Ecologistas en Acción desvió 2 millones en subvenciones a sus federaciones: «Poned conceptos generales»

Ecologistas en Acción desvió 2,1 millones de euros en subvenciones públicas entre 2020 y 2024 mediante un sistema opaco de transferencias a sus federaciones territoriales. La organización ecologista, declarada de Utilidad Pública desde 1997, es acusada por personas de la propia organización de fraude continuado y cesión ilegal de trabajadores, entre otras irregularidades, algunas de ellas de tipología penal.

El modus operandi fue diseñado para eludir los controles de las administraciones públicas y de Hacienda. El documento interno más explícito que desvela OKDIARIO en su literalidad es claro. Los cargos de Ecologistas en Acción ordenan a sus subordinados que, a la hora de justificar subvenciones, «los conceptos deben ser cuanto más generales, mejor». Esta directriz permitiría camuflar el destino real de los fondos públicos en las cuentas auditadas que la entidad presenta anualmente.

El sistema denunciado funcionaría mediante la puesta a disposición de cantidades económicas a las federaciones de las comunidades autónomas sin que exista ninguna transferencia bancaria directa. La organización pagaría las facturas de forma centralizada, eliminando cualquier trazabilidad del gasto real.

El documento interno Instrucciones para la gestión y justificación de la organización, a las que ha tenido acceso este periódico, configuran lo que los denunciantes califican como «simulación documental sistémica». Estas instrucciones exigen que todo el gasto ejecutado por las federaciones sea facturado con los datos fiscales de la confederación.

La mecánica fraudulenta se habría perpetrado de manera sistemática desde 2010, según consta en el Informe de Cuentas Confederales 2024 de la organización. Sólo en el último ejercicio, Ecologistas en Acción habría desviado 440.753,11 euros a sus 18 federaciones autonómicas.

La denuncia consultada por OKDIARIO señala que este mecanismo elude «cualquier mecanismo de subcontratación o gastos indirectos/de estructura», configurando lo que jurídicamente se calificaría como aplicación de fondos a fines distintos, tipificado en el artículo 308.2 del Código Penal. Cabe destacar que en cada región Ecologistas en Acción es, sobre el papel, una entidad autónoma con su identificación fiscal propia.

Las cantidades desviadas procederían principalmente del Impuesto de Sociedades y del IRPF, mediante la casilla de fines sociales. Andalucía ha sido la federación que más dinero ha recibido en 2024, con 44.807,76 euros, seguida de Castilla y León con 36.365,43 euros y el País Valencià con 35.342,94 euros.

Remuneración ilegal de directivos

Por otra parte, la denuncia incluye un segundo elemento acusatorio: la remuneración de miembros del órgano de gobierno con cargo a subvenciones públicas. Esta práctica, según los denunciantes es ilegal.

Erika González Briz, coordinadora general, Sara Acuña Romero, coordinadora de organización, y Enrique Molina Merino, coordinador temático, habrían estado o estarían contratados y remunerados mientras ocupan cargos electos en la Secretaría Confederal. Los contratos se habrían «camuflado» como «técnicos ambientales» para soslayar la prohibición legal.

Un correo electrónico del «trío coordinador» fechado el 21 de diciembre de 2023, al que ha tenido acceso este periódico, reconocería que cobran por sus funciones de coordinadoras, práctica vetada por los estatutos de la organización. Llama la atención porque a las elecciones se presentaron como «trío coordinador» y, supuestamente, González Briz no estaba por encima de los otros dos. Los socios votaron y luego no vieron cumplida la promesa.

Según el acta del congreso, fueron elegidas como «Trío coordinador», una denominación no contemplada en los estatutos. Posteriormente, ambas se habrían autoatribuido los cargos ante el Registro Nacional de Asociaciones mediante un certificado firmado por ellas mismas. El acta del congreso recoge que «quedó aprobada la candidatura sin más», sin especificar los cargos individuales.

Esta irregularidad tendría consecuencias jurídicas de gran calado. Al ostentar los cargos de forma ilegítima, su capacidad de obrar estaría cuestionada, lo que podría invalidar recursos judiciales, demandas, solicitudes de subvenciones y convenios con administraciones públicas, incluido el Ministerio para la Transición Ecológica.

Cesión ilegal de trabajadores

Por otra parte, la sección titulada «Personal de federaciones con contrao federal (facilitar la justificación IRPF/IS)» de las instrucciones internas formaliza otra práctica denunciada: la cesión ilegal de trabajadores.

Personal que trabaja exclusivamente para las federaciones territoriales han tenido contratos con la Confederación central. Este mecanismo permitiría simular una plantilla única ante la Administración Pública y centralizar costes laborales que corresponderían a las federaciones.

La tabla contenida en la documentación relaciona trabajadores identificados con iniciales, demostrando el carácter organizado de esta conducta que contravendría el Estatuto de los Trabajadores y tendría posible tipificación penal en el Código Penal.

La operativa eludiría los costes y la fiscalización asociada a la subcontratación o externalización legal de servicios, configurando un instrumento adicional para manipular la justificación de las subvenciones.

Cuando una organización medioambiental que se erige en guardián de la legalidad ecológica es acusada de haber construido su estructura financiera sobre cimientos de arena jurídica, las preguntas se acumulan como expedientes sin auditar: ¿cuántos recursos «en defensa del planeta» se caerían como castillos de naipes si se confirmara que quienes los interpusieron carecían de legitimidad para hacerlo?

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Ecologistas en Acción que por ahora declinan hacer comentarios sobre el caso.