Marlaska culpa a los funcionarios del trapicheo con fármacos en una cárcel mientras ‘libra’ al director

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha vuelto a hacerlo: serán los funcionarios de prisiones los que carguen con las culpas de lo que sucedió en la cárcel de Monterroso este verano. A través de un documento al que ha tenido acceso este periódico se anuncia que tres trabajadores serán investigados por el uso de objetos prohibidos en las cárceles, como los teléfonos móviles, por parte de los internos. Sin embargo, que los presos tengan a su disposición docenas de fármacos en la cárcel o que fabriquen máquinas de tatuar con piezas de radios compradas en el economato no implica ni un solo reproche a la dirección de la prisión de Lugo ni a sus servicios médicos.

Pese a que los expedientes a los funcionarios de la cárcel de Lugo eran más que previsibles, en esta ocasión compensa explicar los detalles de lo ocurrido para comprender que a la dirección de la cárcel de Monterroso y a Instituciones Penitenciarias no le mueve tanto el interés por el bienestar de los presos sino la trascendencia de estos acontecimientos.

Para empezar los reclusos que aparecieron en los vídeos se grabaron en una de las salas comunes de la cárcel y a plena luz del día. Al revisar las imágenes puede apreciarse que los internos no fueron ni discretos ni breves, sino que actuaron con total impunidad y a la vista de todos los que se encontraban en la cárcel, no sólo en la mencionada sala. En dos vídeos distintos los internos se tatuaban los unos a los otros usando máquinas artesanales con piezas de radios y tinta de bolígrafos, con el más que evidentes riesgos sanitario hacia los propios internos. Pero es que el segundo vídeo no era mejor: un grupo de presos en torno a una mesa ponían en común todas sus medicaciones, una docena de fármacos recibidos en la cárcel que abrían, chupaban y vaciaban en una lata de refresco para luego pasarse el cóctel los unos a los otros.

Medicamentos recetados por los médicos de la prisión destinados a tratar ansiedades y estados de nerviosismo en su mayoría, pero en poder de los internos a puñados y con libertad para mezclarlas con sus compañeros.

Falta grave

Pero el problema detectado por Instituciones Penitenciarias no es nada de lo anterior. Ni siquiera lo es especialmente que todo se grabara con ayuda de teléfonos móviles también prohibidos en la cárcel. Según el Expediente 2021/0036 al que ha tenido acceso OKDIARIO, es que “dichos vídeos fueron subidos a redes sociales y publicados por medios de comunicación”.

Esa es la conclusión de un documento que detalla los acontecimientos por los que tres trabajadores han sido expedientados por una falta grave. “Vista la documentación recibida a la presunta conducta profesional irregular de los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias…” Así arranca el texto que avisa de las circunstancias por las que se tiene que sancionar a los trabajadores.

Los hechos plasmados en el documento fechado el 30 de agosto son estos: “Que los funcionarios asignados para prestar servicio en los módulos C2 y C3 del Centro Penitenciario de Monterroso el 8 de agosto de 2021 en turno de mañana, no llevaron a cabo debidamente las tareas de observación y vigilancia, en tanto que varios internos residentes en dichos departamentos hicieron durante esa mañana uso de un objeto prohibido como es un teléfono móvil, para grabar vídeos en los que se recoge la realización de actividades prohibidas con elementos no permitidos tales como una máquina de tatuar, sin que los citados funcionarios se percataran de ello”. Hasta aquí el documento deja muy a las claras cuáles son los hechos a perseguir, sin embargo, este papel incluye dos líneas más que son realmente las que han provocado la furibunda reacción de Interior en este asunto: “Dichos vídeos fueron subidos a redes sociales y publicados por medios de comunicación”.

En caso de que el expediente se cierre encontrando a los funcionarios responsables de una falta grave, estos podrán ser suspendidos de empleo y sueldo por un plazo de hasta tres años. Otras de las sanciones contempladas en el régimen disciplinario de los funcionarios de prisiones es el cambio obligado de destino con cambio de residencia incluido. A los funcionarios se les ha aplicado concretamente “la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas”.

Pero las de los funcionarios no serán las únicas sanciones consecuencia de los famosos vídeos. Los siete presos protagonistas de las escenas fueron castigados con periodos de no salida a los patios y confinamiento en sus respectivos módulos. Con estos castigos quedará zanjado el incidente, porque a día de hoy no hay noticia de que la dirección de la prisión haya sido apercibida por unos hechos ocurridos en uno de los penales con menos presos del país, lo que hace casi cualquier comportamiento detectable a priori. Tampoco hay novedad sobre si los servicios médicos responderán del reparto masivo de medicación a los internos para que estos hagan uso de ellos sin supervisión. Al final pagan los mismos: presos y funcionarios, y no siempre por ese orden.