El diario separatista del grupo balear Serra pone en la diana a la hija de Marchena fiscal en Ibiza

El periódico independentista Diari de Balears, editado por el Grupo Serra, ha puesto en la diana a la fiscal Sofía Marchena, hija del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena que presidió el juicio contra los golpistas del 1-O.

En su edición de este jueves, el diario independentista informa de que Sofía Marchena Perea ocupa desde hace un año un puesto de fiscal en la Fiscalía de Ibiza. Y añade que la hija del juez Marchena accedió a esta plaza en un proceso «lleno de irregularidades y trato de favor, que incluye cambios de nota y la creación de una plaza especialmente para ella».

Para sostener tal afirmación, el diario del Grupo Serra cita como fuente de autoridad a Elisa Beni. Al respecto, indica que Sofía Marchena accedió a la Escuela Judicial de Barcelona –que entonces dirigía la mujer del juez Pablo Llarena–, tras aprobar con nota las oposiciones a la carrera judicial.

Sin embargo, Sofía Marchena no pudo acabar el curso, debido a una enfermedad. Al año siguiente, en lugar de reincorporarse a la Escuela Judicial junto a los alumnos de la siguiente promoción, logró que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le asignara una plaza en la Fiscalía de Ibiza, según la misma noticia. Algo que Elisa Beni considera completamente «irregular».

La asociación Atenes Juristas por los Derechos Civiles, que se dedica a apoyar a los golpistas del 1-O, presentó una querella por «prevaricación continuada» contra los miembros de la Comisión Permanente del CGJP y contra la entonces directora de la Escuela Judicial de Barcelona, Gema Espinosa.

La querella, redactada por el ex juez inhabilitado por prevaricar Elpidio Silva, denunciaba un presunto «trato de favor» de Sofía Marchena, por considerar que fue «reasignada, en una decisión sin precedentes, como fiscal en una plaza creada para ella y con un cambio de nota no justificado».

Cuando el fiscal Luis Navajas pidió archivar esta querella, la Asociación Atenes presentó una denuncia contra él ante la Fiscalía Anticorrupción, argumentando que había cometido un «delito de omisión del deber de perseguir delitos», al rechazar investigar la asignación de la plaza de fiscal de Sofía Marchena.

Finalmente, el Tribunal Supremo archivó la querella y advirtió que la asociación Atenes estaba incurriendo en un «abuso procesal». Esta asociación, fundada en marzo de 2018, se ha dedicado a perseguir a todos los jueces que actuaron contra los golpistas del 1-O.

También bajo la asistencia letrada del prevaricador Elpidio Silva, tertuliano habitual de TV3, la asociación Atenes presentó otra querella contra todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los miembros de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, a los que acusaba de formar una trama criminal para favorecer al PP y tapar sus casos de corrupción en el nombramiento de magistrados.

El Tribunal Supremo archivó la querella el pasado mes de octubre, en una durísima resolución en la que afirma que la asociación Atenes «presenta hechos retorcidos y falsificados para amoldarlos a una fantasiosa e imaginaria trama desplegada para conseguir presentar como delictivas actuaciones realizadas en el desempeño de las funciones del órgano de gobierno de los jueces». Por este motivo, el Supremo condenó a la asociación representada por el ex juez prevaricador Elpidio Silva a pagar una multa de 5.000 euros por mala fe procesal.

La misma asociación ha presentado ahora ante la Audiencia Nacional una querella contra los principales responsables del Ministerio de Interior en el dispositivo policial del 1-O, a los que acusa de cometer un «delito de les humanidad» contra el pueblo catalán.

El diario independentista Diari de Baleares rescata ahora estos hechos para poner en la diana a la hija del juez Manuel Marchena, que ocupa desde hace más de un año su plaza en la Fiscalía de Ibiza.

Durante los meses previos al juicio del procés, los independentistas ya llevaron a cabo una campaña contra el juez instructor Pablo Llarena, al que acosaron por la calle y dedicaron pintadas con amenazas en las puertas de su casa. Como resultado de esta campaña, el juez Llarena y su mujer se vieron obligados a abandonar Cataluña.