Crisis del coronavirus

La Fiscalía de La Haya redirige la denuncia contra Sánchez por «genocidio» a la Justicia española

Sostiene que "la Corte Penal Internacional está diseñada para complementar, no reemplazar, las jurisdicciones nacionales"

Afirma que la decisión de no proceder "puede reconsiderarse" si hay nuevos hechos o pruebas dentro de su ámbito

Dolores Delgado Pedro Sánchez
Pedro Sánchez recibiendo a su ex ministra y fiscal general del Estado, Dolores Delgado. (Foto: Moncloa)

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha redirigido a la Justicia española la denuncia -avanzada por OKDIARIO el pasado junio- que presentó la Asociación Española de Víctimas y Afectados por el Covid-19 contra el Gobierno de Pedro Sánchez por un delito de «genocidio» de 50.000 personas durante la pandemia de coronavirus.

Según ha podido saber OKDIARIO, la Fiscalía de La Haya sostiene que «no hay base en este momento para proceder» al respecto «dado que las acusaciones parecen estar fuera de la jurisdicción de la Corte». De ahí que insta a esta asociación de víctimas, que acudió en primer lugar y directamente a este Tribunal, a llevar su denuncia ante la Justicia española.

«La Corte Penal Internacional está diseñada para complementar, no reemplazar, las jurisdicciones nacionales. Por lo tanto, si desea continuar con este asunto, puede considerar plantearlo a las autoridades nacionales o internacionales correspondientes», señala la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional en una comunicación a dicha asociación.

La Fiscalía sostiene que la CPI «sólo puede ejercer jurisdicción sobre personas por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto, a saber, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra», supuestos que se definen en el Estatuto de Roma, añade. En este contexto, la Oficial del Fiscal considera que «según la información actualmente disponible, la conducta descrita en su denuncia no parece estar dentro de estas estrictas definiciones».

«Puede reconsiderarse»

Con todo, la Fiscalía indica a la Asociación Española de Víctimas y Afectados por el Covid-19 que la información recogida en la denuncia «se mantendrá en nuestros archivos», de modo que «la decisión de no proceder puede reconsiderarse si nuevos hechos o pruebas proporcionan una base razonable para creer que se ha cometido un delito dentro de la jurisdicción del Tribunal», es decir, dentro de su ámbito.

«Espero que comprendan que con la jurisdicción definida de la Corte, muchas denuncias graves estarán fuera del alcance de esta institución para abordarlas», admite la Oficina del Fiscal, siendo así consciente y reconociendo la gravedad de los hechos denunciados por la citada asociación.

La denuncia acusa al Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como adelantó OKDIARIO en junio, de delitos de genocidio y lesa humanidad por violar los artículos 6.c y  7.1.k del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El primero de estos preceptos entiende por genocidio el «sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial».

Para la abogada de la Asociación Española de Víctimas y Afectados por el Covid-19, con las decisiones tomadas por el presidente del Gobierno como mando único, «se sometió a parte de la población a medidas que acarrearon su fallecimiento (falta de respiradores, atención médica, etc). Todo ello demostrado con pruebas fehacientes», recalca.

Respecto al otro precepto, el que alude a «actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de la población», la letrada pone de manifiesto la incompetencia del Ejecutivo español en la gestión del pandemia en comparación con otros países europeos como Grecia y Portugal, donde las cifras de fallecidos han sido sustancialmente menores.

«No es imparcial»

A partir de aquí, la abogada de la Asociación Española de Víctimas y Afectados por el Covid-19 va a indicar a la Fiscalía de La Haya que «nuestra jurisdicción nacional está viciada por el Ejecutivo; no en vano la fiscal General del Estado ha sido parte de ese mismo gobierno». Se refiere así a la ex ministra socialista Dolores Delgado, cuestionada en las últimas horas después de que el Ministerio Público haya pedido al Tribunal Supremo que no admita a trámite las querellas presentadas contra el Gobierno por sindicatos profesionales, asociaciones de consumidores, familiares de víctimas del coronavirus y el partido político Vox.

Según la abogada de Asociación Española de Víctimas y Afectados por el Covid-19, la denuncia de esta plataforma no puede dirimirse en España porque la jurisdicción aquí «no es imparcial, ni equitativa, ni justa». De esta forma, lamenta que «no se cumple el principio de seguridad jurídica ni se respeta el derecho a la tutela judicial efectiva», entro otros. Por ello, tiene previsto solicitar a la Fiscalía de La Haya que le indique a qué otro organismo internacional dirigirse si la Corte Penal Internacional mantiene su posición de no proceder al respecto.

«Intencionalidad indirecta»

En relación a la intencionalidad que requiere el tipo penal de genocidio, la denuncia se basa en que Sánchez ha tenido aquí una «intencionalidad indirecta» en tanto su Gobierno tenía conocimiento de la rápida propagación y la virulencia del coronavirus, sobre todo, entre las personas de mayor edad, y no adoptó a tiempo las medidas necesarias para paliar los efectos mortales de la enfermedad.

La acusación considera que la comisión de «errores» admitidos por el propio jefe del Ejecutivo socialcomunista, achacados a la «urgencia en los tiempos y la penuria en los recursos» no exculpa al Gobierno, sino al contrario, tales fallos han tenido «unas consecuencias graves» que deben dirimirse penalmente, cabiendo también el «homicidio imprudente».

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