La Fiscalía navarra avala la ‘fiesta del odio’ de Alsasua: la Guardia Civil «debe tolerar las ofensas»

La Fiscalía de Navarra ha rechazado actuar contra la celebración, este sábado, del ‘Ospa Eguna’ de Alsasua (Navarra), el llamado ‘Día de la expulsión’ o ‘Día del adiós’, que cada año organiza el entorno proetarra y en el que se insta al repliegue de la Guardia Civil y Policía Nacional de la Comunidad. La Fiscalía, en respuesta a la petición de la asociación de la Guardia Civil Jucil estima que corresponde «archivar las diligencias de investigación por no ser los hechos denunciados constitutivos de delito».

En su argumentación, la Fiscalía recoge una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 2018 -en el caso ‘Savva Terentyev vs Rusia’- en el que se establece lo siguiente: «Los cuerpos policiales no pueden considerarse un grupo o colectivo que necesite una protección especial bajo el paraguas del discurso del odio. Por el contrario, se trata de una institución pública, que como otras de su clase, debe tener mayor grado de tolerancia ante las palabras ofensivas».

La asociación ha expresado su indignación con la respuesta de la Fiscalía de Navarra. El secretario general de Jucil, Cristian Eric Marco, ha avanzado que la organización estudiará medidas «para conseguir que tanto estos actos de odio como los homenajes a terroristas en el País Vasco dejen de producirse». «No vamos a parar», ha afirmado, en conversación con OKDIARIO. Jucil alegó que la celebración del día del ‘Ospa Eguna’ en Alsasua «persigue la humillación, acoso y fomento del odio hacia los guardias civiles» y que «podría ser constitutivo de un delito de odio hacia el colectivo».

La Audiencia de Navarra considera, sin embargo, que la Guardia Civil no puede ser objeto de protección de los hechos contenidos en el artículo 510 del Código Penal.

Dicho artículo establece penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a «quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad».

«Colectivos vulnerables»

La consideración de si la Policía y Guardia Civil puede ser o no objeto de un «delito de odio» ha sido ampliamente discutida.

En este caso, la Fiscalía recuerda que «el bien jurídico protegido» por el artículo 510 «es la dignidad de las personas y colectivos de personas, a los que  por su especial vulnerabilidad, el Código Penal le otorga una protección específica».

En este contexto, se remite a un auto de la Audiencia de Barcelona, en diciembre de 2018, que estimó el recurso de un imputado por delitos leves de lesiones a agentes de la Guardia Civil que participaban en una manifestación de Jusapol, en septiembre de ese año. En dicho acto, los agentes fueron atacados con puñetazos y patadas e insultados con mensajes como ‘Policías hijos de puta’.

La Audiencia, en cambio, rechazó las imputaciones considerando que esos ataques a los agentes se enmarcan en la «crítica política» sobre un tema de «interés general», y añadió que «no cualquier colectivo o grupo social de personas puede ser tributario de la protección» ante un ‘delito de odio’ ya que debe «circunscribirse a los colectivos vulnerables e históricamente discriminados en el contexto concreto en que se emita el discurso».

«Entendemos que la Guardia Civil, como Institución del Estado, no puede ser objeto de discriminación a través del discurso del odio», estima la Fiscalía de Navarra.

Argumenta también que en la denuncia «no se especifica ni concreta ningún acto o hecho que pudiera tener relevancia penal o en su caso, justificaría la suspensión del acto».

«Sin obviar la motivación ideológica y política del acto, debemos resaltar que no siendo nuestro derecho un derecho penal de autor, sino de actos o hechos concretos, de lo indeterminado de la denuncia a este respecto, no se evidencian hechos subsumibles en ningún tipo penal», se añade.

Este viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, también dictó un auto en el que rechaza prohibir el acto porque considera que “no existe constancia de que se hayan producido o vayan a producir” delitos que justifiquen tal restricción de derechos fundamentales con carácter previo.

Moreno contradice de esta forma la posición de la Fiscalía, que este jueves solicitó la prohibición de estos actos que se organizan desde el año 2010 por entender que reproducen el «objetivo táctico» de ETA consistente en expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra y que, además, humillan a las víctimas del terrorismo.

El juez argumenta que «sólo la persecución y castigo de los hechos ilícitos penales una vez que estos se han producido» y «no puede» así «actuarse con carácter preventivo».