Juicio al 'procés'

De cómo las estructuras de la Generalitat estuvieron “al servicio” de las necesidades del ‘procés’

De cómo las estructuras de la Generalitat estuvieron “al servicio” de las necesidades del ‘procés’
Jordi Cuixart (c), presidente de Òmnium Cultural y uno de los doce líderes independentistas acusados por el proceso soberanista catalán que derivó en la celebración del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI), en el banqu

Los correos intercambiados entre los miembros del Govern de la Generalitat, en los días previos a la celebración del referéndum ilegal del 1-O, han protagonizado los interrogatorios de la Fiscalía a los agentes de la Guardia Civil citados como testigos en la sesión de hoy.

Los abogados defensores de los líderes independentistas catalanes juzgados por el ‘procés’ andan algo revueltos tras las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil. Si la estrategia de algunos de ellos pasa por cuestionar que los miembros del Benemérito Instituto Armado incluyesen algunas comunicaciones de sus defendidos durante los días previos al 1-O, y otras no, en los atestados policiales incorporados a la causa, es que deben ver la cosa muy regular.

Lo que nos ha traído aquí son las gravísimas acusaciones de rebelión y sedición que pesan sobre los procesados. Eso es lo que debe acreditar la Fiscalía que existió y lo que las defensas deben tratar de contrarrestar, ante el tribunal, para demostrar que no. Los derroteros que están tomando estas últimas en sus líneas de interrogatorio discurren por cauces algo distintos. Se centran más los abogados, o algunos de ellos, en detalles anecdóticos de las declaraciones de los guardias civiles -como sus criterios de selección de los correos de los acusados sometidos a examen hoy- que en utilizar su conocimiento directo de los hechos para desmontar las tesis de la acusación.

Claro que su trabajo no parece sencillo cuando deben enfrentarse a afirmaciones como la que, para servidora, es el titular de la sesión de hoy. De cómo “todas la estructuras de la Generalitat” estuvieron “al uso de las necesidades del proceso soberanista”. Así lo ha sostenido el primero de los agentes en declarar ante el tribunal. El mismo que analizó parte del material intervenido en el departamento de Interior, liderado por Joaquim Forn, para la preparación del 1-O. Las cosas se complican.

Las defensas han insistido en desacreditar el sistema utilizado por los agentes de la Guardia Civil para seleccionar los mails que incriminan a los acusados por delitos de rebelión y sedición

Para dicho guardia civil, de esos documentos y correos se extrae que “la estructura de la Generalitat” aparece inequívocamente relacionada con el ‘procés’. Fue el caso del Centro de Telecomunicaciones (CTTI) del Govern, donde se practicó “el registro de voluntarios y de catalanes en el exterior” para el referéndum ilegal del 1-O. Se apoya, para dicho ejemplo, en la transcripción literal de varias conversaciones telefónicas intervenidas a trabajadores del departamento de Exteriores, dirigido por el ex consejero Raül Romeva. Tenían “una partida de 50.000 euros que quedaba ahí suelta” y sugirieron que podían “acoplarla” a un departamento con el fin último de financiar el referéndum, asegura el agente.

No sólo estaba la Generalitat detrás de la logística del referéndum ilegal, sino que también respaldó las acciones de protesta contra las actuaciones de la Fiscalía y del Instituto Armado durante los registros practicados, por orden judicial, durante los días previos. La propia exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa, felicitó, en una nota interna de su departamento, a los funcionarios que se ausentaron de sus puestos, durante la jornada del 20 de septiembre de 2017, para mostrar su “indignación” ante la “injusta y lamentable” actuación de la Fiscalía.

Y también lo estuvo cuando se plantearon, desde la máxima institución catalana, modificaciones legislativas orientadas a reformar preceptos para evitar que los Mossos leales a la causa separatista pudiesen sufrir cualquier tipo de consecuencias sancionadoras, penales o administrativas, tras obedecer “las instrucciones de sus mandos” durante la polémica, e ilegal, jornada del 1-O.

Los Mossos antes y después del 1-O

Si todavía quedaba alguna duda para el respetable, sobre el papel protagonista de los Mossos en los hechos que se juzgan y su animadversión manifiesta, mejor dicho la de sus mandos, ante la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el operativo policial diseñado para impedir la celebración del referéndum ilegal, hoy han quedado despejadas.

Josep Lluís Trapero y el entonces comisario general de investigación criminal de este cuerpo, Rafel Comes, se referían en un mail de 2017 a la reunión mantenida con el ex secretario general de Interior, Cesar Puig, y otros cargos para hablar de “dos escenarios” reservados a los Mossos en el desarrollo y culminación del ‘procés’ independentista. Uno presente, en el que no profundizan, y uno futuro donde planteaban cómo, declarada la independencia, asumirán “funciones plenas” policiales.

Esto es: tras la constitución de la república catalana el papel diseñado para los Mossos pasaba porque desarrollasen labores de control aduanero y fronterizo; de “investigación del fraude y el blanqueo para evitar la evasión de capitales de Cataluña”; y, también, y esto es lo más grave, como cuerpo de “defensa militar”. Un suculento pago a los servicios prestados y su pasividad -que una vez más denuncian los guardias civiles- aún a sabiendas de que, tanto los responsables políticos como los policiales, eran conscientes de lo que iba a pasar.

El propio Forn, de hecho, fue avisado vía mail de que la CUP advertía que las fuerzas de seguridad se iban a encontrar con “muros humanos” en los centros de votación y cómo “en el caso de que actuaran, no descartaban acciones combativas”. Así lo ha asegurado uno de los guardias civiles, en su declaración como testigo, a partir del análisis que hizo de los correos electrónicos del ex consejero de Interior.

Trapero y Forn buscaron “la cuadratura del círculo” para evitar sanciones, tanto penales como administrativas, a los Mossos leales durante el 1-O

Por si no fuese suficiente, los días 29 y 30 de septiembre de 2017, Forn recibió nuevos correos con informes de valoración de riesgo, de la Comisaría General de Información de los Mossos, en los que se le decía que había locales que iban a servir como puntos de votación que “ya estaban ocupados y que había un llamamiento a través de ANC y Òmnium Cultural para que sus militantes fueran” a custodiarlos.

Poco importó. Forn continuó en coordinación con el mayor de los Mossos, José Luis Trapero, fijando aparentemente “los principios de actuación” del cuerpo policial autonómico. Buscaron para ello “la cuadratura del círculo”. Literal. Desde su llegada al cargo, del que tomó posesión en julio de 2017, Forn se pronunció en numerosas ocasiones sobre como “cada vez que viniera una instrucción y orden tendente a la evitación de ese referéndum habría que estudiarlas muy bien para no caer en el trampa”. Insistía en que debían articular la fórmula “para, por un lado, no desacatar los mandatos judiciales o del fiscal” y, por otro, continuar con el referéndum porque “no se planteaba otra opción”. Estaban determinados “a la vía unilateral”.

Trapero apuntó entonces -asegura el agente de la guardia civil que analizó el intercambio de comunicaciones escritas entre ambos a este respecto- unas declaraciones del ex fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en las que éste decía que “había que pensar en las consecuencias de una posible actuación, de lo que podía ocasionar respecto al perjuicio del orden público”. Señaló Trapero lo previsto en el artículo 20.5 del Código Penal sobre la exención de responsabilidad criminal derivada del “estado de necesidad”. Es decir, que no habría castigo, ni penal ni administrativo, para los Mossos si se demostraba que su ausencia de actuaciones para impedir las votaciones el 1-O -y la inexistencia de auxilio a sus compañeros de la Guardia Civil y la Policía Nacional- se justificaba en que, de haber actuado, “el mal causado habría sido mayor que el que se trataba de evitar”.

El rechazo a la Guardia Civil

Así las cosas los Mossos abandonaron a la Guardia Civil. Lo hicieron cuando evitaron acudir con celeridad a sus llamadas de apoyo y refuerzo, con los medios y efectivos adecuados de orden público, ante los asedios sufridos por los agentes de las comisiones judiciales encargadas de las entradas y registros en las sedes empresariales e institucionales el 20S, al grito de “fuera fuerzas de ocupación”.

Lo hicieron cuando el 1-O desde el centro de mando territorial se les indicó a los binomios de Mossos presentes en los centros de votación que “debían mantener las distancias” con los agentes de la Benemérita que actuasen activamente en el cierre de los colegios electorales ocupados.

Y, también, cuando se ordenaron seguimientos a los vehículos policiales y miembros de los Mossos revelaron sus posiciones durante el operativo desplegado por estos. Según uno de los testigos guardias civiles “se siguió” a los convoyes de la Guardia Civil  y se distribuyeron fotos de las matrículas de los vehículos policiales camuflados.

No es una opinión, ni sería la única vez en que los agentes de la Guardia Civil notasen el rechazo al desarrollo de su trabajo en Cataluña. Uno de los agentes ha relatado hoy cómo fueron conscientes del mismo, por parte de los propios funcionarios de la Generalitat, nada más entrar en la Consejería de Economía y Hacienda el 20S: “Las muestras de rechazo a nuestra presencia se exteriorizaban en que todas la paredes por donde pasábamos y ascensores se llenaron de panfletos de la propaganda que por aquel entonces estaba de moda: ‘Votarem'”.

Los agentes de la Guardia Civil notaron rechazo y falta de colaboración de los Mossos cuando eran insultados por la multitud mientras desarrollaban su trabajo.

Los agentes vieron cómo se estaban grabando imágenes de su registro, algo totalmente prohibido, mientras fuera se empezaban a concentrar numerosos funcionarios en contra de su intervención: “Veíamos cómo abandonaban su puesto de trabajo y rápidamente se sumaban a esta concentración”. Finalizado el mismo no pudieron abandonar el edificio institucional sin que ello hubiera supuesto “algún tipo de conflicto con las personas que nos insultaban y gritaban en contra de la Guardia Civil” por lo que, finalmente, hicieron uso de una salida alternativa y evitar así disolver a la gente en el exterior. “No la definiría como pacifica”, asegura el agente.

El mismo que se percató a su salida, de aquella olla a presión que fue la Consellería de Economía y Hacienda el 20S, cómo no había presencia de Mossos que hubieran podido facilitarles la misión. “Un gesto”, ha dicho, que sí “hubiera sido signo de colaboración entre ambos cuerpos”.

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