecho, es el propio organismo responsabilidad de Fernando Grande-Marlaska el que lo reconoce: abrieron una investigación tras detectar imágenes obtenidas con dispositivos prohibidos, como lo son los teléfonos móviles.

La maquinaria investigadora de Instituciones Penitenciarias se puso en marcha de manera inmediata y lo primero que hizo fue identificar a los protagonistas del vídeo. Esta parte de la tarea fue sencilla. OKDIARIO prefirió en su primer artículo omitir la localización de la cárcel por seguridad, pero Interior confirmó su ubicación a varios medios tras conocerse los vídeos. La cárcel de Monterroso en Lugo es pequeña, vieja y casi ‘familiar’. Fuentes penitenciarias confirman a OKDIARIO que se trata de “un grupo de ‘chalets’ o mini módulos con un patio muy grande. Se construyó en los 80 y fue destino sobre todo de presos jóvenes como el Vaquilla, el Torete o el Rambo”. Su tamaño y escaso número de internos ha facilitado mucho identificar a los autores de los vídeos, pero precisamente su tamaño y número de reclusos, ahora mismo 180 presos, hace creíble lo que cuentan fuentes de la propia prisión: que la dirección de la misma es conocedora de este tipo de comportamientos.

La custodia de medicamentos

Pero la responsabilidad del director de esta cárcel no sólo pasa desapercibida para Interior en lo que a brecha de seguridad se refiere tener móviles grabando dentro de un establecimiento penitenciario. ¿De quién depende la correcta custodia de los fármacos prescritos? Del servicio médico de la prisión que se encuentra bajo la supervisión, como todo lo demás, de la dirección del centro. ¿Y que los presos fabriquen y conserven máquinas tatuadoras fabricadas con piezas de radio que se venden en el economato? Pues según Instituciones penitenciarias, eso debería detectarse en los cacheos y registros que llevan a cabo los funcionarios de prisiones.

Funcionario agredido
Hace sólo unas horas un funcionario ha sido agredido con un pincho carcelario en el Puerto de Santa María.

Pues sobre cómo hacer esos cacheos y registros en celdas ya se pronunció el Ministerio del Interior en una circular en febrero de 2020. No tiene desperdicio: registros siempre que sea posible en presencia de los reclusos y “velando porque el ligero desorden inherente a la práctica de este tipo no exceda de la normalidad”. Así es muy complicado que los funcionarios detecten máquinas tatuadoras, teléfonos y otro tipo de objetos. Y si no, que se lo pregunten al funcionario que este 10 de agosto en la cárcel del Puerto de Santamaría le comunicó a un recluso que no podía salir al patio porque tenía que cumplir una sanción. El trabajador acabó herido en el brazo con un pincho fabricado por el recluso con el mango roto de una escoba.

Volviendo al asunto de los vídeos de Monterroso, a los protagonistas de los mismos, después de ser identificados, se les requisaron los objetos prohibidos. Dos de los internos grabados en la cárcel compartiendo fármacos están ahora mismo en aislamiento y todos han sido sancionados con la privación de paseos o salidas de su celda salvo para recibir tratamientos terapéuticos. A los funcionarios que estaban de servicio también se les investigará por si hubo negligencia en su deber de vigilar a los reclusos. Sin embargo, al director que permitió o al menos no detectó el acopio de fármacos, la fabricación de máquinas tatuadoras y la entrada de móviles a una cárcel de tan reducidas dimensiones, no se le expedientará pese a que todo sucedió a plena luz del día en una de las salas de la pequeña prisión de Monterroso.

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