Dvuelta ofrece un modelo de reclamación al Estado por el «deterioro de las carreteras españolas»

Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores, ha puesto a disposición de todos los automovilistas afectados por averías derivadas del mal estado de las carreteras un modelo de reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. El escrito puede presentarse sin necesidad de representación legal y debe acompañarse de cuantas pruebas se puedan aportar: notas de la Guardia Civil de Tráfico o policía competente, fotografías, vídeos e informes periciales. «Esta iniciativa responde al alarmante deterioro de la red viaria española y a la absoluta inacción de los entes gubernamentales encargados de su mantenimiento», declara la entidad a través de un comunicado.

Según Dvuelta, las carreteras están en un estado lamentable cuando la automoción aporta 40.000 millones de euros anuales al Estado. Una situación que se complica cuando un conductor sufre daños en su coche por el estado de las vías. «Con menos de 1.000 millones al año, las vías estarían perfectamente mantenidas ¿Donde está el resto del dinero?,  afirma Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta.

Dvuelta señala que la desidia de la Administración «entra en el terreno de la responsabilidad civil». Baches que revientan ruedas, señalización borrada, arcenes intransitables, quitamiedos oxidados… «La lista de deficiencias es interminable. Y lo peor es que, cuando ocurre un accidente, la DGT lo atribuye a ‘velocidad inadecuada’. Nunca al verdadero culpable: las administraciones, que no mantiene las infraestructuras», aseguran.

Según datos de ANFAC, la automoción genera una recaudación de 39.838 millones de euros anuales en España. Con 28.142.469 conductores censados, eso equivale a 1.415 euros por conductor al año, o 118 euros al mes de media en impuestos vinculados a la movilidad.

«Es intolerable que las carreteras españolas estén en un estado tan lamentable cuando la automoción aporta casi 40.000 millones de euros anuales al Estado. Con menos de 1.000 millones al año, las vías estarían perfectamente mantenidas. ¿Dónde está el resto del dinero?», pregunta Javaloyes.

La organización señala que los conductores ya contribuyen a las arcas públicas a través de múltiples vías: impuestos en la compra y matriculación del vehículo, gravámenes sobre el combustible, seguros obligatorios, ITV y circulación municipal. En ese contexto, Dvuelta considera que cualquier propuesta de peajes adicionales resultaría «un insulto a la inteligencia de millones de españoles que ya han pagado sobradamente».

La DGT no recoge los accidentes causados

Dvuelta denuncia que las estadísticas oficiales de la DGT no reflejan cuántos accidentes se deben al mal estado de las carreteras. Según la organización, los siniestros causados por baches, gravilla suelta o asfalto deteriorado se atribuyen sistemáticamente a «velocidad inadecuada», lo que impide conocer la magnitud real del problema y dificulta que las víctimas puedan exigir responsabilidades a la Administración.

«Si se reconociera que miles de accidentes tienen como causa el mal estado de las carreteras, la Administración tendría que asumir su culpa e indemnizar a las víctimas», señala la organización.

La asociación requiere a la DGT que proponga al Gobierno un plan inmediato de mejora de las vías, recordando que el organismo tiene competencias en materia de seguridad vial. «Su silencio ante el estado de las carreteras es cómplice», afirma Dvuelta.

La organización también reclama transparencia sobre el destino de los fondos recaudados: «El deterioro de una carretera es gradual y predecible. Cualquier ingeniero puede programar su renovación. Pero aquí nadie planifica nada. Es una gestión negligente e irresponsable», concluye Javaloyes.

Cómo presentar la reclamación

El modelo de reclamación está disponible en www.dvuelta.es y puede presentarse ante la Administración responsable de la vía sin necesidad de abogado. Dvuelta recomienda acompañarlo de toda la documentación disponible sobre los daños sufridos.

«Si miles de conductores comienzan a reclamar, la Administración se verá obligada a reaccionar», concluye la organización