NEGOCIACIONES

ERC rechaza que la amnistía que prepara Sánchez beneficie a la corrupta Borràs

Laura Borràs amnistía
Laura Borràs y Pedro Sánchez.
Joan Guirado

Cuando lo que parecía lo más difícil está hecho -obligar al PSOE a asumir una ley de amnistía que suponga olvidar penalmente los hechos ocurridos en octubre de 2017 en Cataluña- los dos partidos separatistas chocan ahora en cómo debe ser esa medida de gracia. Que la ex presidenta del Parlament y dirigente de Junts, Laura Borràs, se vea beneficiada por la amnistía, pese a estar condenada por prevaricación y falsedad documental por hechos previos a su salto a la política, es el gran obstáculo que separa a ERC y a Junts y que celebra el PSOE.

ERC, que ya votó junto a la CUP y el PSC para obligar a Borràs a dejar la Presidencia del Parlament tras la condena, no quiere que la dirigente de Junts pueda aprovecharse de una amnistía cuyo único objetivo debe ser «acabar con la represión política». Aunque ella se considera una represaliada, argumentando que su juicio se debe al papel que juega en el independentismo, para el resto de formaciones separatistas ese argumento no vale. Y es que, consideran la causa ya sentenciada contra Borràs un caso más de corrupción política que no debe quedar impune con una amnistía.

La posibilidad de que Laura Borràs se acabe beneficiando de la ley de amnistía que Sánchez ya ha acordado en secreto con ERC y Junts -como mínimo en que esto debe formar parte de la solución del conflicto y ser una moneda de cambio a su investidura- la ha planteado su propio partido. Lo ha hecho pidiendo que la amnistía al independentismo abarque desde el año 2013 -cuando Borràs cometió los hechos delictivos- hasta la actualidad. Esto haría que, además de los 4.000 encausados que Junts ha cuantificado por el referéndum del 1 de octubre y los actos posteriores como los disturbios en la calle, todos aquellos que se puedan considerar represaliados desde el año 2013 se vean beneficiados por la medida de gracia.

Para Borràs, la amnistía es la única garantía que la libra de la cárcel a día de hoy y de forma inmediata. Por eso, hace una semana, ella misma ordenó desbloquear las negociaciones con el PSOE para la formación de la Mesa del Congreso al saber que podía verse beneficiada. La presidenta de Junts, por ahora, recela de un indulto planteado por el propio tribunal sentenciador que la obligaría a reconocer la comisión del delito.

Críticas en Junts

Esquerra Republicana no es en el único partido involucrado en las negociaciones que rechaza la inclusión de Laura Borràs en la ley de Amnistía que Sánchez está dispuesto a cederles para olvidar penalmente los hechos del 1-O. En sus propias filas también hay quienes consideran eso una aberración. Es el caso de la abogada Magda Oranich, miembro del Comité de Garantías de Junts -que preside Borràs-, que habla abiertamente de «barbaridad». Para la jurista, que su compañera de partido se pueda beneficiar de dicha amnistía no tiene ningún sentido, ya que cometió «un delito común».

Oranich defiende que para el caso de Laura Borràs «existen otras formas» para perdonar la condena que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es el caso del indulto que el propio tribunal sentenciador, en la misma sentencia, recogía al considerar excesiva la petición de cuatro años de cárcel que todavía no ha empezado a cumplir la ex presidenta del Parlament. Pero a Borràs la fórmula del indulto no le gusta, ya que lleva implícito el reconocimiento del delito -algo que ella sigue negando haber cometido- y los tiempos del mismo podrían obligarla a entrar en prisión.

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