La Fiscalía pone fin al juicio del 1-O acreditando al detalle un golpe de Estado violento

El fiscal Javier Zaragoza arranca sin eufemismos: «Lo que ocurrió en Cataluña en otoño de 2017 fue un golpe de Estado». La sustitución de un orden constitucional establecido -con métodos ilegales- para proclamar la independencia de una parte del territorio. Éste era el único objetivo de los acusados y «eso es el procés», sostiene. Es el preludio de una intervención implacable de la Fiscalía contra quienes se sientan en el banquillo por rebelión.

Negar la evidencia, probada durante las más de cincuenta sesiones de juicio, de un plan concertado del que formaban parte todos ellos para violentar la ley, y con ello «la convivencia ordenada y pacífica que ésta protege» -garantizando «los derechos de todos y no solo de unos cuantos»- supone un “ejercicio de cinismo sin precedentes”, espeta en la Sala el fiscal.

Zaragoza detalla contundente el plan concertado que tramó el pleno del Govern de Cataluña. Una ‘hoja de ruta’ que tenía la misión de reconvertir las estructuras de Estado al servicio de la causa separatista, Mossos incluidos;  que fijaba una estrategia de propaganda y reconocimiento exterior de la nueva república, a través del ‘Diplocat’; destinaba los fondos públicos necesarios para hacer frente a los gastos del referéndum ilegal, entre ellos el material electoral; y, donde las entidades afines, ANC y Òmnium Cultural, se encargaron de la «movilización popular». «Una de las armas civiles» previstas para el buen fin de la misión, asegura el fiscal.

«Lo que ocurrió en Cataluña, en otoño de 2017, fue un golpe de Estado para declarar la independencia de forma unilateral y violenta», argumenta el fiscal Javier Zaragoza. 

En toda esta red, cada uno de los protagonistas tejía un papel fundamental. Es lo que la fiscal Consuelo Madrigal califica como «coautoría ejecutiva» -para acreditar el delito de malversación- donde «todos los actos aparecen realizados por todos los acusados en su conjunto y aglutinan varias voluntades coordinadas, hacia un mismo objetivo». «Más allá del acuerdo entre ellos, cada uno realiza una aportación esencial que le sitúa en el dominio funcional del hecho», afirma.

Algo que no desdibuja el papel protagonista de Oriol Junqueras que es para el Ministerio Público «un partícipe cualificado del sanedrín que pilotaba el ‘procés’» -como consta en las anotaciones de la agenda Moleskine, incautada a su mano derecha, Josep María Jové-. Junqueras, junto con Puigdemont y Forn, «fue informado de que debía desconvocar el referéndum, tanto porque era ilegal como porque era altísima la probabilidad de que se generasen incidentes violentos», recuerda Zaragoza.

«Hubo cien sediciones para romper el orden constitucional. Eso es rebelión», afirma el fiscal Fidel Cadena. 

Pero no sólo no atendió a las advertencias recibidas, una y otra vez, desde el Tribunal Constitucional -y que el propio Trapero le trasladó como responsable de parte del operativo policial- sino que Junqueras y los suyos, las llevaron hasta las últimas consecuencias. Celebraron el referéndum, trasladaron los resultados al Parlament y con ello pusieron en marcha la Ley de transitoriedad que articulaba la separación «violenta» de Cataluña del Estado español.

«La independencia se proclamó el 27 de octubre», reitera el fiscal Fidel Cadena al hilo de lo expuesto por sus compañeros, en su intervención final. «Todos los requisitos se cumplieron tal y como se habían diseñado para derogar la Constitución, de hecho y de derecho, en esa parte del territorio español que es Cataluña, quedando desprotegidos los derechos de la mitad más uno de los catalanes», asegura.

De manera que lo que ocurrió “no puede ser una sedición” porque no se atentó contra la seguridad interior del Estado, ni únicamente contra el orden público. “Hubo cien sediciones para romper con el orden constitucional. Eso es rebelión”, concluye.

Violencia física e intimidación

«Hubo violencia física, hubo fuerza en las cosas y hubo violencia intimidatoria», sostiene la Fiscalía para apuntalar el delito de rebelión. Los actos del «clima insurreccional» que se vivió en Cataluña desde 2015 hasta la Declaración Unilateral de Independencia -con especial intensidad en el otoño de 2017- son para el fiscal Zaragoza un claro ejemplo de por qué no puede pervertirse el lenguaje en lo más mínimo. Hubo un golpe de Estado violento y «a las cosas hay que llamarlas por su nombre», enfatiza.

Y la hubo con la intensidad «necesaria y suficiente» para lograr los fines separatistas, reitera su compañero Jaime Moreno con posterioridad. La «violencia necesaria» para lograr la independencia se consumó en tres momentos diferentes, describe el fiscal: «Cruzar el ‘Rubicón’ del 1-O; evitar la investigación de un juez, que había tocado con sus registros las médula de la organización criminal; y, hostigar a los Guardias Civiles y Policías Nacionales que cumplieron con su función».

No puede ser, por lo tanto, que se ignore que el uso legítimo de la fuerza que «tiene el Estado a través de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», recuerda el fiscal Jaime Moreno, «fue invertido y utilizado a favor de quienes pretendieron acceder a subvertir el orden constitucional». [La Fiscalía destaca la instrumentalización de los Mossos para lograr la independencia]. «La fuerza pasó de los que son Estado constitucional a quienes quisieron alterar el mismo y lo hizo orquestada desde el poder político», remarca el fiscal Cadena.

El operativo de los Mossos fue «un montaje», sostiene la Fiscalía. «Simulaba» cumplir los mandatos judiciales pero en realidad se pensó para «facilitar la celebración» del referéndum ilegal. 

Hasta tal punto fue así que el fiscal Zaragoza califica de «montaje» el plan diseñado por la Policía de la Generalitat con motivo del referéndum. El operativo «simulaba» el cumplimiento de los mandamientos judiciales, pero en la práctica se pensó para «facilitar la celebración de una consulta que ya había sido declarada ilegal», añade.

Motivo por el que los representantes del Ministerio Fiscal defienden, al término de su informe final, que todo lo ocurrido en Cataluña, entre septiembre y octubre de 2017, suscitó un «estado de excepción de facto» en el que los líderes de ANC y Òmnium Cultural –Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente- se convirtieron en «los dueños del orden público». Con especial intensidad el 20-S, mientras la Guardia Civil llevaba a cabo el registro de la Consejería de Economía y Hacienda, por orden judicial.

Algo que justificó que el Estado se defendiese utilizando un mecanismo excepcional, como lo fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución que se pretendía violentar.

La malversación de fondos públicos

Por su parte, Consuelo Madrigal asegura que lo sucedido con respecto a la Corporación Catalana de Medios y la prestación de los espacios publicitarios «gratuitos» de la entidad pública, a la Generalitat, es una «patraña». «Los servicios que prestan las administraciones tienen un coste para las administraciones y tienen un coste que hemos asumido todos los contribuyentes, aunque ahora los acusados no lo quieran asumir», afirma la acusadora pública.

La contratación de espacios publicitarios a través de esta entidad pública -y de los convenios suscritos con la misma- son para la fiscal Madrigal «claras maniobras de encubrimiento», en las que los acusados «han hecho de la Administración de todos los catalanes su propio cortijo», subraya implacable.