La empresaria que asegura que llevó dinero a Ferraz acudirá a declarar como testigo en el ‘caso Koldo’

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por Iustitia Europa y ha ordenado que Carmen Pano y Leonor González Pano declaren como testigos en el caso Koldo. El tribunal revoca así la decisión inicial del juez instructor, que había denegado estas declaraciones el pasado 13 de diciembre. En un auto fechado el 20 de enero de 2025, consultado por OKDIARIO, la Sala considera que los testimonios de ambas mujeres «pueden ser útiles y proteicos para los hechos que se están investigando», dada su relación con algunos de los principales investigados en el ámbito de sus actividades mercantiles.

La decisión judicial resulta especialmente relevante después de que Carmen Pano, investigada en un caso de fraude fiscal por valor de 182 millones de euros, declarara ante la UCO haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz. Según su relato, el pago se habría realizado por orden de Víctor de Aldama y estaría relacionado con la obtención de una licencia de operador de hidrocarburos para la empresa Villafuel SL, que finalmente fue concedida en septiembre de 2022.

La Sala, presidida por Fernando Andreu, deja claro que el hecho de que alguna de las testigos «pudiera adquirir la condición de investigada a tenor del contenido de su declaración no es óbice para que se acuerde su declaración en calidad de testigo». No obstante, precisa que el juez instructor podrá informarles de un eventual cambio de condición procesal durante su declaración si lo considera necesario.

El Ministerio Fiscal se había opuesto inicialmente a estas declaraciones, argumentando que el relato de Carmen Pano ante un medio digital entraba en contradicción con ciertos datos de un informe de la UCO. Los fiscales sugerían esperar a analizar los dispositivos telefónicos y digitales intervenidos para verificar si existían pruebas de las gestiones mencionadas por Pano en octubre de 2020.

Sin embargo, el tribunal ha considerado que este análisis debe ser posterior a las declaraciones testificales. «Una vez introducidas en el procedimiento las manifestaciones de las testigos, en el sentido que sean, proceder al análisis crítico de las mismas y por ende a su corroboración si se estima pertinente por el Juez de instrucción o por alguna de las partes», señala el auto.

La citación como testigos de ambas mujeres abre una nueva línea de investigación en el caso Koldo, que ya había conectado con la trama de hidrocarburos a través de otros investigados como Víctor de Aldama. Su testimonio podría arrojar luz sobre los mecanismos utilizados para la obtención de licencias del Gobierno de Pedro Sánchez y de contratos públicos de los ministerios, así como sobre los posibles pagos realizados para conseguirlos.

El auto, contra el que no cabe recurso, ha sido dictado por los magistrados Fernando Andreu Merelles, Ana Revuelta Iglesias y Joaquín Delgado Martín, siendo ponente la magistrada Revuelta. La Sala no ha apreciado temeridad ni mala fe en el recurso presentado por Iustitia Europa, por lo que ha declarado de oficio las costas de esta segunda instancia.

Recursos por el Delcygate

Por su parte, Vox y el Partido Popular han solicitado que se incorporen al caso Koldo las grabaciones del aeropuerto de Barajas que registraron la polémica visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en enero de 2020. Las peticiones se suman a la realizada, en el mismo sentido por el abogado de Víctor de Aldama, Jose Antonio Choclán. Precisamente esta semana se cumplen justo 5 años de la polémica noche en Barajas.

En un recurso presentado ante la Audiencia Nacional, Vox argumenta que las grabaciones son «una diligencia esencial» para la investigación, después de que informes de la UCO revelaran que el presidente Pedro Sánchez «habría tenido conocimiento de la visita de Delcy Rodríguez y lo habría autorizado expresamente», según un whatapp de Ábalos a Aldama recogidas en el sumario.

Por su parte, el PP, que ejerce la acusación popular unificada, ha respaldado la petición de Aldama ante el Tribunal Supremo, considerando que las imágenes son «necesarias, útiles y pertinentes». La formación conservadora sostiene que la visita de Rodríguez demuestra la relación de «García, Ábalos y Aldama con el Gobierno que debía liberar 176 millones de euros a favor de Air Europa».

El empresario Aldama busca con estas grabaciones demostrar que, contrariamente a lo afirmado por el exministro Ábalos, él sí estuvo presente en el aeropuerto para recibir a la vicepresidenta venezolana. Su defensa argumenta que los vídeos probarían «el evolucionado grado de relación que ya en enero de 2020 mantenía con Ábalos y García, y su implicación en el actual Gobierno de España».

Vox ha aportado además un acta notarial de uno de los vigilantes de seguridad del aeropuerto, que ya presentó en su día en la causa del Delcygate archivada por el Tribunal Supremo. El partido sostiene que existen indicios de que Koldo García y varios policías «facilitaron deliberadamente» la entrada de Rodríguez, pese a tener prohibido el acceso al territorio de la Unión Europea.