El doble rasero de Ciudadanos: tiene tres concejales imputados a los que no obliga a dimitir

Ciudadanos hace una interpretación desigual de sus exigencias contra la corrupción, se trate de quien se trate, si de sus socios de gobierno o de su propio partido.

La formación de Albert Rivera mantiene en sus cargos a, al menos, tres concejales imputados. Dos en Logroño y uno en Calasparra (Murcia), comunidad en la que insistió para forzar la dimisión del presidente regional Pedro Antonio Sánchez, investigado en los casos ‘Púnica’ y ‘Auditorio’.

Los nuevos casos afectan a dos ediles de la capital riojana, María Luisa Alonso y Julián San Martín, investigados en un caso de presunta malversación de fondos por haber cobrado dinero entregado al Grupo municipal del partido, a sabiendas que ello contravenía la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local.

Alonso y San Martín fueron denunciados por un exmiembro de la junta directiva regional del partido, Enrique Echazarra, que sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de un delito penado con cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para el desempeño de cargo público.

Ahora, el juzgado número dos de instrucción de Logroño ha abierto diligencias para investigar a ambos concejales. Desde el partido se argumenta, para mantenerles en el cargo, que la denuncia parte de un expulsado del propio partido que, en venganza, les ha denunciado y aseguran que los hechos fueron solventados de inmediato.

Como ocurre en otros pactos firmados con Ciudadanos, los de Rivera exigieron también al PP la separación inmediata de todo cargo imputado por corrupción para hacer alcaldesa a la candidata ‘popular’, Cuca Gamarra. 

En concreto, en el punto cuarto se sostiene que «aquellas formaciones políticas que entren en el ámbito de este acuerdo se comprometen a separar de inmediato de cualquier cargo público o de Partido a cualquier persona que resulte imputada en un caso de corrupción política, hasta la resolución completa del proceso judicial». Un redactado similar al que figura en otros pactos regionales, como el de Murcia, o el que permitió la investidura de Mariano Rajoy. 

El otro caso afecta a Jesús Alajarín, concejal de la formación ‘naranja’ en el Ayuntamiento de Calasparra (Murcia) y que tampoco ha dimitido pese a estar imputado por presunto delito de infidelidad de documento público.

Como informó en su día OKDIARIO, este delito está incluido en la Ley de Transparencia de la Región de Murcia como uno de los que obligarían a dimitir a un cargo público imputado.

Precisamente, los de Rivera se ampararon en esta Ley-además del acuerdo de investidura con el PP-para exigir la dimisión de Pedro Antonio Sánchez tras ser imputado en el caso ‘Auditorio’.

Alajarín, que ejerce además como portavoz del partido, está imputado por, presuntamente, haber facilitado al portavoz del círculo de Podemos en Calasparra, Juan Laforet, un documento municipal confidencial que fue utilizado posteriormente para presentar una demanda contra el Ayuntamiento. El concejal prestó declaración el pasado 21 de abril, y negó los hechos.

Para rechazar su dimisión, el partido se ampara en que «no es un caso de corrupción política» y también en que no se puede comparar con un procedimiento judicial que venga derivado de un informe pericial, judicial o de Fiscalía.